Ignacio Santillán Luna
11 Noviembre 2026
La recomendación de preparar suministros para 72 horas no confirma una guerra mundial ni una catástrofe inminente. Sin embargo, revela un cambio importante en la manera en que los gobiernos conciben la seguridad: los conflictos geopolíticos, los ciberataques, las crisis energéticas y los desastres naturales ya se consideran riesgos capaces de interrumpir la vida cotidiana y la economía.
¿prevención ciudadana o advertencia de una nueva realidad internacional?
Durante los primeros días de noviembre de 2026, las redes sociales comenzaron a difundir una pregunta que rápidamente despertó inquietud: ¿por qué distintos gobiernos están recomendando a sus ciudadanos preparar una mochila, botiquín o kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, documentos y otros artículos esenciales para sobrevivir durante al menos 72 horas?
La coincidencia llamó la atención. En México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recordó la importancia de contar con una mochila de vida. En Europa, la Comisión Europea presentó nuevas directrices para fortalecer la preparación de la población ante emergencias. Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega también cuentan con recomendaciones de almacenamiento doméstico, aunque sus plazos y contenidos varían.
El tema adquirió una dimensión mayor cuando las publicaciones comenzaron a relacionar estas medidas con una posible guerra mundial, un conflicto nuclear, apagones generalizados o una crisis internacional que supuestamente los gobiernos estarían ocultando.
Sin embargo, conviene separar los hechos de las interpretaciones. El 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existía una situación nacional o internacional que justificara una alerta específica para México. La Coordinación Nacional de Protección Civil también aclaró que la recomendación forma parte de las acciones habituales de prevención y autoprotección.
Entonces, ¿qué hay realmente detrás de estas recomendaciones?
La tesis de este artículo es que los gobiernos no necesariamente están anticipando una catástrofe concreta, pero sí están reconociendo que el sistema internacional atraviesa una etapa de vulnerabilidad en la que las interrupciones de servicios, las tensiones geopolíticas, los ciberataques y los fenómenos naturales pueden generar consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.
El verdadero mensaje no está en el contenido de una mochila, sino en el cambio de paradigma: la seguridad ya no se limita a proteger las fronteras o mantener el orden público; también implica garantizar que las sociedades puedan funcionar cuando los sistemas de los que dependen dejan de hacerlo.
1. Las 72 horas: ¿por qué los gobiernos consideran necesario que los ciudadanos puedan sobrevivir tres días?
La recomendación de contar con suministros para 72 horas tiene una explicación operativa. Cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, los servicios públicos pueden tardar en llegar a todas las zonas afectadas. Las carreteras pueden quedar bloqueadas, las comunicaciones interrumpirse, los hospitales saturarse y las redes de distribución sufrir retrasos.
En ese contexto, los primeros tres días representan un periodo crítico durante el cual las familias deben poder cubrir necesidades básicas mientras las autoridades organizan la respuesta.
La Comisión Europea presentó el 3 de noviembre de 2026 nuevas directrices para fortalecer la preparación de los ciudadanos. Entre sus cuatro ejes se encuentran la autosuficiencia durante las primeras 72 horas, la educación preventiva, la inclusión de personas con discapacidad y una comunicación más eficaz sobre riesgos y amenazas. La institución también propuso establecer un Día Europeo de la Preparación a partir de octubre de 2027. Comisión Europea.
La medida no surgió de la nada. En marzo de 2025, la Unión Europea había presentado su Estrategia de Preparación, un programa de 30 acciones para fortalecer la capacidad de respuesta frente a crisis naturales, sanitarias, tecnológicas y geopolíticas. La estrategia contempla reservas de materiales críticos, sistemas de alerta temprana, coordinación público-privada y cooperación civil-militar. Comisión Europea.
El informe de preparación y resiliencia elaborado por el ex presidente finlandés Sauli Niinistö también recomendó que los hogares europeos pudieran mantener un nivel básico de autosuficiencia durante 72 horas. La propuesta parte de una idea sencilla: no todas las emergencias pueden resolverse inmediatamente y la población debe contar con herramientas para responder durante las primeras horas.
En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda desde al menos 2018 preparar una mochila de emergencia para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre. Por tanto, no se trata de una medida recién inventada ni de una instrucción excepcional vinculada con los acontecimientos internacionales de noviembre.
La pregunta importante es por qué estas recomendaciones están adquiriendo tanta visibilidad ahora. La respuesta se encuentra en la transformación del entorno internacional: las amenazas son más diversas, están interconectadas y pueden afectar simultáneamente varios servicios esenciales.
2. Geopolítica: la guerra moderna ya no necesita llegar al territorio para afectar a la población
Uno de los elementos más relevantes de la estrategia europea es que no limita la preparación a terremotos, inundaciones o incendios. También considera conflictos armados, ataques cibernéticos, amenazas híbridas, manipulación informativa y sabotajes contra infraestructura crítica.
Esta ampliación del concepto de seguridad es fundamental para comprender el contexto.
En el siglo XX, la preparación civil estaba asociada principalmente con guerras convencionales, bombardeos y amenazas nucleares. En el siglo XXI, un país puede experimentar consecuencias graves sin que un ejército extranjero cruce sus fronteras.
Un ciberataque contra una red eléctrica, una institución financiera, un hospital, un puerto o un sistema de transporte puede interrumpir actividades económicas esenciales. Un ataque contra infraestructura de comunicaciones puede dificultar la coordinación de emergencias. Una operación de sabotaje contra instalaciones energéticas puede afectar la producción industrial y el abastecimiento de combustible.
La guerra entre Rusia y Ucrania contribuyó a que los gobiernos europeos revisaran sus supuestos de seguridad. La dependencia energética, la protección de infraestructura y la continuidad de los servicios públicos adquirieron una dimensión estratégica. La Unión Europea reconoce expresamente que las tensiones geopolíticas, los conflictos y las amenazas híbridas forman parte de los riesgos que motivaron su estrategia de preparación.
Desde esta perspectiva, la recomendación de contar con un kit de emergencia tiene una dimensión geopolítica: busca reducir la vulnerabilidad de la población frente a situaciones que podrían tener origen natural, tecnológico o humano.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que la publicación de estas recomendaciones constituye una prueba de que los gobiernos conocen una fecha de guerra o un ataque inminente. Los documentos oficiales describen escenarios de riesgo, no anuncian que alguno vaya a ocurrir necesariamente.
La diferencia es importante. Los gobiernos responsables deben prepararse para acontecimientos de baja probabilidad, pero de consecuencias potencialmente elevadas. La ausencia de una amenaza inmediata no justifica la falta de prevención.
El verdadero cambio consiste en reconocer que la seguridad nacional también depende de la capacidad de una sociedad para resistir interrupciones prolongadas sin entrar en una situación de desorganización generalizada.
3. Economía y comercio internacional: ¿qué ocurre cuando se interrumpen los servicios esenciales?
La dimensión económica suele quedar relegada cuando se habla de mochilas de emergencia. Sin embargo, es probablemente una de las razones más importantes detrás de las nuevas estrategias de preparación.
La economía global depende de sistemas interconectados: electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua, servicios financieros, combustibles, puertos y cadenas de suministro. La interrupción de uno de estos componentes puede afectar a muchos otros.
Imaginemos un escenario hipotético: un ataque cibernético afecta simultáneamente a los sistemas de pago de varios bancos y a una parte de la infraestructura de telecomunicaciones. Los comercios tienen dificultades para procesar tarjetas, las empresas no pueden confirmar transferencias, los transportistas pierden acceso a sistemas de seguimiento y algunos servicios públicos experimentan interrupciones.
El problema no sería únicamente tecnológico. En cuestión de horas, la dificultad para pagar, comunicarse o transportar mercancías podría extenderse a la actividad económica cotidiana.
Otro ejemplo sería una crisis energética. Si una interrupción del suministro eléctrico afecta una región industrial, las empresas podrían detener temporalmente su producción. Los alimentos refrigerados estarían expuestos a pérdidas, los centros de distribución tendrían dificultades para operar y algunos servicios sanitarios dependerían de generadores de emergencia.
En el comercio internacional, la vulnerabilidad es todavía mayor porque las cadenas de valor atraviesan múltiples países. Una interrupción en un puerto, un corredor ferroviario, una ruta marítima o un centro logístico puede generar retrasos en empresas ubicadas a miles de kilómetros.
La pandemia de COVID-19 dejó una lección contundente: la eficiencia basada exclusivamente en inventarios mínimos y entregas justo a tiempo puede convertirse en una debilidad cuando ocurre una interrupción extraordinaria.
Por eso, actualmente las empresas y los gobiernos prestan mayor atención a la diversificación de proveedores, las reservas estratégicas, los inventarios de seguridad y la continuidad operativa. La resiliencia se está convirtiendo en una variable económica tan importante como el costo de producción.
El kit de emergencia representa la versión doméstica de ese mismo principio. Así como una empresa mantiene inventarios para evitar detener sus operaciones, una familia puede conservar agua, alimentos, medicamentos y medios de comunicación para enfrentar una interrupción temporal.
La lección es que la preparación no es sinónimo de miedo. Es una forma de administrar riesgos. Y en una economía global donde los acontecimientos externos pueden afectar el abastecimiento local, la capacidad de anticipación tiene un valor económico real.
4. Energía, finanzas y tecnología: los riesgos que pueden paralizar la vida cotidiana
La seguridad energética es otro elemento central. La electricidad y los combustibles son insumos indispensables para prácticamente todas las actividades económicas. Su interrupción puede afectar hogares, hospitales, transporte, telecomunicaciones, manufactura y distribución de alimentos.
Europa conoce las consecuencias de la dependencia energética y de la utilización de los suministros como instrumento de presión geopolítica. La crisis derivada de la guerra en Ucrania evidenció que las relaciones comerciales de energía también pueden convertirse en un factor de vulnerabilidad estratégica.
Pero el riesgo no se limita a la disponibilidad física del combustible. También incluye la estabilidad de las redes eléctricas, la protección de instalaciones, la dependencia de componentes tecnológicos y la capacidad de reparar sistemas después de una contingencia.
En el terreno financiero, una interrupción de servicios bancarios o de telecomunicaciones puede dificultar pagos, transferencias y acceso a efectivo. Por eso, las recomendaciones de algunos gobiernos incluyen mantener una cantidad razonable de dinero en efectivo, documentos importantes y medios alternativos de comunicación.
No se trata de promover retiros masivos de depósitos ni de anticipar un colapso bancario. Se trata de reconocer que los sistemas digitales, aunque eficientes, dependen de infraestructura física y tecnológica que también puede fallar.
La ciberseguridad merece atención especial. Los ataques de ransomware, el robo de información y la interrupción de servicios digitales pueden afectar tanto a instituciones públicas como a empresas privadas. En una economía cada vez más digitalizada, una falla tecnológica puede convertirse rápidamente en una crisis operativa.
La Unión Europea ha incorporado la ciberseguridad y la protección de infraestructura crítica dentro de su estrategia de preparación. También promueve la coordinación entre gobiernos y empresas para garantizar que los servicios esenciales puedan continuar funcionando durante situaciones disruptivas.
En este sentido, el mensaje de las autoridades es más amplio que almacenar agua y alimentos: es necesario que los hogares, las empresas y las instituciones desarrollen planes de continuidad.
5. El costo de la prevención: ¿quién debe pagar por una sociedad más preparada?
La preparación ante emergencias también tiene consecuencias económicas. Almacenar alimentos, agua, medicamentos y artículos básicos implica un gasto para las familias. Para los gobiernos, fortalecer los sistemas de alerta, las reservas estratégicas, los hospitales, las redes eléctricas y los mecanismos de protección civil requiere inversión pública.
Aquí aparece una cuestión de justicia económica: no todos los hogares tienen la misma capacidad para prepararse.
Una familia con ingresos estables puede comprar provisiones, mantener medicamentos adicionales, adquirir una batería portátil y contar con un medio de transporte alternativo. Un hogar con ingresos limitados puede tener dificultades incluso para cubrir sus necesidades ordinarias.
Por ello, trasladar toda la responsabilidad de la preparación a los ciudadanos sería un error. La autoprotección debe complementar, no sustituir, la obligación del Estado de garantizar servicios públicos, infraestructura y atención de emergencias.
La Comisión Europea reconoce esta dimensión al incorporar la preparación inclusiva y las necesidades de personas con discapacidad dentro de sus nuevas directrices. También plantea integrar la educación preventiva desde las primeras etapas escolares.
El desafío para los gobiernos consiste en diseñar políticas que reduzcan la vulnerabilidad sin convertir la prevención en un privilegio de quienes pueden pagarla.
En México, esta discusión es especialmente relevante. El país enfrenta riesgos sísmicos, huracanes, inundaciones, incendios y otros fenómenos naturales. Además, existen diferencias importantes entre regiones en materia de infraestructura, acceso a servicios médicos y capacidad institucional de respuesta.
Una política de preparación efectiva debe contemplar las condiciones de cada territorio. No es suficiente publicar una lista de artículos recomendados; se necesita garantizar que existan rutas de evacuación, refugios, sistemas de alerta, hospitales funcionales, suministro de agua y mecanismos de comunicación confiables.
La prevención debe ser una política pública permanente, con presupuesto, evaluación y responsabilidades institucionales claras.
6. ¿Qué tan confiables son los mensajes de los medios y las redes sociales?
La viralización del tema muestra otro problema: la comunicación de riesgos.
Algunos contenidos en redes sociales han presentado las recomendaciones como evidencia de que se aproxima una guerra mundial o una catástrofe global. Otros medios han utilizado titulares que enfatizan la coincidencia internacional y generan inquietud sin explicar suficientemente los antecedentes de estas medidas.
Por el contrario, los verificadores de información han buscado contextualizar el fenómeno. Factchequeado documentó que países como Estados Unidos, México, Japón y Reino Unido llevan años promoviendo kits de emergencia. También consultó a especialistas que explican que el plazo de 72 horas responde al tiempo que puede tardar en llegar la asistencia después de un desastre de gran magnitud.
Expansión contextualizó la iniciativa europea dentro de una estrategia más amplia que incluye tensiones geopolíticas, ciberataques, cambio climático y protección de infraestructura crítica.
La cobertura de RTVE también permite observar que la recomendación europea fue anunciada desde marzo de 2025, cuando Bruselas presentó su estrategia de preparación ante guerras, desastres y ciberataques.
Estas diferencias editoriales importan. Un medio centrado en la dimensión geopolítica puede destacar el contexto de seguridad europea; uno enfocado en protección civil puede subrayar la prevención; y un verificador puede concentrarse en desmontar la afirmación de que existe una alerta mundial.
Ninguna de esas perspectivas, por sí sola, explica todo el fenómeno. El análisis debe integrar los documentos oficiales, los antecedentes históricos y las evaluaciones de expertos.
En cuanto a los canales de YouTube y analistas independientes, es necesario distinguir entre una interpretación geopolítica y una afirmación comprobable. Un video que vincule las mochilas con una guerra mundial puede estar formulando una hipótesis, pero para sostenerla necesita presentar evidencia verificable: documentos, declaraciones oficiales, movimientos militares concretos o alertas institucionales. El título de un video no constituye una prueba.
La coincidencia temporal de recomendaciones tampoco demuestra coordinación secreta entre gobiernos. Puede explicarse por la existencia de riesgos compartidos, estrategias de preparación ya aprobadas y una mayor difusión pública de medidas que antes recibían menos atención.
La pregunta no debe ser si debemos creer ciegamente a los gobiernos o a los analistas de redes sociales. Debe ser qué evidencia presenta cada uno y qué afirmaciones pueden comprobarse.
¿es exagerado preparar una mochila para una emergencia?
Una objeción frecuente sostiene que estas recomendaciones generan miedo innecesario y que los gobiernos deberían concentrarse en resolver los problemas actuales en lugar de promover escenarios hipotéticos.
La preocupación es válida cuando la comunicación se realiza sin contexto o utiliza un lenguaje alarmista. Sin embargo, preparar una mochila no significa asumir que una catástrofe ocurrirá. Significa reducir la vulnerabilidad ante acontecimientos que pueden producirse sin previo aviso.
Otra objeción señala que las familias no deberían asumir responsabilidades que corresponden al Estado. También es una crítica legítima. La autoprotección no debe utilizarse como justificación para reducir la inversión pública en protección civil o trasladar a los hogares el costo de fallas institucionales.
La solución está en combinar responsabilidades: ciudadanos informados, empresas preparadas y autoridades capaces de responder. La resiliencia no se construye únicamente con una mochila, sino con instituciones que funcionen.
Conclusión: el verdadero aviso es que la estabilidad ya no puede darse por garantizada
¿Qué saben los gobiernos que nosotros no?
La evidencia disponible no permite afirmar que exista una alerta mundial secreta, una guerra inminente o una catástrofe con fecha definida. En México, las autoridades han señalado que la recomendación de preparar una mochila de emergencia forma parte de las acciones habituales de prevención. En Europa, las directrices recientes responden a una estrategia pública que reconoce riesgos geopolíticos, tecnológicos, sanitarios y ambientales.
Pero sería igualmente equivocado interpretar estas medidas como simples campañas sin importancia. Revelan que los gobiernos consideran necesario preparar a sus sociedades para escenarios en los que los servicios esenciales podrían dejar de funcionar temporalmente.
El sistema internacional atraviesa una etapa de competencia entre potencias, tensiones comerciales, conflictos regionales, amenazas cibernéticas y vulnerabilidad de las cadenas de suministro. A ello se suman los fenómenos climáticos extremos y los riesgos naturales que afectan a numerosas regiones.
La economía moderna depende de una infraestructura compleja que normalmente damos por sentada. Basta una interrupción significativa de electricidad, agua, comunicaciones o transporte para que una emergencia local se transforme en un problema económico y social.
Por eso, preparar un kit de emergencia no debería interpretarse como una invitación al miedo, sino como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra dependencia de los sistemas que sostienen la vida cotidiana.
Sin embargo, la responsabilidad principal continúa siendo de las instituciones. Los gobiernos deben comunicar con transparencia, invertir en infraestructura resiliente, fortalecer la protección civil y evitar que la prevención se convierta en una carga exclusiva para las familias.
La verdadera advertencia no es que mañana vaya a ocurrir una catástrofe, sino que el mundo se ha vuelto suficientemente complejo e interdependiente como para que una interrupción inesperada pueda afectar nuestra vida en cuestión de horas.
Quizá los gobiernos no sepan cuándo ocurrirá la próxima gran crisis. Pero sus estrategias demuestran que ya no consideran prudente asumir que todo seguirá funcionando como siempre. Y esa, más que cualquier teoría conspirativa, es la reflexión que merece nuestra atención.
Ignacio Santillán Luna
25 Octubre 2026
El paro de transportistas del 26 de octubre expone una paradoja económica: mientras México busca atraer inversiones y fortalecer su integración con Norteamérica, la inseguridad, las extorsiones y los costos logísticos ponen a prueba la confiabilidad de sus cadenas de suministro.
Una crisis que no se mide únicamente en camiones detenidos
México enfrenta este lunes 26 de octubre de 2026 una nueva jornada de movilizaciones del autotransporte de carga. Las organizaciones convocantes exigen respuestas ante los robos de mercancías, las agresiones contra operadores, las extorsiones, el cobro de piso, el deterioro de las carreteras y las presiones económicas que afectan a las empresas del sector. La protesta se ha anunciado con carácter indefinido, aunque su alcance efectivo y la participación de las agrupaciones no son uniformes.
La dimensión del conflicto merece atención. De acuerdo con El Financiero, representantes del sector advierten que una interrupción generalizada podría ocasionar pérdidas de hasta 21,500 millones de pesos diarios, afectar el movimiento de aproximadamente 1.6 millones de toneladas de productos por carretera y comprometer alrededor de 21,000 cruces fronterizos diarios con Estados Unidos, cuyo valor conjunto se estima en 1,800 millones de dólares.
Estas cifras no deben confundirse con pérdidas económicas ya verificadas: son estimaciones difundidas por representantes del sector y describen un escenario potencial de interrupción. No obstante, muestran la importancia estratégica de una actividad que conecta plantas industriales, centros de distribución, puertos, comercios y cruces internacionales.
La pregunta de fondo es más importante que el congestionamiento de una autopista: ¿cómo puede México consolidarse como una plataforma manufacturera competitiva si las empresas deben incorporar a sus decisiones logísticas riesgos de robo, extorsión, retrasos y costos extraordinarios?
La tesis de este artículo es que la inseguridad carretera se ha convertido en un problema de competitividad nacional, mientras que la debilidad de los mecanismos de respuesta institucional agrava sus consecuencias económicas. El paro evidencia demandas que deben investigarse y atenderse, pero también plantea una responsabilidad para los convocantes: evitar que la presión social produzca daños desproporcionados a quienes no son responsables del conflicto.
1. Las cifras de inseguridad: menos denuncias no significa un problema resuelto
Una lectura rigurosa debe comenzar por distinguir las estadísticas oficiales de las cifras divulgadas por las organizaciones transportistas.
Según un análisis de TResearch basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026 se registraron 3,646 denuncias por robo a transportistas. La cifra representa una disminución de 21% respecto del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 4,596. En septiembre de este año se reportaron 414 denuncias, 22% menos que las 530 registradas en septiembre de 2025. Los datos fueron publicados por TResearch y retomados por UnoTV.
La disminución merece reconocerse. Una evaluación seria de la política de seguridad no puede seleccionar únicamente los indicadores desfavorables y omitir aquellos que apuntan a una mejoría. Sin embargo, tampoco sería correcto concluir que el problema está resuelto: las denuncias representan los hechos registrados ante las autoridades, no necesariamente la totalidad de los delitos ocurridos. Además, una tendencia nacional puede ocultar diferencias importantes entre estados, corredores y modalidades delictivas.
El diagnóstico requiere otro matiz. La Asociación Nacional Transportista ha señalado, según información recogida por Infobae, que se producen entre 30 y 40 robos diarios a operadores y que más de 70% de los casos registrados por su organización ocurre con violencia. Se trata de estimaciones gremiales, con una metodología que no debe equipararse automáticamente con la estadística oficial del SESNSP.
La diferencia entre ambas cifras no permite concluir, por sí sola, que alguna sea falsa. Pueden existir diferencias de cobertura, definición, periodo y registro. Precisamente por eso, México necesita información pública más clara que permita comparar denuncias, hechos reportados por empresas, pérdidas de mercancías, vehículos recuperados y agresiones contra operadores.
La dimensión humana tampoco debe perderse entre los porcentajes. Las organizaciones transportistas han denunciado asesinatos y agresiones contra conductores; los representantes del sector han mencionado 15 operadores asesinados durante 2026 hasta el momento de la convocatoria. Esa cifra debe entenderse como un dato atribuido a los convocantes, no como un registro nacional independiente verificado en esta revisión.
La conclusión es inequívoca: una reducción de las denuncias es una señal potencialmente favorable, pero la política de seguridad debe evaluarse por su capacidad de proteger vidas, disminuir las pérdidas, investigar los delitos y recuperar la confianza de quienes recorren diariamente las carreteras.
2. Extorsión y cobro de piso: el impuesto ilegal que distorsiona el mercado
El robo de una unidad o de su carga puede producir una pérdida inmediata. La extorsión, en cambio, puede convertirse en una obligación informal recurrente: pagar para transitar, estacionarse, descargar, operar en determinada zona o evitar amenazas. Cuando intervienen grupos criminales o servidores públicos corruptos, el problema deja de ser una suma de incidentes aislados y se convierte en una distorsión de las condiciones de competencia.
Desde la perspectiva económica, estos pagos ilegales funcionan como un impuesto sin legitimidad. No financian bienes públicos, no generan infraestructura y no garantizan seguridad. Reducen los recursos disponibles para invertir, pagar salarios, renovar unidades o ampliar la capacidad operativa.
Además, crean incentivos perversos. Una empresa que opera legalmente y se niega a pagar puede enfrentar amenazas o interrupciones, mientras que otra que acepta los cobros puede continuar trabajando a costa de absorberlos o trasladarlos a sus tarifas. En esas condiciones, la competencia deja de depender exclusivamente de productividad, eficiencia y calidad del servicio.
Las consecuencias se extienden a los clientes. Un fabricante que contrata transporte necesita estimar el costo total de entrega. Si la ruta incorpora riesgos difíciles de calcular, la empresa transportista puede exigir una tarifa más alta, limitar el servicio o rechazar determinados destinos. El resultado es una pérdida de eficiencia que puede afectar a regiones enteras.
La cobertura de Infobae incluye testimonios sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y las agresiones que enfrentan los operadores. Tales testimonios permiten comprender la experiencia cotidiana del sector, aunque no sustituyen una medición nacional de la extorsión.
El Estado debe responder con investigaciones, protección a denunciantes, coordinación entre corporaciones y sanciones efectivas. También necesita mecanismos para investigar las denuncias contra policías, inspectores y otros funcionarios cuando existan indicios de cobros ilegales. No basta con desplegar patrullas si los operadores no pueden denunciar sin temor a represalias o si los expedientes no avanzan.
La extorsión carretera no es solamente un problema de seguridad pública: erosiona la legalidad del mercado. Si una empresa debe pagar para ejercer una actividad autorizada, la libertad económica se vuelve nominal y el costo termina distribuyéndose entre proveedores, trabajadores y consumidores.
3. El costo de operar: combustible, peajes, seguros y presión fiscal
La tercera dimensión del conflicto es financiera. El transporte de carga depende de una estructura de costos que incluye diésel, salarios, mantenimiento, llantas, seguros, financiamiento de unidades, peajes, tecnología y cumplimiento regulatorio. Cuando a estos componentes se suman robos, tiempos improductivos, daños y gastos de seguridad, el margen de rentabilidad puede reducirse significativamente.
Las empresas grandes suelen disponer de mayor capacidad para negociar seguros, diversificar clientes, invertir en rastreo satelital y distribuir los riesgos entre numerosas unidades. Un transportista independiente o una pequeña empresa, en cambio, puede quedar en una situación crítica después de perder un camión o pasar varios días sin ingresos.
El paro también incorpora una disputa fiscal. Según El Financiero, los representantes del sector rechazan una modificación contemplada para 2027 que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite aplicable a un beneficio fiscal que permite acreditar contra el impuesto sobre la renta hasta 50% del gasto en casetas, bajo las condiciones correspondientes.
El cambio debe evaluarse con cuidado. Una modificación fiscal puede afectar de manera distinta a empresas de diferentes tamaños y modelos de operación. Sin embargo, que un sector reclame un beneficio no significa que el Estado deba conservarlo sin analizar su costo presupuestario, sus beneficiarios y su eficacia.
La discusión debería centrarse en tres preguntas: ¿qué empresas reciben el beneficio?, ¿qué efecto tiene sobre los costos y las tarifas?, y ¿qué resultados obtiene la sociedad a cambio de la renuncia recaudatoria? Una política fiscal razonable debe apoyar la productividad cuando existe una justificación clara, no compensar indefinidamente los costos derivados de problemas que corresponden a otras áreas del gobierno.
También deben revisarse las denuncias sobre cobros de grúas y corralones, así como el deterioro de las carreteras. Si existen tarifas abusivas o procedimientos poco transparentes, corresponde investigarlos y establecer mecanismos de reclamación. Si las vías de cuota presentan deficiencias persistentes, el usuario tiene derecho a conocer los programas de mantenimiento y el destino de los recursos recaudados.
La solución, por tanto, no consiste en reducir indiscriminadamente todos los costos ni en trasladarlos al presupuesto público. Consiste en identificar cuáles son legítimos, cuáles reflejan ineficiencias y cuáles derivan de actividades delictivas que deben combatirse.
4. El efecto dominó: abasto, inflación y pequeñas empresas
La importancia del autotransporte se vuelve evidente cuando se interrumpe. Los camiones trasladan productos agrícolas, alimentos procesados, medicamentos, combustibles, materias primas, mercancías importadas y componentes industriales. Cuando una unidad no llega a tiempo, la afectación puede extenderse mucho más allá de la empresa transportista.
Los fabricantes pueden quedarse sin insumos; los distribuidores, sin inventarios; y los comercios, sin mercancía para vender. Si el retraso se prolonga, las empresas pueden incurrir en penalizaciones contractuales, pagar horas adicionales, reorganizar turnos o contratar transporte alternativo a tarifas más altas.
Las organizaciones convocantes estimaron que el paro podría provocar pérdidas de hasta 21,500 millones de pesos diarios. También se han difundido advertencias sobre posibles incrementos en el costo de la canasta básica si la suspensión se prolonga. N+ recogió estas estimaciones y las demandas del sector.
No obstante, sería incorrecto afirmar que esa cantidad se perderá necesariamente o que todos los precios subirán en la misma proporción. Una estimación de afectaciones potenciales no equivale a una medición posterior de pérdidas efectivas. El impacto depende de la duración de la protesta, los corredores afectados, la posibilidad de utilizar rutas alternativas, las existencias disponibles y la proporción de empresas que suspendan actividades.
La inflación tampoco responde de manera automática a cualquier bloqueo. Un retraso breve puede absorberse mediante inventarios; una interrupción prolongada puede aumentar los costos logísticos y presionar algunos precios. El efecto final depende de la competencia, la estructura de distribución, los márgenes comerciales y la capacidad de los productores para absorber o trasladar los costos.
Los negocios pequeños suelen tener menos capacidad para soportar esas contingencias. Una cadena nacional puede redistribuir inventarios entre centros de distribución, mientras que una tienda independiente puede perder ventas si no recibe mercancía. Un productor agrícola puede enfrentar pérdidas si no consigue transportar productos perecederos a tiempo.
Esta es la paradoja del paro: los transportistas buscan presionar para que se reduzcan los riesgos y costos que amenazan su actividad, pero una interrupción prolongada puede perjudicar también a sus clientes y a los consumidores que dependen de las mercancías transportadas.
Por eso, la discusión debe ir más allá de la disputa entre el gobierno y las organizaciones. La sociedad necesita mecanismos de protesta que preserven la visibilidad de las demandas sin convertir el acceso a bienes esenciales en una variable de negociación.
5. Nearshoring y comercio internacional: la confiabilidad logística como ventaja competitiva
La inseguridad carretera también tiene implicaciones geopolíticas y comerciales. México busca aprovechar su proximidad con Estados Unidos, el acceso preferencial al mercado norteamericano bajo el T-MEC y la reorganización de las cadenas globales de valor. Sin embargo, la competitividad internacional no depende exclusivamente de los salarios, los aranceles o los incentivos fiscales.
Las empresas evalúan cuánto cuesta trasladar insumos, cuánto tarda una entrega y qué tan probable es que una operación se interrumpa. Una ruta insegura puede obligarlas a mantener inventarios más grandes, contratar servicios adicionales de protección o elegir recorridos más largos. Todos estos ajustes inmovilizan capital y reducen la eficiencia.
Para una planta que trabaja con entregas programadas, la confiabilidad del transporte es tan importante como el precio de los insumos. Una pieza que no llega puede detener una línea de producción; una exportación que pierde su ventana de entrega puede generar costos contractuales y afectar la relación con el comprador.
Esto no significa que el paro del 26 de octubre vaya a provocar, por sí solo, una salida masiva de inversiones. Las decisiones de localización industrial dependen de múltiples variables. Pero la acumulación de incidentes, interrupciones y costos extraordinarios puede deteriorar la percepción de riesgo de determinados corredores logísticos.
La geografía favorece a México, pero no garantiza su competitividad. La cercanía con Estados Unidos representa una ventaja si las mercancías pueden desplazarse con seguridad y previsibilidad. Cuando esa condición falla, parte del beneficio de la integración comercial se consume en costos de transporte, protección y contingencia.
Las cifras difundidas por el sector sobre los 21,000 cruces fronterizos diarios y el valor estimado de 1,800 millones de dólares ilustran la relevancia del flujo comercial terrestre. No implican que todo ese valor se pierda ante una jornada de protesta, pero sí muestran por qué las interrupciones en los corredores mexicanos deben tratarse como un asunto de política económica y no solamente como un problema de movilidad.
México necesita consolidar una estrategia de seguridad logística que coordine a los gobiernos federal y estatales, las fuerzas de seguridad, los administradores de infraestructura, las empresas y los operadores. Sin esa coordinación, el país corre el riesgo de promover nuevas inversiones sin garantizar las condiciones necesarias para mover su producción.
El gobierno y los transportistas: responsabilidades que no deben confundirse
La Secretaría de Gobernación ha llamado al diálogo y ha pedido evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías. Esa posición es razonable: el derecho a manifestarse no elimina la obligación de considerar los derechos de terceros. Pero la existencia de mesas de trabajo tampoco demuestra que las demandas hayan sido resueltas.
La cobertura de La Jornada y El Financiero muestra que, además de las demandas de seguridad, existen diferencias entre organizaciones sobre la conveniencia de participar en el paro y la eficacia del diálogo institucional. Esa división importa: una convocatoria nacional no significa que todo el sector esté de acuerdo con la misma estrategia.
La respuesta gubernamental debería traducirse en metas verificables: reducción de robos en corredores prioritarios, mejores tiempos de respuesta, recuperación de vehículos, investigaciones concluidas, sanciones por extorsión y mantenimiento carretero con calendarios públicos. En paralelo, las demandas fiscales y regulatorias deben evaluarse con datos y criterios transparentes.
Los transportistas también tienen responsabilidades. Deben comunicar sus acciones, evitar daños innecesarios, preservar el paso de servicios de emergencia y buscar mecanismos de presión que no comprometan de manera desproporcionada el abasto. Las organizaciones, además, deben distinguir las demandas de seguridad —que involucran derechos fundamentales— de las peticiones de beneficios fiscales, que requieren una evaluación económica específica.
La salida no consiste en aceptar todas las exigencias ni en descalificar a quienes protestan. Consiste en establecer obligaciones recíprocas y exigir resultados.
Conclusión: las cifras deben convertirse en políticas, no en consignas
El paro de transportistas del 26 de octubre deja una lección: las cifras de inseguridad, los costos de operación y las estimaciones de pérdidas económicas deben servir para mejorar las decisiones públicas, no solamente para intensificar la confrontación.
Las 3,646 denuncias por robo a transportistas registradas entre enero y septiembre de 2026 muestran que el delito continúa siendo un problema relevante, aunque los registros reporten una disminución frente al año anterior. Las estimaciones de pérdidas por 21,500 millones de pesos diarios, difundidas por organizaciones del sector, reflejan el riesgo potencial de una interrupción amplia, pero requieren distinguirse de los daños efectivamente observados.
La extorsión y el cobro de piso no pueden normalizarse como costos ordinarios de hacer negocios. Tampoco puede suponerse que todo estímulo fiscal sea conveniente o que cualquier cierre carretero constituya la respuesta más eficaz. Cada medida debe evaluarse con evidencia, responsabilidad institucional y atención a sus efectos sobre terceros.
México necesita carreteras seguras, infraestructura mantenida y reglas fiscales previsibles. Necesita también organizaciones capaces de representar sus demandas sin trasladar indiscriminadamente el costo del conflicto a la ciudadanía. Y necesita autoridades que midan su desempeño por resultados verificables, no por el número de reuniones celebradas.
La verdadera competitividad no se construye únicamente con tratados comerciales, anuncios de inversión o ventajas geográficas. Se construye cuando los bienes llegan a tiempo, las empresas pueden operar con certidumbre y los trabajadores regresan a casa sin temor.
La pregunta que debe quedar después de los bloqueos no es cuánto dinero se perdió en una jornada, sino cuánto le cuesta a México mantener un sistema logístico en el que la inseguridad sigue siendo un riesgo operativo. Si el paro termina sin compromisos medibles, el país habrá recuperado la circulación, pero no necesariamente la confianza de quienes sostienen su comercio.
Ignacio Santillán Luna
14 Octubre 2026
Con 331 votos a favor y 118 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para 2027. El texto prevé ingresos por 10.6 billones de pesos, un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones y un techo de 13,500 millones de dólares de deuda externa, según Excélsior. Resta la discusión en lo particular, el trámite en el Senado (límite: 31 de octubre) y el Presupuesto de Egresos (15 de noviembre), pero lo sustancial ya está dicho.
Mi tesis es que este paquete es más realista que sus antecesores, y que eso es una buena noticia insuficiente. Un presupuesto creíble no equivale a una estrategia de crecimiento. México entra a 2027 con deuda amplia cercana al 55% del PIB, una calificación soberana en el último peldaño del grado de inversión en dos de las tres grandes agencias, un socio comercial que ha convertido el T-MEC en un examen anual y una petrolera que sigue absorbiendo recursos escasos. En ese contexto, la prudencia del Ejecutivo compra tiempo. No compra margen. Y en finanzas soberanas el tiempo se agota más rápido de lo que admiten los criterios de política económica.
1. Credibilidad no es consolidación
Hacienda presenta una reducción del déficit más amplio (RFSP) de 4.1% a 3.9% del PIB, que el secretario Édgar Amador calificó de moderada para no dañar la actividad. El dato incómodo es que los Pre-Criterios de abril prometían 3.5%: la "mejora" es, en rigor, un retroceso frente a lo anunciado hace seis meses.
Fitch reconoció que el paquete es más creíble por sus supuestos macroeconómicos, pero advirtió que la consolidación es tan gradual que la deuda no se estabiliza; según esa lectura, haría falta un superávit primario cercano a 2.5% del PIB. El IMCO coincide en el diagnóstico: un paquete ordenado que ajusta en los márgenes y financia gasto corriente con deuda. Hay además un desacuerdo de fondo sobre la medición: Forbes México recoge que analistas privados ubican la deuda entre 58% y 60% del PIB si se suman los pasivos contingentes de Pemex y CFE, mientras el FMI recomienda un déficit más cercano a 2.5%.
La variable más frágil es el crecimiento. Hacienda proyecta entre 1.5% y 2.5%; Moody's espera 1.3% y Monex, 1.8%. Con una economía que promedia alrededor de 1% entre 2024 y 2027, cada décima que falte se traduce en más deuda.
2. Recaudar sin "nuevos impuestos"
La presidenta Sheinbaum insistió en que no habrá nuevos impuestos ni gasolinazos y que el esfuerzo vendrá de combatir la evasión. Fitch destaca que los ingresos tributarios alcanzarían un máximo histórico de 15.9% del PIB. ¿Cómo se logra sin tocar tasas? Con ingeniería fiscal: para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, un tope a las deducciones equivalente a 96.67% de los ingresos acumulables, límites al uso de pérdidas fiscales y coeficientes transitorios que elevan los pagos provisionales. Despachos como Snell & Wilmer advierten de presión de flujo de efectivo desde enero de 2027.
La lógica de cerrar resquicios es defendible: la base tributaria mexicana lo necesita, y ampliar el RESICO es una buena señal para la formalización. Mi crítica es de oportunidad y de coherencia. Se endurece la carga sobre las empresas formales justo cuando el CEESP describe una economía debilitada por la incertidumbre jurídica y la inseguridad, y mientras el Plan México les pide invertir. El paquete combina garrote y zanahoria (un régimen preferente de 7.5% para repatriar capital que se invierta tres años en proyectos del Plan México), pero también amplía el programa de regularización fiscal a todos los contribuyentes con adeudos, lo que envía una señal ambigua a quienes cumplen. "Sin nuevos impuestos" es una verdad política y una media verdad económica: para la empresa que verá subir sus pagos provisionales, el efecto es el mismo.
3. Pemex: el apoyo que baja no es la necesidad que baja
El paquete incluye una transferencia de 81,100 millones de pesos para amortizar deuda de Pemex y proyecta una caída de 14.4% en los ingresos petroleros. Parecería un alivio, pero Fitch aclaró que el menor apoyo responde a menos vencimientos en 2027, tras una gestión de pasivos que movió pagos a 2028, no a que la empresa necesite menos. Fitch y Moody's estiman que seguirá requiriendo alrededor de 10,000 millones de dólares anuales. Moody's calculó apoyos por 35,000 millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9% del PIB.
Aquí conviene contrastar diagnósticos. Moody's sitúa a Pemex como el principal obstáculo para consolidar las finanzas públicas; HR Ratings sostiene que la presión principal ya proviene del gasto corriente. Creo que ambos tienen razón, y el problema es que se acumulan: con alrededor de 80% del presupuesto comprometido por ley, según el CIEP, un gasto rígido por un lado y un pasivo petrolero que exige liquidez recurrente por otro dejan casi sin espacio para inversión productiva. Mientras el modelo de negocio de Pemex no cambie, cada peso transferido será un peso que no financia crecimiento.
4. El techo externo: T-MEC, aranceles y geopolítica
Ninguna ley aprobada en San Lázaro controla la variable que más pesa sobre el crecimiento mexicano. Estados Unidos decidió en julio no extender el T-MEC hasta 2042 y optó por revisiones anuales hasta 2036, con una consulta pública abierta hasta el 12 de enero. Cerca de 85% de las exportaciones mexicanas aún ingresa sin arancel gracias a las reglas de origen, pero un arancel de 10% persiste sobre lo que no las cumple. La ventaja es real; también lo es su carácter revocable.
En ese tablero, México ha elevado aranceles a importaciones de países sin tratado, sobre todo asiáticos, como parte del Plan México y como gesto hacia Washington. La evidencia disponible es modesta: un análisis de la UNAM sobre los aranceles temporales a 544 fracciones concluye que las importaciones asiáticas no disminuyeron. Mi lectura: el arancel funciona más como moneda diplomática que como política industrial eficaz, y expone a México a represalias de China sin garantizar a cambio estabilidad comercial con Estados Unidos. Un presupuesto que supone 2% de crecimiento apuesta, implícitamente, a que la negociación saldrá bien.
5. En el borde del grado de inversión
Moody's rebajó a México de Baa2 a Baa3 en mayo, con perspectiva estable y sin prever cambios en 18 meses, tras la decisión de S&P de pasar su perspectiva a negativa. Hacienda subraya que el país conserva grado de inversión con las ocho agencias que lo califican. The Economist, según la réplica de Hacienda, cuestionó que la deuda soberana rinda como si fuera especulativa; el mismo semanario considera improbable perder el grado de inversión, por el tamaño de la economía y su acceso al mercado estadounidense. BBVA Research estima que perderlo tardaría tres o cuatro años, lo que deja margen de reacción.
Ese margen es una ventana, no una garantía. Un recorte adicional obligaría a vender a inversionistas institucionales con mandatos restringidos y encarecería el crédito para gobierno, empresas y hogares. La señal de los mercados ya es perceptible; lo prudente es actuar antes de que se vuelva sentencia.
Contrargumento: ¿no es el gradualismo la opción responsable?
La objeción más sólida sostiene que un ajuste brusco, con crecimiento cercano a 1%, sería procíclico y socialmente costoso. Además, la estructura de la deuda mitiga riesgos: Hacienda destaca que 85% está en pesos y 80% a tasa fija y largo plazo. Concedo ambos puntos. No defiendo un recorte abrupto.
Pero el problema no es la velocidad, sino la trayectoria y el costo. El servicio de la deuda se estima en 1.67 billones de pesos para 2027, y Moody's ya señalaba en 2025 que los intereses absorbían 17% de los ingresos federales, uno de los niveles más altos entre economías con grado de inversión. El gradualismo es legítimo cuando va acompañado de reformas que eleven el crecimiento potencial. Sin ellas, es simplemente posponer.
Conclusión: de la prudencia a la reforma
El Paquete Económico 2027 evita los excesos de optimismo, no improvisa impuestos y mantiene la disciplina mínima que los mercados exigen. Eso merece reconocerse. Pero deja intactos los problemas estructurales: una deuda que no se estabiliza, una petrolera que consume liquidez, una recaudación que se apoya en endurecer el cumplimiento de los formales y una economía cuyo mayor riesgo se decide en Washington.
Habrá tres hitos que medirán si esta prudencia se convierte en estrategia: el cierre del trámite en el Senado y el Presupuesto de Egresos en noviembre; la consulta del T-MEC hasta enero; y, sobre todo, si en 2027 llegan decisiones sobre el modelo de negocio de Pemex y la inversión privada y mixta que el propio gobierno dice querer atraer. México conserva margen y una economía diversificada. Lo que no conserva es tiempo ilimitado para usarlos.
Ignacio Santillán Luna
3 Septiembre 2026
El 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compareció ante el Congreso de la Unión para rendir su Segundo Informe de Gobierno. El documento y el discurso que lo acompañó desplegaron una batería de cifras diseñadas para transmitir una idea central: que México navega con éxito una de las coyunturas comerciales más adversas de las últimas décadas. La propia mandataria lo resumió con una frase que se repitió en la cobertura de medios como El Imparcial y La Jornada de Oriente: pese a "difíciles circunstancias internacionales" derivadas del giro arancelario de Washington y del encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán, "la economía mexicana permanece estable y avanzando". La tesis de este análisis es distinta y, creo, más útil para el lector: los datos del informe son en su mayoría ciertos, pero describen una estabilidad reactiva, no una estrategia comercial ofensiva. México ha logrado amortiguar el choque arancelario estadounidense sin perder terreno macroeconómico, pero lo ha hecho a costa de una dependencia cada vez más profunda de un solo mercado y de un margen de maniobra cada vez más estrecho frente a Washington. Entender esa diferencia —entre resistir y decidir— es la clave para leer con sentido crítico el segundo año de gobierno.
1. Una economía que resiste, no que se diversifica
Las cifras que Sheinbaum presentó son, en efecto, sólidas en el papel: una inversión extranjera directa (IED) cercana a 35,000 millones de dólares en el primer semestre de 2026 —máximo histórico para ese periodo, según reportó la Secretaría de Economía y confirmaron medios como Publimetro—, un crecimiento del PIB de 1.4% en el segundo trimestre, 60 millones de personas empleadas con una tasa de desempleo de apenas 2.7%, y un peso que se mantiene fuerte, cerca de 17 unidades por dólar. La balanza comercial, además, es positiva por segundo año consecutivo. Son números que cualquier economía emergente envidiaría en un entorno de aranceles crecientes.
El problema no está en la cifra, sino en su origen: la IED sigue concentrada mayoritariamente en la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas —muchas de ellas ancladas al nearshoring hacia Estados Unidos— y no en la apertura sostenida de nuevos mercados de exportación fuera de América del Norte. El propio informe reconoce que los aranceles a vehículos, acero, aluminio y sus derivados se mantienen como "uno de los principales factores externos" que han puesto a prueba la economía mexicana, tal como documentó El Imparcial. Es decir: el gobierno celebra resultados macro sólidos mientras admite, en el mismo discurso, que el instrumento que definirá el futuro de esos resultados —el acceso preferencial al mercado estadounidense— está bajo revisión constante y sujeto a la voluntad política de un solo actor. Esa es la paradoja central del segundo año: los indicadores agregados se sostienen, pero la arquitectura de la que dependen es más frágil que hace veinticuatro meses.
2. El T-MEC: de la "revisión menor" a la negociación de supervivencia
Vale la pena recordar el contraste temporal. En junio de 2024, siendo aún presidenta electa, Sheinbaum calificaba la revisión sexenal del T-MEC prevista para 2026 como "una revisión menor", casi un trámite técnico. Dos años después, el tono del propio gobierno ha cambiado radicalmente. En julio de 2026, Estados Unidos decidió no comprometerse todavía con la extensión de 16 años adicionales que contemplaba el tratado y optó por mantener la vigencia a diez años con revisiones anuales, según documentó el portal Zeta Tijuana citando declaraciones de la propia presidenta. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha señalado que la resolución arancelaria bajo la Sección 301 definirá si México conserva el 85% de sus exportaciones libres de aranceles dentro del bloque norteamericano o enfrenta nuevas barreras, de acuerdo con lo reportado por El Imparcial.
Esto no es un matiz semántico. En comercio internacional, la diferencia entre una "revisión" pactada por consenso técnico y una "revisión" condicionada por instrumentos unilaterales como la Sección 301 —que permite a Estados Unidos imponer restricciones por decisión ejecutiva, sin pasar necesariamente por el mecanismo trilateral del tratado— es la diferencia entre negociar como socio y negociar bajo amenaza latente. Que el propio secretario de Relaciones Exteriores haya salido, tras el informe, a "defender la relación con Estados Unidos" ante la prensa, según recogió Infobae, sugiere que dentro del propio gabinete existe conciencia de que el relato de fortaleza institucional requiere un refuerzo político constante. La revisión del T-MEC dejó de ser, en el lenguaje real del gobierno, un ejercicio de fortalecimiento mutuo y se convirtió en un examen de supervivencia arancelaria.
3. Diplomacia telefónica: cercanía sin previsibilidad
Uno de los datos más reveladores del informe —y de las coberturas posteriores, como la de SDP Noticias— es que Sheinbaum ha sostenido ya 21 llamadas telefónicas con Donald Trump, además de otras 17 documentadas previamente por distintos medios en distintos cortes temporales. Es una cifra que el gobierno presenta como evidencia de diálogo fluido y de gestión eficaz de la relación bilateral. Analíticamente, sin embargo, ese volumen de comunicación directa entre jefes de Estado dice menos sobre la solidez institucional del vínculo y más sobre su naturaleza personalista e impredecible.
En comercio internacional, la previsibilidad regulatoria —reglas claras, mecanismos de disputa formales, calendarios fijos— es lo que permite a las empresas planear inversiones de largo plazo. Cuando la gestión de una relación comercial de la magnitud de la mexicano-estadounidense (más del 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos) depende en buena medida de la cercanía personal entre dos mandatarios, el sistema se vuelve vulnerable a los ciclos políticos internos de Washington, a las prioridades electorales de Trump y a variables ajenas al comercio, como las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios mexicanos que, según reportó Telemundo, marcaron también el segundo año de gestión. Sheinbaum lo dijo con claridad en su mensaje, citado por Así lo Dice Puebla: "cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios". Es una declaración de principios legítima y necesaria de cara al electorado interno, pero no sustituye la certidumbre jurídica que exige el capital internacional.
4. Seguridad y comercio: el vínculo que el gobierno prefiere separar
El informe dedicó un bloque extenso a los logros en seguridad: una reducción de 51% en homicidios dolosos desde octubre de 2024, equivalente a 44 homicidios menos por día, y una caída de 54% en delitos de alto impacto respecto a 2018, cifras confirmadas por múltiples medios, entre ellos El Universal y Excélsior. Son avances reales y verificables que merecen reconocimiento. Pero el gobierno tiende a presentar la agenda de seguridad y la agenda comercial como carriles separados, cuando en la práctica Washington las ha fusionado deliberadamente. Estados Unidos ha condicionado, de manera explícita o implícita, buena parte de su postura arancelaria y de la revisión del T-MEC al desempeño de México en el combate al tráfico de fentanilo y al crimen organizado. Los "cuatro principios" que Sheinbaum enunció para la cooperación en seguridad —soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y no subordinación— son, en el fondo, una respuesta a esa fusión: un intento de fijar límites políticos a una presión que, de facto, ya opera como palanca comercial. Ignorar ese vínculo en el análisis público sería un error; el propio comportamiento de Estados Unidos durante el último año demuestra que ya no distingue entre ambas agendas.
5. Gasto social y disciplina fiscal: ¿sostenibilidad o promesa de campaña permanente?
El informe también destacó que los Programas para el Bienestar alcanzarán 42.8 millones de beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión cercana a un billón de pesos, y que los ingresos federales llegaron a una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, 487,000 millones más que en 2024, según el desglose que ofreció La Silla Rota. El gobierno subraya, además, una reducción del gasto corriente de 200,000 millones de pesos frente a 2024 y la ausencia de compra de vehículos de lujo, un gesto simbólico de austeridad republicana.
Desde la óptica de comercio y finanzas internacionales, la pregunta relevante no es si estas cifras son ciertas —lo son, según la información oficial disponible—, sino si son sostenibles en un escenario donde los ingresos arancelarios y comerciales podrían deteriorarse si la revisión del T-MEC se endurece. Un incremento en aranceles a sectores clave como automotriz, acero y aluminio reduciría directamente la recaudación vinculada al comercio exterior y presionaría al gasto público justo cuando los programas sociales están proyectados a crecer. La disciplina fiscal presumida hoy podría convertirse, en un escenario de fricción comercial prolongada, en una camisa de fuerza que limite la capacidad del gobierno de sostener simultáneamente el gasto social y la inversión en infraestructura —como el Tren Maya, que transportó 2.5 millones de pasajeros, o el AIFA, con 3.6 millones en el primer semestre, cifras reportadas por El Financiero e Infobae.
Contraargumentos y su refutación
Podría objetarse, con razón, que criticar la dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos es injusto: ningún gobierno mexicano, de ningún signo político, ha logrado en tres décadas de T-MEC (y antes, del TLCAN) diversificar significativamente el destino de las exportaciones nacionales. Es cierto. La geografía, la integración de cadenas de suministro y la escala del mercado estadounidense hacen que esa dependencia sea, en gran medida, estructural y no simplemente una falla de política del gobierno actual. Pero reconocer esa limitación estructural no exime a la administración de la responsabilidad de acelerar, dentro de ese margen, la diversificación hacia mercados como la Unión Europea, el bloque Asia-Pacífico o América Latina, algo que el informe menciona de forma tangencial y sin metas cuantificables claras.
Un segundo contraargumento razonable es que la propia estabilidad cambiaria y macroeconómica —el peso fuerte, la inflación a la baja, el empleo récord— demuestra que el gobierno ha manejado la incertidumbre con eficacia técnica, independientemente de la presión externa. También es válido, y debe reconocerse sin regateos. El punto no es que la gestión macroeconómica sea deficiente; es que la resiliencia coyuntural no equivale a una posición de fuerza negociadora, y confundir ambas cosas en el discurso público puede generar una falsa sensación de control sobre variables que, en realidad, se deciden en Washington.
Conclusión
El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum retrata, con datos verificables, un país que ha logrado sostener su economía en medio de un entorno comercial internacional hostil: crecimiento moderado pero positivo, empleo en niveles históricos, inversión extranjera récord y una moneda estable. Ese desempeño merece reconocimiento técnico, especialmente si se compara con la volatilidad que han enfrentado otras economías emergentes bajo la misma ola arancelaria estadounidense. Pero el análisis de comercio internacional exige ir más allá del titular: la estabilidad mexicana de 2026 es, ante todo, una estabilidad defensiva, construida sobre la gestión reactiva de decisiones tomadas en Washington —aranceles, plazos del T-MEC, condicionamientos de seguridad— más que sobre una estrategia mexicana que dicte sus propios términos. La revisión del T-MEC que se resolverá en los próximos meses, y no las cifras ya presentadas ante el Congreso, será la verdadera prueba del segundo año de gobierno. Si México logra asegurar condiciones de acceso preferencial claras y de largo plazo, la narrativa de resiliencia se consolidará como una base real de política de Estado. Si, en cambio, la revisión se traduce en nuevas barreras arancelarias o en compromisos de seguridad que condicionen aún más la soberanía comercial del país, el balance de este segundo informe será recordado no como el retrato de una economía fuerte, sino como el último respiro de estabilidad antes de una renegociación mucho más dura de lo que el discurso oficial está dispuesto, por ahora, a admitir.
Ignacio Santillán Luna
3 Julio 2026
Cuando "vigente" ya no significa "estable"
El pasado 1 de julio, mientras el mundo miraba hacia otros frentes geopolíticos, ocurrió en una videollamada de apenas una hora algo que redefinirá la economía de América del Norte durante la próxima década. Jamieson Greer, Dominic LeBlanc y Marcelo Ebrard —representantes comerciales de Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente— cerraron la primera revisión conjunta del T-MEC con un mensaje que combina alivio y alarma en dosis iguales: el tratado sigue vivo, pero ya no habrá certeza de que continúe siéndolo tras la decisión de Washington de no extenderlo automáticamente por 16 años más y, en cambio, activar un mecanismo de revisiones anuales que se prolongará hasta 2036. El Financiero
La tesis que quiero defender en este artículo es sencilla, aunque incómoda: lo ocurrido no es una crisis del T-MEC, sino su transformación en un instrumento distinto al que fue concebido en 2020. De un tratado que ofrecía previsibilidad jurídica a treinta años vista, América del Norte ha pasado a gestionar su integración económica bajo un régimen de revisión permanente, en el que la política arancelaria de Washington —y no el texto legal del acuerdo— define las reglas del juego. Entender esa diferencia es indispensable para que empresas, inversionistas y ciudadanos calibren correctamente el riesgo que tienen por delante.
El tratado no murió, pero cambió de naturaleza jurídica
Es importante despejar primero un malentendido que ha circulado con fuerza en redes y titulares sensacionalistas: el T-MEC no expiró ni fue cancelado. Estados Unidos comunicó que no extenderá el acuerdo en su forma actual, pero el tratado permanecerá vigente hasta que se resuelvan los asuntos pendientes o hasta su terminación programada en 2036. Ebrard ha insistido en un argumento que resulta lógicamente sólido: si Washington quisiera realmente salirse del acuerdo, ya lo habría hecho, puesto que no existe ningún impedimento legal para notificar su retiro. ExcélsiorExcélsior
Sin embargo, celebrar la "permanencia" del tratado sin matices sería ingenuo. Como bien señala el CSIS en su análisis sobre la mecánica de la revisión de 2026, el artículo 34.7 no establece un procedimiento vinculante para este proceso, de modo que serán las dinámicas políticas, y no el derecho, las que determinen tanto los tiempos como los resultados. Ahí radica el cambio de fondo: el T-MEC pasa de ser un marco de reglas estables a convertirse en un espacio de negociación política continua, sujeto a los ciclos electorales de Washington y al estilo transaccional de la actual administración estadounidense. Center for Strategic and International Studies
La incertidumbre tiene un precio, y ya se está pagando
Mientras algunos análisis oficiales mexicanos han querido minimizar el impacto de las revisiones anuales, la evidencia de mercado sugiere lo contrario. Janneth Quiroz, de Monex, advierte que la ausencia de renovación automática convierte al tratado en un instrumento de negociación permanente, y que las empresas ya no podrán contar con un marco comercial estable para sus decisiones de inversión de largo plazo. En la misma línea, Gerónimo Ugarte, de Valmex, apunta a un efecto medible: el principal impacto será un incremento en la prima de riesgo asociada a México, que podría frenar decisiones de inversión en sectores con alta integración regional y moderar el ritmo del nearshoring respecto a lo originalmente esperado. ExcélsiorExcélsior
Este diagnóstico coincide con el de instituciones internacionales. El Peterson Institute for International Economics ha sido categórico al señalar que, incluso sin una terminación formal, el simple hecho de entrar en un ciclo de revisiones anuales privaría al T-MEC de uno de sus atributos más valiosos: la certeza para los negocios. Y el Tax Foundation calcula que una eventual pérdida de las exenciones del tratado elevaría la carga fiscal en 466 mil millones de dólares entre 2027 y 2036, equivalentes a unos 300 dólares por hogar estadounidense solo en 2027. Aquí conviene un matiz analítico: la incertidumbre no es un costo abstracto ni reservado a México. Estados Unidos, Canadá y México comparten la factura, aunque la retórica política de cada capital tienda a proyectar la responsabilidad hacia el vecino. PIIETax Foundation
El expediente automotriz concentra el verdadero pulso de poder
Si hay un tema donde se revela la asimetría de fuerzas entre los tres socios, es en las reglas de origen del sector automotor. Estados Unidos ha planteado elevar al 50% el contenido nacional exigido específicamente a su país —no a la región en su conjunto—, una exigencia que México ha rechazado de forma tajante. Ebrard ha calificado esa cifra de insostenible, y el propio sector privado ha elevado la voz: Toyota advirtió que un requisito de contenido por país, en lugar de uno regional, funcionaría como una auténtica "píldora venenosa" para toda la industria. Bancobase
El trasfondo de esta disputa no es meramente técnico. El Baker Institute recuerda que las reglas de origen automotrices actuales, combinadas con la política arancelaria vigente desde 2025, están diseñadas deliberadamente para desplazar hacia territorio estadounidense una mayor proporción de la manufactura de vehículos y autopartes que hoy se realiza en México y Canadá. Es decir: la revisión del T-MEC no busca solamente "corregir desequilibrios", como argumenta la retórica oficial de Washington, sino reescribir el mapa productivo continental en favor de la reindustrialización estadounidense. Contrastando enfoques, mientras la narrativa de la Casa Blanca enfatiza los déficits comerciales como problema central a resolver, el análisis técnico de centros como el Atlantic Council pone el acento en el costo real de esa estrategia: el sector automotor norteamericano ha enfrentado incrementos arancelarios de casi 625% derivados de las medidas de la Sección 232, lo que provocó una caída del 10% en importaciones y del 19% en exportaciones durante el año posterior al llamado "Liberation Day". Baker InstituteAtlantic Council
Los aranceles sectoriales, y no el tratado, son hoy la variable decisiva
Uno de los hallazgos más relevantes de esta ronda de revisión es que la disputa real ya no gira tanto alrededor del texto del T-MEC, sino de los aranceles impuestos por fuera de él, bajo figuras como la Sección 232. México ha insistido en que no está dispuesto a aceptar la coexistencia del tratado con aranceles de ese tipo sobre acero, aluminio e industria automotriz, mientras Canadá ha colocado en el centro de su agenda la eliminación de gravámenes similares sobre acero, aluminio, automóviles y madera. Excélsior
El análisis de Brookings ofrece aquí un dato revelador sobre cómo las empresas ya se están adaptando a esta nueva realidad de incertidumbre regulatoria: el cumplimiento con las reglas del T-MEC por parte de exportadores mexicanos y canadienses pasó de representar menos de la mitad del valor comercial a casi el 80% en 2025, conforme las tasas arancelarias más altas para bienes fuera del tratado incentivaron un mayor apego a sus reglas de origen. Esta paradoja merece subrayarse: los aranceles de Trump, lejos de debilitar al T-MEC, han terminado por reforzar su uso práctico, convirtiéndolo en el único refugio seguro frente a una política arancelaria errática. Es un efecto no buscado, pero estratégicamente significativo, que ninguna de las partes puede ignorar en la mesa de negociación. Brookings
La dimensión geopolítica: América del Norte frente a China
Más allá de la contabilidad arancelaria, esta revisión tiene una lectura geopolítica que trasciende lo estrictamente comercial. El CSIS lo plantea sin rodeos: el T-MEC sigue siendo un contrapeso clave frente a la influencia global de China, y su resultado determinará si la región logra modernizar su marco comercial o si, en cambio, pierde treinta años de integración económica en un momento de creciente fragmentación global. Esta óptica ayuda a explicar por qué Washington ha sido cuidadoso en excluir de sus restricciones arancelarias a sectores estratégicos como los semiconductores y la infraestructura de inteligencia artificial —un matiz que el análisis de El Financiero identifica correctamente como una limitación estructural a la capacidad de presión de Trump sobre México en esos rubros específicos—. Center for Strategic and International Studies
En paralelo, tanto México como Canadá han elevado sus propios aranceles a productos chinos, en una suerte de alineamiento defensivo regional que Brookings documenta con cifras concretas: Mexico aprobó en diciembre de 2025 incrementos de alrededor del 35% sobre autopartes, textiles, plásticos y acero, y de 50% sobre automóviles provenientes de países sin acuerdo de libre comercio, incluyendo China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia. La revisión del T-MEC, entonces, no solo redefine las relaciones entre los tres socios norteamericanos, sino que consolida un bloque comercial cada vez más cerrado frente a Asia, con consecuencias que se sentirán en cadenas de suministro globales durante años. Brookings
¿no es esto simplemente diplomacia comercial normal?
Podría objetarse que la dramatización del "riesgo de incertidumbre" es exagerada, y que toda negociación comercial de esta envergadura implica fricciones temporales que terminan resolviéndose. Ebrard mismo ha defendido esta lectura optimista, al sostener que los mercados ya han descontado el efecto de las revisiones anuales. Hay algo de verdad en ese argumento: los mercados financieros, en efecto, tienden a incorporar rápidamente la información disponible, y el peso mexicano no ha colapsado ante este anuncio. Excélsior
Pero esa objeción subestima un elemento distintivo del episodio actual: no se trata de una fricción puntual y acotada en el tiempo, sino de la institucionalización de la incertidumbre como estado permanente durante, potencialmente, una década completa. Convera lo resume con precisión al advertir que las empresas deben planear para un periodo de negociación prolongada, sin una resolución ordenada prevista para el 1 de julio, y ajustar en consecuencia su planeación financiera. Descontar un riesgo puntual es distinto a operar bajo un régimen estructural de revisión anual sostenido en el tiempo; son dos categorías de incertidumbre con implicaciones muy diferentes para la inversión de capital fijo, que por definición exige horizontes de varios años. Convera
Conclusión: aprender a navegar sin brújula fija
El T-MEC de 2026 ya no es el tratado que entró en vigor en 2020. Sigue existiendo, sigue siendo jurídicamente vinculante y sigue sosteniendo más de un billón de dólares en comercio trilateral anual, pero ha mutado de un ancla de estabilidad a una plataforma de negociación permanente, donde la política arancelaria estadounidense —más que el texto del acuerdo— dicta las condiciones reales de operación para empresas y gobiernos.
Esto no equivale a un fracaso irreversible de la integración norteamericana, como sugieren las lecturas más catastrofistas, pero tampoco justifica la complacencia oficial que insiste en que "los mercados ya lo descontaron todo". La ronda del 20 de julio en la Ciudad de México, centrada en reglas de origen automotrices y aranceles metalúrgicos, será la primera prueba real de si los tres socios pueden convertir esta fase de revisión anual en un ejercicio de modernización genuina —como plantea el CSIS— o si, por el contrario, se convierte en el escenario de una erosión gradual pero constante de la confianza regional. Para empresas, inversionistas y responsables de política pública en los tres países, la lección de fondo es clara: la planificación de largo plazo en América del Norte ya no puede asumir estabilidad institucional como punto de partida. Deberá, en cambio, incorporar la incertidumbre arancelaria como una variable estructural más, tan permanente como cualquier otro factor macroeconómico. Quien no lo entienda así corre el riesgo de quedar, literalmente, fuera de las reglas de origen del futuro.
Ignacio Santillán Luna
23 Junio 2026
La convocatoria de bloqueos nacionales por parte de organizaciones de transportistas en junio de 2026 no debe interpretarse únicamente como una protesta sectorial. Se trata, en realidad, de una advertencia sobre uno de los mayores riesgos estructurales que enfrenta la economía mexicana: la inseguridad en las carreteras.
La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) anunció movilizaciones en los 32 estados del país para exigir mayores condiciones de seguridad, reducción de extorsiones, mejoras regulatorias y acciones concretas frente al incremento de la violencia contra operadores y empresas de transporte. La protesta coincide, además, con uno de los momentos de mayor exposición internacional de México durante el Mundial de Fútbol 2026. Según reportes recientes, los transportistas denuncian que los acuerdos alcanzados previamente con autoridades federales no han producido resultados suficientes para contener los robos, asaltos y extorsiones que afectan diariamente al sector.
Mi tesis es clara: la inseguridad carretera ya dejó de ser un problema exclusivo del sector transporte y se ha convertido en una amenaza para la competitividad internacional de México. Si el país aspira a consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos bajo el fenómeno del nearshoring, necesita garantizar algo elemental: que las mercancías puedan trasladarse de manera segura.
El robo al transporte es una amenaza económica multimillonaria
Las cifras disponibles muestran que la inseguridad en las carreteras tiene un impacto económico mucho mayor del que normalmente aparece en los titulares.
La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) estima que las pérdidas económicas derivadas del robo al transporte de carga superan los 7,000 millones de pesos anuales. Este monto incluye mercancías robadas, daños a unidades, interrupciones operativas, incremento de seguros y costos asociados a la recuperación de vehículos.
Sin embargo, el costo real es probablemente mucho mayor.
Un análisis de El País señala que la violencia relacionada con la inseguridad carretera tuvo un costo aproximado de 269,600 millones de pesos durante 2025, equivalente a cerca del 1% del PIB mexicano. Además, las empresas enfrentan incrementos en seguros, monitoreo satelital, vigilancia privada y rutas alternas para reducir riesgos.
Desde la perspectiva del comercio internacional, estos costos terminan trasladándose al consumidor final. Cuando transportar mercancías se vuelve más caro, los precios aumentan. Es decir, la inseguridad funciona como un impuesto invisible que pagan empresas y consumidores.
México depende de sus carreteras más de lo que muchos imaginan
La gravedad del problema aumenta cuando observamos la estructura logística nacional.
México es una economía profundamente dependiente del transporte terrestre. Según datos citados por diversos análisis económicos, aproximadamente el 68% de las exportaciones mexicanas se movilizan por carretera.
Esto significa que cualquier interrupción en las rutas logísticas afecta directamente a sectores estratégicos como:
Industria automotriz.
Manufactura avanzada.
Agroindustria.
Comercio electrónico.
Exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá.
Industria minera.
La paradoja es evidente.
Mientras México se beneficia del nearshoring y atrae inversiones por miles de millones de dólares para integrarse a las cadenas productivas norteamericanas, las empresas continúan enfrentando riesgos propios de economías con altos niveles de inseguridad.
The Economist y diversos organismos empresariales han advertido en múltiples ocasiones que la competitividad no depende únicamente de salarios bajos o ubicación geográfica privilegiada. También depende de la calidad institucional, la seguridad jurídica y la confiabilidad logística.
En otras palabras, una carretera insegura puede anular parte de las ventajas competitivas que México ha construido durante décadas.
Las cifras mejoran, pero la violencia empeora
Uno de los aspectos más complejos del debate es que las estadísticas presentan señales mixtas.
De acuerdo con CANACAR, los robos al transporte pesado disminuyeron aproximadamente 21% durante 2025 respecto al año anterior. Organismos como AMESIS reportan reducciones cercanas al 22%.
A primera vista, parecería una noticia positiva.
Sin embargo, los propios representantes del sector han advertido que los delitos son cada vez más violentos. Los operadores son sometidos mediante secuestros exprés, agresiones físicas e incluso homicidios en algunas regiones del país.
Entre enero y mayo de 2026 todavía se registraron más de 2,200 robos al transporte de carga, concentrándose principalmente en el Estado de México, Puebla y Guanajuato. Más de la mitad ocurrieron con violencia.
Esta situación genera un efecto adicional: escasez de operadores.
Muchas empresas reportan dificultades crecientes para contratar conductores, quienes consideran que el riesgo laboral supera las compensaciones económicas ofrecidas.
Desde una perspectiva empresarial, esto implica mayores costos salariales y dificultades operativas para toda la cadena logística.
Los bloqueos revelan una crisis de confianza institucional
Las movilizaciones convocadas por los transportistas también reflejan un problema político.
Las organizaciones afirman haber participado en múltiples mesas de diálogo con autoridades federales sin obtener resultados satisfactorios. La exigencia central sigue siendo la misma: seguridad efectiva en las carreteras.
Mientras el gobierno sostiene que existen avances y que la incidencia delictiva ha disminuido, los transportistas consideran que los cambios son insuficientes. Incluso anteriores movilizaciones de agricultores y transportistas surgieron por motivos similares.
Aquí surge una pregunta incómoda.
Si los indicadores oficiales muestran mejoras, ¿por qué los actores directamente afectados siguen sintiendo que la situación es insostenible?
La respuesta probablemente se encuentra en la diferencia entre cantidad y percepción.
Una reducción estadística del delito puede coexistir con niveles de violencia tan elevados que mantengan intacta la sensación de inseguridad.
Para un operador que enfrenta un asalto armado, la discusión sobre si los robos bajaron 20% o 21% resulta poco relevante.
El nearshoring puede verse afectado si no se resuelve el problema
La oportunidad histórica que representa el nearshoring para México podría verse limitada por factores que tradicionalmente se consideraban ajenos al comercio internacional.
Empresas estadounidenses, europeas y asiáticas están trasladando parte de su producción hacia territorio mexicano para acercarse al mercado norteamericano.
Pero esas inversiones dependen de cadenas logísticas confiables.
Un inversionista puede tolerar costos laborales más altos, impuestos moderados o trámites burocráticos complejos. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es el riesgo permanente de perder mercancía durante el transporte.
Según diversos análisis empresariales, los costos de seguridad ya representan hasta el 10% del costo total de algunos viajes terrestres en México. Las primas de seguros han aumentado entre 20% y 30%, mientras algunas aseguradoras han abandonado ciertas rutas consideradas de alto riesgo.
Desde una óptica de negocios internacionales, esto equivale a una pérdida de competitividad.
Mientras Estados Unidos promueve la relocalización industrial hacia México, la inseguridad carretera puede convertirse en uno de los principales obstáculos para consolidar esa estrategia.
¿no se está exagerando el problema?
Algunos analistas sostienen que la situación está mejorando.
Las cifras de CANACAR muestran reducciones importantes en robos durante 2025 y los primeros meses de 2026. El gobierno federal también ha implementado nuevas tecnologías de vigilancia y estrategias coordinadas con la Guardia Nacional.
Este argumento tiene fundamento.
No sería correcto ignorar los avances registrados.
Sin embargo, el hecho de que los propios transportistas mantengan movilizaciones nacionales demuestra que la mejora todavía no se traduce en una percepción de seguridad suficiente para quienes operan diariamente en las carreteras.
La reducción del delito es una condición necesaria, pero no suficiente. La verdadera meta es recuperar la confianza.
Conclusión: la seguridad carretera ya es un tema de competitividad nacional
Los bloqueos convocados por los transportistas no son simplemente una protesta gremial. Son una señal de alerta para toda la economía mexicana.
Las pérdidas directas superan los 7,000 millones de pesos anuales; los costos indirectos alcanzan cientos de miles de millones; las exportaciones dependen en gran medida del transporte terrestre; y la violencia sigue afectando a operadores y empresas pese a la reducción estadística de algunos delitos.
México se encuentra en una coyuntura histórica. El nearshoring, la integración con Norteamérica y las nuevas cadenas globales de suministro ofrecen oportunidades que difícilmente se repetirán en las próximas décadas.
Pero ninguna ventaja geográfica puede compensar indefinidamente una infraestructura logística vulnerable a la delincuencia.
La verdadera discusión ya no es únicamente cuántos robos ocurren en las carreteras mexicanas. La discusión es si México puede convertirse en una potencia logística global mientras miles de transportistas consideran necesario paralizar el país para ser escuchados.
Esa respuesta definirá buena parte de la competitividad mexicana durante la próxima década.
Ignacio Santillán Luna
10 Junio 2026
Durante décadas, la Copa Mundial de la FIFA fue considerada una apuesta segura. Bastaba con que se anunciara una sede para que hoteles, aerolíneas, restaurantes, gobiernos locales y fondos de inversión anticiparan una avalancha de turistas y miles de millones de dólares en derrama económica. Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, la narrativa dominante fue prácticamente la misma: el Mundial era una máquina global de consumo capaz de movilizar masas y transformar temporalmente la economía de los países anfitriones.
Sin embargo, a pocos días del inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, han comenzado a aparecer señales que obligan a replantear esa narrativa. Las reservas hoteleras avanzan más lentamente de lo esperado, la FIFA ha cancelado miles de habitaciones previamente bloqueadas en diversas ciudades sede y, sorprendentemente, todavía existen cientos de miles de boletos disponibles para numerosos partidos.
La pregunta resulta incómoda, pero necesaria: ¿el Mundial ya no atrae como antes?
Mi tesis es que el Mundial sigue siendo el evento deportivo más importante del planeta, pero su capacidad para generar turismo masivo y beneficios económicos automáticos se está debilitando. No estamos viendo el declive del fútbol, sino la transformación de un modelo de negocio que enfrenta nuevos desafíos: precios excesivos, restricciones migratorias, cambios en los hábitos de consumo, saturación de eventos deportivos globales y una economía internacional más incierta que hace apenas una década.
Los datos hoteleros muestran una realidad muy distinta a la esperada
Uno de los indicadores más confiables para medir el interés turístico es el comportamiento de las reservas hoteleras.
Y aquí aparecen las primeras señales de alerta.
Según datos citados por diversos medios especializados y por la consultora CoStar, las ciudades anfitrionas de México y Canadá presentan niveles de ocupación superiores a muchas sedes estadounidenses. Vancouver y Guadalajara lideraban recientemente con tasas cercanas al 48%, mientras Toronto, Ciudad de México y Monterrey superaban el 40%. En contraste, únicamente San Francisco había logrado superar ese umbral dentro de Estados Unidos.
Más preocupante aún es que la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) informó que aproximadamente el 80% de los hoteles en ciudades sede estadounidenses reportaban reservas por debajo de las previsiones iniciales.
En México tampoco se observa el boom esperado. Datos de STR citados por medios nacionales indicaban que las reservas para el partido inaugural rondaban apenas el 36%, una cifra inferior incluso a temporadas veraniegas normales.
La situación ha sido tan llamativa que la propia FIFA ha reducido miles de habitaciones previamente reservadas tanto en Estados Unidos como en Ciudad de México. En la capital mexicana se cancelaron alrededor de 800 habitaciones originalmente apartadas para la logística del torneo.
Desde una perspectiva económica, esto no significa necesariamente que el Mundial vaya a fracasar. Pero sí indica que las expectativas iniciales fueron demasiado optimistas.
El problema no es el fútbol, sino el costo de asistir
Una explicación frecuente en medios deportivos es que los aficionados están esperando hasta el último momento para reservar. Esa posibilidad existe. Sin embargo, diversos análisis sugieren que el problema principal es otro: el costo total de la experiencia mundialista.
Según reportes citados por The Wall Street Journal y replicados por diversos medios internacionales, algunas entradas para la final han alcanzado precios superiores a los 20,000 dólares en reventa. A ello se suman tarifas aéreas elevadas, hospedaje costoso y gastos de transporte entre ciudades extremadamente dispersas.
Aquí aparece una diferencia importante respecto a los Mundiales del pasado.
En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 o Brasil 2014, muchos aficionados podían seguir a su selección desplazándose relativamente dentro de un mismo territorio nacional. En 2026 hablamos de tres países, miles de kilómetros entre sedes y costos logísticos significativamente mayores.
Mientras algunos analistas deportivos en YouTube argumentan que el tamaño del torneo representa una oportunidad única para el turismo regional, otros señalan que precisamente esa dispersión geográfica puede reducir la movilidad de los aficionados más jóvenes o de menor capacidad adquisitiva.
La democratización del fútbol internacional parece estar chocando con la creciente elitización de la experiencia presencial.
El Mundial sigue siendo popular, pero asistir se ha convertido en un lujo para una proporción creciente de aficionados.
La geopolítica también está influyendo en el turismo deportivo
Un elemento poco discutido es que el Mundial 2026 se desarrolla en un contexto político muy distinto al de torneos anteriores.
Diversos análisis internacionales señalan que las políticas migratorias estadounidenses, las dificultades para obtener visas y la percepción de un entorno menos amigable para algunos visitantes extranjeros han comenzado a influir en las decisiones de viaje.
Mientras medios occidentales como BBC han destacado las preocupaciones del sector hotelero respecto a la baja demanda, otros análisis enfatizan el impacto de los controles fronterizos y la incertidumbre regulatoria.
Desde la perspectiva del comercio internacional, esto resulta particularmente relevante.
El turismo es una exportación invisible. Cuando un visitante extranjero consume hospedaje, transporte o entretenimiento en un país, está inyectando divisas exactamente igual que cuando compra bienes exportados.
Por ello, cualquier barrera que dificulte la llegada de turistas termina afectando directamente a sectores económicos clave.
Paradójicamente, México parece estar beneficiándose parcialmente de esta situación. Según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), México registró en 2025 un mejor desempeño turístico que Estados Unidos y Canadá en varios indicadores relevantes. Las llegadas internacionales crecieron 6.1%, mientras Estados Unidos registró una caída del 5.5%.
Esto podría explicar por qué ciudades mexicanas mantienen niveles de demanda relativamente sólidos pese al contexto general de desaceleración.
El Mundial compite hoy contra un ecosistema digital que no existía hace veinte años
Otro factor estructural suele pasar desapercibido.
El Mundial de 1998 o incluso el de 2010 eran experiencias esencialmente presenciales o televisivas. Hoy el consumidor deportivo tiene acceso a transmisiones en ultra alta definición, estadísticas en tiempo real, redes sociales, contenido exclusivo, realidad aumentada y experiencias digitales inmersivas.
La pregunta ya no es solamente si alguien ama el fútbol.
La pregunta es si vale la pena gastar varios miles de dólares para vivir algo que puede seguir prácticamente en tiempo real desde cualquier lugar del planeta.
Aquí encontramos una transformación profunda del comportamiento del consumidor.
El aficionado moderno valora cada vez más la relación costo-beneficio. El simple prestigio de asistir a un Mundial ya no justifica automáticamente el gasto.
Esto ayuda a explicar por qué la FIFA ha ampliado constantemente el número de selecciones participantes y el número total de partidos. La organización busca compensar una posible desaceleración del interés presencial mediante mayores ingresos por derechos audiovisuales, patrocinadores globales y plataformas digitales.
En otras palabras, el negocio del fútbol está migrando gradualmente del estadio hacia la pantalla.
El Mundial sigue siendo rentable, pero no necesariamente para todos
Existe una diferencia fundamental entre el éxito de la FIFA y el éxito económico de las ciudades anfitrionas.
La FIFA obtiene ingresos principalmente por derechos televisivos, patrocinios globales y venta de entradas. Los gobiernos locales, en cambio, justifican inversiones públicas prometiendo beneficios indirectos relacionados con turismo, empleo e infraestructura.
Históricamente, numerosos estudios académicos han demostrado que estos beneficios suelen ser inferiores a las estimaciones iniciales.
Lo que estamos observando en 2026 podría ser simplemente una manifestación más visible de ese fenómeno.
Aunque la ocupación hotelera se mantenga por debajo de las expectativas más optimistas, el Mundial seguirá generando miles de millones de espectadores, ingresos publicitarios récord y enorme exposición mediática global.
La FIFA probablemente declarará un éxito comercial.
La pregunta es si hoteles, restaurantes, aerolíneas y contribuyentes obtendrán los mismos beneficios prometidos.
Los datos preliminares sugieren que la respuesta será mucho más matizada de lo que esperaban los organizadores.
¿No es demasiado pronto para hablar de una menor atracción?
Los defensores de una visión más optimista plantean un argumento razonable.
Muchos aficionados reservan vuelos y hoteles a última hora, especialmente cuando se definen los cruces de eliminación directa. Además, la expansión a 48 selecciones podría generar una asistencia total récord durante el torneo.
Ese argumento tiene mérito.
De hecho, algunos operadores turísticos siguen confiando en una fuerte aceleración de las reservas durante las semanas finales.
Sin embargo, incluso si la demanda aumenta significativamente durante el torneo, el hecho de que hoteles y autoridades hayan reducido expectativas tan cerca del evento ya constituye una señal relevante.
Los grandes eventos turísticos suelen generar entusiasmo visible con mucha anticipación. Cuando eso no ocurre, generalmente existe una razón estructural detrás.
Conclusión: el Mundial no está muriendo, pero sí está cambiando
Decir que el Mundial ya no atrae como antes sería una exageración. La Copa del Mundo sigue siendo el evento deportivo más visto del planeta y probablemente romperá múltiples récords de audiencia en 2026.
Pero también sería un error ignorar las señales que están enviando los mercados.
Las reservas hoteleras más débiles de lo previsto, las cancelaciones de habitaciones por parte de la FIFA, los elevados costos para los aficionados y las nuevas barreras geopolíticas muestran que el modelo económico tradicional de los grandes eventos deportivos está cambiando.
La verdadera lección para México, Estados Unidos y Canadá es que ya no basta con organizar un Mundial para garantizar automáticamente una explosión turística.
El consumidor global es más selectivo, más digital y más sensible a los precios que nunca.
Quizá el Mundial siga atrayendo a miles de millones de espectadores. Pero cada vez parece menos seguro que esos espectadores estén dispuestos a comprar un boleto de avión, reservar una habitación de hotel y cruzar fronteras para vivirlo en persona.
Y esa diferencia podría definir el futuro económico de los grandes eventos deportivos durante las próximas décadas.
Ignacio Santillán Luna
28 Mayo 2026
Durante décadas, el Canal de Panamá ha sido uno de los símbolos más poderosos del comercio mundial. Cerca del 5% del comercio marítimo global pasa por esa vía, conectando el Atlántico y el Pacífico en una de las rutas logísticas más estratégicas del planeta. Sin embargo, en los últimos años, México ha intentado posicionar al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) como una alternativa capaz de competir con el canal panameño y aprovechar las transformaciones geoeconómicas derivadas del nearshoring, la rivalidad entre Estados Unidos y China y la crisis logística global.
La narrativa oficial mexicana presenta al CIIT como una obra histórica capaz de detonar desarrollo en el sur-sureste del país, atraer inversiones multimillonarias y convertir a México en un nodo logístico internacional. No obstante, la pregunta central sigue abierta: ¿el Corredor Interoceánico realmente puede competir con el Canal de Panamá o estamos frente a un proyecto con un fuerte valor político y geopolítico, pero con limitaciones estructurales importantes?
Mi postura es clara: el CIIT no reemplazará ni competirá directamente con el Canal de Panamá en términos de volumen marítimo global, pero sí puede convertirse en un corredor logístico complementario con relevancia estratégica regional para Norteamérica. El problema es que gran parte del discurso político ha sobredimensionado sus capacidades reales, ignorando desafíos financieros, operativos, industriales y de seguridad que podrían limitar seriamente su impacto económico.
El contexto global favorece nuevas rutas logísticas
El proyecto mexicano no surge en el vacío. El comercio internacional atraviesa una etapa de reconfiguración acelerada. La pandemia, la guerra en Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, los ataques a rutas marítimas en el Mar Rojo y la crisis hídrica que afectó al Canal de Panamá en 2023 y 2024 demostraron que las cadenas de suministro globales necesitan alternativas logísticas más resilientes.
Según análisis publicados por BBC News Mundo y Deutsche Welle, las restricciones operativas en Panamá derivadas de la sequía redujeron considerablemente el número de buques diarios autorizados a cruzar el canal, generando retrasos, sobrecostos y desvíos de rutas comerciales. Esa situación abrió espacio para discutir proyectos alternativos en América Latina.
Desde la perspectiva de medios chinos como CGTN Español, el CIIT representa una oportunidad estratégica para fortalecer la conectividad continental y ampliar la integración comercial entre Asia y América del Norte. La narrativa china suele enfatizar el potencial de infraestructura y el papel de México como puente logístico global. Sin embargo, detrás de ese entusiasmo existe también un evidente interés geopolítico: China busca rutas más diversificadas para reducir vulnerabilidades en el comercio transpacífico.
RT, por su parte, ha presentado el proyecto como parte de un reordenamiento del comercio mundial donde Estados Unidos intenta recuperar capacidad industrial regional mediante el nearshoring. Bajo esa óptica, el CIIT sería funcional a la estrategia estadounidense de relocalización manufacturera en América del Norte.
En contraste, medios financieros occidentales como The Economist o El Confidencial han sido mucho más cautelosos. Aunque reconocen el valor estratégico del corredor, insisten en que el Canal de Panamá mantiene ventajas estructurales enormes: eficiencia marítima, economías de escala, infraestructura consolidada y una posición dominante en el comercio interoceánico global.
Y tienen razón.
Panamá sigue jugando en otra liga
La principal exageración alrededor del CIIT es compararlo directamente con el Canal de Panamá como si ambos modelos fueran equivalentes. No lo son.
El Canal de Panamá moviliza anualmente más de 500 millones de toneladas de carga y genera miles de millones de dólares en ingresos logísticos. Su principal ventaja es evidente: permite el tránsito continuo de barcos entre océanos sin necesidad de descargar mercancías.
El CIIT opera bajo una lógica distinta. El modelo mexicano requiere descargar contenedores en puertos como Salina Cruz y Coatzacoalcos, transportarlos vía ferroviaria a través del Istmo de Tehuantepec y volver a embarcarlos. Aunque el sistema puede reducir ciertos tiempos logísticos para mercados específicos, implica costos adicionales de manipulación, coordinación aduanera y transporte terrestre.
En otras palabras, el corredor mexicano no sustituye al canal panameño; funciona más como una plataforma logística multimodal.
Incluso expertos logísticos citados por Deutsche Welle y análisis económicos internacionales han señalado que el CIIT tendría mayor potencial como corredor regional de manufactura y distribución industrial para Norteamérica que como competidor marítimo global de Panamá.
La diferencia es fundamental.
Panamá conecta océanos. México intenta conectar cadenas industriales.
El verdadero objetivo: nearshoring y geopolítica industrial
Donde el CIIT sí puede adquirir relevancia estratégica es en el contexto del nearshoring.
Estados Unidos busca reducir su dependencia manufacturera de Asia, particularmente de China. México, gracias al T-MEC, su cercanía geográfica y menores costos laborales, se ha convertido en uno de los principales receptores potenciales de relocalización industrial.
En ese escenario, el Istmo de Tehuantepec podría transformarse en un corredor industrial-logístico capaz de atraer ensamblaje, almacenamiento, parques industriales y centros de distribución orientados al mercado estadounidense.
La clave no está únicamente en mover mercancías entre océanos, sino en integrar producción, logística y exportación.
De acuerdo con reportes oficiales y análisis retomados por medios como El Financiero y Milenio, el proyecto contempla polos de desarrollo industrial, modernización ferroviaria, ampliación portuaria y estímulos fiscales para atraer inversión privada.
Sin embargo, aquí surge uno de los grandes problemas estructurales: la infraestructura por sí sola no garantiza industrialización.
México lleva décadas desarrollando corredores logísticos y zonas maquiladoras sin lograr necesariamente cadenas productivas nacionales robustas. Existe el riesgo de que el CIIT termine funcionando principalmente como una plataforma de ensamblaje dependiente de capital extranjero y bajo contenido tecnológico nacional.
Algunos analistas en YouTube especializados en geopolítica y comercio internacional han insistido precisamente en este punto. Muchos de estos canales presentan al corredor como “el proyecto que cambiará el comercio mundial”, pero frecuentemente omiten discutir cuestiones críticas como:
la limitada capacidad ferroviaria frente al volumen marítimo panameño,
la inseguridad en ciertas regiones del sureste,
la falta de proveedores industriales nacionales,
los retos energéticos,
y la insuficiente integración logística con cadenas productivas mexicanas.
En varios casos, el tono de estos análisis parece responder más a narrativas nacionalistas o expectativas políticas que a evaluaciones logísticas rigurosas.
Las cifras generan entusiasmo… pero también dudas
El gobierno mexicano ha promovido cifras ambiciosas sobre inversión y capacidad operativa. Se han destinado decenas de miles de millones de pesos para rehabilitación ferroviaria, modernización portuaria y construcción de polos de desarrollo.
No obstante, la escala sigue siendo relativamente modesta frente al Canal de Panamá.
Mientras Panamá maneja miles de barcos anualmente con infraestructura marítima altamente especializada, el CIIT todavía enfrenta desafíos de consolidación operativa. Diversos reportes periodísticos han señalado retrasos, ajustes técnicos y dudas sobre la demanda real que podría captar el corredor en el corto plazo.
The Economist ha advertido en diversos análisis sobre infraestructura latinoamericana que muchos megaproyectos regionales suelen sobreestimar el volumen futuro de carga y subestimar costos operativos y riesgos políticos.
Ese riesgo existe claramente en el caso mexicano.
La gran incógnita es si realmente habrá suficiente flujo comercial dispuesto a asumir el costo logístico adicional de descargar y transportar mercancías por vía terrestre en lugar de utilizar directamente Panamá.
Para ciertos sectores específicos —automotriz, manufactura regional, cadenas de suministro norteamericanas— la respuesta podría ser sí.
Pero para el comercio marítimo masivo global, la ventaja competitiva panameña sigue siendo considerablemente superior.
El factor China y la nueva competencia geoeconómica
Existe además una dimensión geopolítica que rara vez se discute abiertamente.
El Corredor Interoceánico no solo interesa a México. También interesa a Estados Unidos, China y otros actores globales que observan la disputa por las rutas comerciales estratégicas del siglo XXI.
Estados Unidos ve con interés cualquier infraestructura que fortalezca cadenas regionales de suministro bajo influencia norteamericana. Al mismo tiempo, Washington mantiene cautela respecto a una posible participación excesiva de capital chino en proyectos estratégicos mexicanos.
China, por otro lado, observa al Istmo como una posible puerta logística complementaria para mantener acceso al mercado norteamericano en un entorno cada vez más proteccionista.
Aquí México enfrenta un delicado equilibrio diplomático y económico.
El CIIT podría beneficiar a México si logra atraer inversiones diversificadas y fortalecer cadenas productivas nacionales. Pero también podría convertirse en un nuevo espacio de disputa geopolítica entre Washington y Pekín.
Y la historia demuestra que los países que no desarrollan capacidad industrial propia suelen terminar atrapados entre intereses externos más poderosos.
El problema interno que pocos quieren discutir
Existe otro obstáculo mucho más complejo que la competencia con Panamá: las condiciones internas de México.
Ningún corredor logístico puede convertirse en plataforma industrial global sin:
seguridad jurídica,
energía suficiente,
infraestructura eficiente,
capital humano especializado,
conectividad multimodal,
y estabilidad política.
El sur-sureste mexicano históricamente ha enfrentado rezagos estructurales importantes. Aunque el CIIT busca precisamente detonar desarrollo regional, los desafíos siguen siendo enormes.
Además, persisten preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con comunidades indígenas, impacto ecológico y ordenamiento territorial. Algunos medios internacionales y organizaciones civiles han advertido que el desarrollo acelerado del corredor podría generar tensiones sociales si no existe una estrategia integral de inclusión económica local.
Ese punto es relevante porque muchos megaproyectos latinoamericanos fracasan no por falta de visión geopolítica, sino por debilidades institucionales internas.
El argumento favorable: por qué el proyecto sí importa
A pesar de las críticas, sería un error minimizar completamente el potencial estratégico del CIIT.
México necesita urgentemente desarrollar infraestructura logística moderna si quiere aprovechar la reconfiguración del comercio global. El nearshoring representa probablemente la mayor oportunidad industrial para el país desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
Además, el corredor puede ayudar a reducir desigualdades regionales históricas, atraer inversión al sur-sureste y fortalecer la posición logística mexicana dentro de América del Norte.
Incluso si nunca iguala al Canal de Panamá, eso no significa que el proyecto sea irrelevante.
Singapur no domina el comercio mundial porque sustituya canales marítimos, sino porque construyó un ecosistema logístico, financiero e industrial altamente integrado. El verdadero valor del CIIT dependerá menos de competir con Panamá y más de su capacidad para crear cadenas productivas eficientes alrededor del corredor.
Ahí está la verdadera batalla.
Conclusión: el CIIT no reemplazará a Panamá, pero podría redefinir el papel logístico de México
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido presentado frecuentemente como el futuro rival del Canal de Panamá. Esa narrativa resulta atractiva políticamente, pero simplifica excesivamente la realidad.
México no está construyendo un nuevo Canal de Panamá. Está intentando construir algo diferente: una plataforma logística-industrial integrada al nuevo mapa geoeconómico de Norteamérica.
La diferencia importa.
Panamá seguirá siendo, por décadas, una de las rutas marítimas más eficientes y estratégicas del mundo. Su escala, experiencia e infraestructura continúan siendo difíciles de igualar.
Sin embargo, el CIIT sí podría convertirse en un nodo regional relevante si logra:
consolidar infraestructura eficiente,
atraer inversión productiva,
integrar proveedores nacionales,
fortalecer cadenas industriales,
y aprovechar el nearshoring de manera inteligente.
El mayor riesgo no es que el corredor fracase como “competidor de Panamá”. El mayor riesgo es que México vuelva a repetir un patrón histórico: construir infraestructura sin desarrollar plenamente capacidad industrial propia.
Porque al final, las rutas comerciales por sí solas no generan poder económico duradero. Lo generan las industrias, la innovación y las cadenas de valor que se construyen alrededor de ellas.
Y esa sigue siendo la gran asignatura pendiente de México.
Ignacio Santillán Luna
20 Mayo 2026
México atraviesa una paradoja incómoda. Mientras el país presume ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y una plataforma estratégica para el nearshoring, sus aduanas operan bajo crecientes signos de saturación, incertidumbre y desconfianza. Lo que debería ser un sistema eficiente para facilitar el comercio exterior se ha convertido, para muchas empresas, en una fuente constante de retrasos, costos ocultos, riesgos regulatorios y, en algunos casos, corrupción abierta o sofisticadas estafas fiscales.
La reforma a la Ley Aduanera de 2026 fue presentada por el gobierno mexicano como un paso decisivo hacia la digitalización, la trazabilidad y el combate al contrabando. Sin embargo, en la práctica, el nuevo marco normativo también ha expuesto las profundas debilidades estructurales del sistema aduanero nacional: infraestructura insuficiente, burocracia tecnológica, discrecionalidad administrativa y una presión fiscal que muchas veces parece priorizar la recaudación sobre la competitividad.
El problema ya no es únicamente operativo. Es económico, geopolítico y estratégico. Si México aspira a consolidarse como un nodo industrial global en medio de la reconfiguración de las cadenas de suministro, necesita aduanas modernas, rápidas y transparentes. Hoy, ocurre exactamente lo contrario.
La nueva Ley Aduanera: más control, pero no necesariamente más eficiencia
La narrativa oficial sostiene que las reformas recientes buscan cerrar espacios al contrabando técnico, fortalecer la fiscalización y profesionalizar las operaciones aduaneras. De acuerdo con análisis especializados publicados por PwC México y medios del sector logístico, la reforma obliga a implementar sistemas electrónicos de control de inventarios, videovigilancia y trazabilidad en tiempo real.
En teoría, esto representa un avance lógico para un país que moviliza cientos de miles de millones de dólares en comercio exterior cada año. El problema es que el Estado mexicano parece haber confundido digitalización con sobrecarga burocrática.
Empresas importadoras, agentes aduanales y operadores logísticos coinciden en que el nuevo modelo incrementó las revisiones, endureció criterios documentales y elevó significativamente el riesgo de sanciones por errores administrativos menores. Según reportes del sector logístico, los tiempos de despacho aumentaron entre 20% y 40% en algunas aduanas clave del país durante los primeros meses de 2026.
El discurso gubernamental habla de “trazabilidad”; el sector privado habla de “parálisis operativa”.
La tensión es evidente. Mientras algunos especialistas consideran indispensable endurecer controles frente al crecimiento del contrabando y el lavado de dinero, otros advierten que la reforma fue diseñada sin considerar la capacidad real de implementación. Un análisis de T21 señaló que ciertas disposiciones del nuevo artículo 86-A prácticamente bloquearon operaciones del régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico por exigir mecanismos financieros que ni siquiera estaban plenamente habilitados.
Es decir: la ley exige procesos que el propio sistema aún no puede ejecutar eficientemente.
Retrasos aduaneros: el costo invisible que erosiona la competitividad mexicana
En el comercio internacional moderno, el tiempo vale dinero. Un retraso de días en aduanas puede traducirse en pérdida de contratos, penalizaciones logísticas, ruptura de cadenas productivas o inflación de inventarios. Y México comienza a acumular demasiadas señales de alerta.
Puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como cruces fronterizos estratégicos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muestran síntomas recurrentes de saturación.
La paradoja resulta preocupante: mientras Estados Unidos y China rediseñan cadenas globales de suministro tras la pandemia y la guerra comercial, México debería estar aprovechando una oportunidad histórica. Sin embargo, la incertidumbre aduanera se está convirtiendo en un freno silencioso para el nearshoring.
Desde una perspectiva económica, esto tiene implicaciones profundas. El atractivo de México no depende únicamente de su cercanía geográfica con Estados Unidos o del T-MEC. También depende de la velocidad y certidumbre logística. Una fábrica automotriz o tecnológica no puede operar con aduanas impredecibles.
Incluso sectores empresariales han advertido que la incertidumbre jurídica y regulatoria limita el verdadero potencial del nearshoring.
Aquí emerge un problema estructural: el Estado mexicano parece asumir que más controles equivalen automáticamente a mayor eficiencia y menor corrupción. La evidencia internacional demuestra lo contrario. Los sistemas aduaneros más eficaces del mundo —Singapur, Corea del Sur o Países Bajos— no destacan por tener más revisiones físicas, sino por combinar inteligencia de riesgo, automatización y certidumbre regulatoria.
México, en cambio, sigue atrapado en una lógica híbrida: digitaliza procesos, pero conserva prácticas administrativas lentas, discrecionales y excesivamente centralizadas.
Las estafas aduaneras: el verdadero agujero negro del comercio mexicano
Uno de los datos más alarmantes surgió recientemente de un informe de Global Financial Integrity (GFI), retomado por La Jornada: México habría perdido uno de cada cuatro dólares relacionados con comercio exterior debido a fraudes de facturación y operaciones ilícitas vinculadas a aduanas.
La cifra resulta devastadora porque revela que el problema no es únicamente operativo, sino sistémico.
La subvaluación de mercancías, la triangulación comercial, las empresas fantasma y la manipulación documental siguen siendo mecanismos frecuentes para evasión fiscal y lavado de dinero. Y aunque el gobierno presume una militarización parcial de las aduanas como herramienta anticorrupción, los resultados continúan siendo ambiguos.
En teoría, la presencia militar debía cerrar espacios a redes corruptas históricamente incrustadas en puertos y cruces fronterizos. En la práctica, persisten denuncias sobre extorsión, cobros ilegales y penetración criminal.
Diversas discusiones públicas y reportes periodísticos han señalado que grupos criminales continúan operando alrededor de aduanas estratégicas, imponiendo incluso “tarifas paralelas” a empresas transportistas y operadores logísticos.
Aunque las fuentes comunitarias como Reddit deben analizarse con cautela, reflejan una percepción creciente dentro del sector logístico: el problema de seguridad en las aduanas no desapareció; simplemente mutó.
A ello se suma otro fenómeno: la hiperfiscalización puede terminar incentivando nuevas formas de corrupción. Cuando las reglas son excesivamente complejas, la discrecionalidad administrativa aumenta. Y donde existe discrecionalidad sin supervisión efectiva, suele aparecer corrupción.
La experiencia latinoamericana demuestra que los sistemas aduaneros más vulnerables no son necesariamente los menos regulados, sino aquellos donde las normas cambian constantemente y dejan demasiado margen interpretativo a la autoridad.
El comercio exterior mexicano enfrenta una crisis de confianza
Uno de los elementos más preocupantes es el deterioro gradual de la confianza entre Estado y sector privado.
La reforma aduanera endureció responsabilidades para agentes aduanales y empresas importadoras, ampliando riesgos legales y financieros.
Desde la visión oficial, esto busca cerrar espacios a simulaciones fiscales. Pero desde la óptica empresarial, muchas medidas parecen asumir que todo operador privado es potencialmente sospechoso.
Ese enfoque tiene consecuencias. Las empresas incrementan costos de cumplimiento, elevan reservas financieras, contratan más consultoría especializada y ralentizan decisiones de inversión. El comercio se vuelve más caro incluso cuando no existe irregularidad alguna.
Además, México enfrenta un problema de percepción internacional. Medios europeos y estadounidenses han señalado reiteradamente la relación entre crimen organizado, puertos estratégicos y debilidad institucional. Incluso decomisos recientes de narcóticos en el AICM evidencian que las redes criminales continúan buscando infiltrar cadenas logísticas y sistemas de transporte internacional.
La consecuencia geopolítica es delicada. Estados Unidos observa las aduanas mexicanas no solo como un asunto comercial, sino también de seguridad nacional. El tráfico de fentanilo, lavado de dinero y contrabando presionan constantemente la agenda bilateral.
Por ello, la eficiencia aduanera mexicana dejó de ser únicamente un tema técnico. Hoy forma parte de la discusión estratégica entre Washington y Ciudad de México.
Los defensores de la reforma tienen un argumento válido… pero insuficiente
Sería injusto afirmar que el gobierno carece completamente de razones para endurecer controles. México sí enfrenta problemas graves de contrabando, evasión y lavado de dinero. La magnitud de los flujos ilícitos documentados por GFI demuestra que el modelo previo era insuficiente.
También es cierto que durante años existieron esquemas de simulación fiscal facilitados por redes empresariales, operadores aduaneros corruptos y vacíos regulatorios.
Sin embargo, combatir delitos económicos no debería traducirse en castigar indiscriminadamente la actividad legítima.
Ese es el gran riesgo de la actual política aduanera mexicana: construir un sistema obsesionado con controlar, pero incapaz de facilitar. Y una aduana que solo fiscaliza, sin facilitar comercio, termina debilitando la competitividad nacional.
Las economías exitosas entienden que la seguridad y la eficiencia no son objetivos opuestos. De hecho, los sistemas más seguros suelen ser también los más ágiles, porque utilizan inteligencia tecnológica avanzada y análisis predictivo, no saturación burocrática.
México aún parece operar bajo una lógica analógica en un mundo digital.
Conclusión: México necesita una revolución aduanera, no solo reformas legales
Las aduanas mexicanas representan hoy uno de los mayores cuellos de botella para el crecimiento económico del país. Retrasos operativos, saturación logística, nuevas cargas regulatorias, incertidumbre jurídica y persistencia de esquemas fraudulentos conforman un escenario preocupante para una economía que aspira a convertirse en potencia manufacturera regional.
La reforma a la Ley Aduanera de 2026 nació con objetivos legítimos: combatir evasión, fortalecer trazabilidad y modernizar operaciones. Pero una buena intención no garantiza una buena implementación.
El riesgo es claro: que México termine construyendo un sistema aduanero más rígido, más costoso y más lento justo en el momento histórico en que debería volverse más competitivo, ágil y confiable.
La discusión de fondo no debería ser si se necesita más control o menos control. La verdadera pregunta es otra: ¿puede México construir aduanas capaces de combatir la ilegalidad sin paralizar el comercio legítimo?
Porque si la respuesta termina siendo negativa, el país podría desperdiciar una de las mayores oportunidades económicas de las últimas décadas. Y en el comercio global, las oportunidades perdidas rara vez regresan dos veces.
Ignacio Santillán Luna
22 Febrero 2026
El reciente operativo federal contra Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, representa uno de los episodios más significativos en la política de seguridad mexicana de los últimos años. Más allá del impacto inmediato en términos de violencia y control territorial, este acontecimiento tiene implicaciones económicas, financieras y geopolíticas que merecen un análisis profundo y desapasionado.
Desde la perspectiva del comercio internacional y los mercados globales, la captura o neutralización de un actor criminal de esta magnitud no es solo un asunto de seguridad pública: es un evento con potencial de alterar percepciones de riesgo país, flujos de inversión extranjera directa (IED), cadenas logísticas y la relación bilateral con Estados Unidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Mi tesis es clara: el operativo contra “El Mencho” abre una ventana de oportunidad para fortalecer la institucionalidad económica de México, pero también expone las limitaciones estructurales de una estrategia que, si no se acompaña de reformas profundas, puede generar efectos económicos adversos en el corto plazo y una reconfiguración incierta del crimen organizado en el mediano plazo.
1. Seguridad y percepción de riesgo: el impacto inmediato en los mercados
Los medios tradicionales han cubierto el operativo con distintos énfasis. Mientras BBC News Mundo suele contextualizar estos hechos dentro de la evolución de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, destacando las cifras de violencia y su impacto social, The Economist tiende a analizar la estabilidad institucional y la confianza de los inversionistas como variables centrales.
Desde una perspectiva financiera, los mercados reaccionan no solo a los hechos, sino a la incertidumbre. Operativos de alto perfil suelen generar episodios de volatilidad cambiaria y bursátil, particularmente cuando implican bloqueos, quema de vehículos o interrupciones logísticas en estados estratégicos como Jalisco, Colima o Michoacán.
En análisis previos, The Economist ha señalado que la violencia del narcotráfico incrementa el “costo México” en términos de primas de riesgo, seguros, logística y seguridad privada. Por su parte, DW ha subrayado que la percepción internacional sobre el Estado de derecho influye directamente en la decisión de empresas europeas de expandir operaciones en América Latina.
Mi análisis es que el operativo, en sí mismo, no deteriora la percepción de riesgo; lo que realmente impacta es la capacidad del Estado para evitar una escalada posterior. Si la acción demuestra control territorial y coordinación institucional, podría incluso enviar una señal positiva de gobernabilidad. Si, por el contrario, deriva en fragmentación criminal y violencia prolongada, el efecto neto será negativo.
2. Nearshoring y cadenas de suministro: ¿riesgo o reafirmación?
En el contexto actual de reconfiguración de cadenas globales —marcado por tensiones entre Estados Unidos y China— México ha emergido como uno de los principales beneficiarios del nearshoring. La proximidad geográfica, el T-MEC y los costos competitivos han impulsado inversiones en manufactura avanzada, semiconductores y logística.
Sin embargo, la presencia del CJNG en corredores estratégicos —puertos como Manzanillo o nodos logísticos en el Bajío— introduce un factor de riesgo estructural. Diversos análisis de El Confidencial y CGTN Español han coincidido en que la seguridad es uno de los principales desafíos para consolidar a México como socio confiable en las cadenas globales.
Desde el punto de vista del comercio internacional, la pregunta clave es: ¿el operativo fortalece o debilita la narrativa de México como destino seguro de inversión?
Mi postura es que, estratégicamente comunicado, puede fortalecerla. La eliminación de un liderazgo criminal reduce la capacidad de coerción centralizada. No obstante, si el vacío de poder genera disputas internas y afecta rutas logísticas, las empresas podrían optar por diversificar riesgos hacia otros destinos como Vietnam o incluso Estados del sur de EE. UU.
El comercio internacional es sensible a la estabilidad. No basta con tratados; se requiere previsibilidad operativa.
3. Dimensión geopolítica: cooperación con EE. UU. y soberanía estratégica
El CJNG no es solo un actor nacional; es una organización con redes transnacionales de tráfico hacia Estados Unidos y Asia. En este sentido, el operativo tiene una dimensión geopolítica evidente.
Medios como RT suelen enfatizar la cooperación bilateral en materia de inteligencia, a veces interpretándola como una muestra de dependencia estructural de México respecto a Washington. En contraste, BBC News Mundo y DW destacan la necesidad de coordinación frente a un fenómeno transfronterizo como el tráfico de fentanilo.
Desde la lógica del comercio internacional, la cooperación en seguridad es un componente implícito del T-MEC. La estabilidad institucional y el combate al crimen organizado forman parte del ecosistema que sostiene el intercambio comercial.
No obstante, existe un delicado equilibrio entre colaboración y soberanía. Un involucramiento excesivo de agencias extranjeras puede alimentar narrativas internas de subordinación, mientras que una cooperación insuficiente puede tensar la relación bilateral y generar presiones comerciales indirectas.
El operativo, por tanto, no es solo un acto de seguridad interna; es también un mensaje diplomático.
4. Impacto en finanzas públicas y economía informal
La violencia asociada al narcotráfico tiene costos económicos directos: daños a infraestructura, interrupciones productivas y aumento del gasto en seguridad. Pero también tiene efectos indirectos menos visibles.
Estudios citados por The Economist y análisis académicos retomados por DW indican que la inseguridad desalienta la formalización empresarial. Cuando el crimen organizado impone “cuotas” o controla territorios, distorsiona precios, desalienta inversión y fomenta economías paralelas.
El operativo contra “El Mencho” puede generar un efecto positivo si logra desarticular redes de extorsión y lavado de dinero. Sin embargo, el riesgo es la fragmentación del grupo en células más pequeñas y menos controlables, lo que podría incrementar la competencia violenta por territorios.
Desde una perspectiva fiscal, la estabilidad reduce costos y amplía la base tributaria. Desde una perspectiva financiera, mejora la calificación crediticia soberana al disminuir riesgos estructurales.
5. Narrativas en YouTube: entre el análisis crítico y la polarización
Los canales de análisis político y geopolítico en YouTube han reaccionado con rapidez. Algunos adoptan una narrativa triunfalista, presentando el operativo como “el fin del CJNG”. Otros advierten sobre una posible escalada similar a la ocurrida tras la captura de líderes de otros cárteles.
En términos argumentativos, los títulos suelen enfatizar palabras como “golpe histórico” o “inicio de guerra interna”, buscando maximizar impacto emocional. Las descripciones destacan supuestas consecuencias inmediatas en la relación con Estados Unidos o en el precio del dólar, aunque no siempre con respaldo empírico.
El problema de estas narrativas es que tienden a simplificar un fenómeno complejo. El crimen organizado opera bajo lógicas empresariales: diversificación, descentralización y adaptación. Pensar que la neutralización de un líder implica el colapso automático de la organización es desconocer la dinámica de redes ilícitas transnacionales.
Desde un punto de vista analítico, es más probable una reconfiguración que una desaparición.
Contrargumentos y refutación
Una objeción común sostiene que la captura o muerte de un líder criminal siempre genera más violencia y, por tanto, es contraproducente. La experiencia histórica muestra que esto puede ocurrir cuando no existe una estrategia integral posterior.
Sin embargo, la alternativa —la inacción— perpetúa la impunidad y consolida estructuras paralelas de poder. La clave no es evitar los operativos, sino acompañarlos de fortalecimiento institucional, inteligencia financiera y desarrollo regional.
Otro argumento afirma que estos eventos afectan gravemente la economía. En realidad, los mercados distinguen entre eventos coyunturales y riesgos estructurales. Si el Estado demuestra control y continuidad operativa, el impacto puede ser transitorio.
Conclusión
El operativo contra “El Mencho” no debe analizarse únicamente como un episodio de seguridad pública. Es un evento con implicaciones económicas, financieras y geopolíticas profundas.
En el corto plazo, puede generar volatilidad y tensiones regionales. En el mediano plazo, abre la posibilidad de fortalecer la credibilidad institucional de México ante inversionistas y socios comerciales. Pero esta oportunidad solo se materializará si el Estado logra evitar la fragmentación violenta y consolidar una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico y cooperación internacional equilibrada.
México se encuentra en una encrucijada: convertir un golpe táctico en una ventaja estratégica o permitir que la reconfiguración criminal erosione nuevamente su potencial como potencia manufacturera emergente.
La seguridad no es un tema aislado de la economía; es uno de sus fundamentos invisibles. Y en un mundo donde las cadenas globales buscan certidumbre, la gobernabilidad se convierte en la moneda más valiosa.
Ignacio Santillán Luna
19 Febrero 2026
México enfrenta una paradoja histórica: es la segunda economía más grande de América Latina, miembro del G20 y socio estratégico en el T-MEC, pero mantiene uno de los niveles más bajos de penetración financiera entre las economías de la OCDE.
Durante años, la bancarización limitada y el bajo acceso al crédito han sido un freno estructural para la productividad, el emprendimiento y la integración competitiva del país en las cadenas globales de valor. En ese contexto emergen las fintech —empresas de tecnología financiera— como actores disruptivos que prometen inclusión, eficiencia y competencia. Sin embargo, el debate no debe centrarse en la narrativa de innovación per se, sino en sus implicaciones económicas, regulatorias y geopolíticas.
Mi tesis es clara: las fintech en México representan una oportunidad estratégica para ampliar el acceso al crédito y dinamizar la economía, pero sin un ecosistema regulatorio, digital y educativo sólido, podrían reproducir —e incluso profundizar— las desigualdades estructurales que pretenden resolver.
I. La bancarización en México: avances insuficientes
Diversos análisis de BBC News Mundo y DW han subrayado que México ha avanzado en inclusión financiera en la última década, especialmente a través de transferencias digitales y programas sociales, pero sigue rezagado frente a estándares internacionales.
Datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que alrededor del 50-55% de los adultos mexicanos cuenta con algún producto financiero formal, cifra inferior al promedio latinoamericano en economías como Brasil o Chile. Aún más crítico es el acceso al crédito: el crédito al sector privado representa aproximadamente 35-40% del PIB, mientras que en economías desarrolladas supera con facilidad el 100%.
Desde una perspectiva de comercio internacional, este dato no es menor. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que representan más del 90% del tejido empresarial mexicano, tienen un acceso limitado al financiamiento formal. Esto impacta directamente su capacidad de insertarse en cadenas de suministro vinculadas al T-MEC y limita el aprovechamiento del fenómeno de relocalización industrial (nearshoring).
Mientras The Economist suele enfatizar que la baja penetración crediticia es reflejo de una débil cultura financiera y elevada informalidad, medios como RT y CGTN Español tienden a subrayar la responsabilidad histórica del sistema bancario tradicional y la concentración del mercado. Ambas lecturas contienen elementos válidos: existe informalidad estructural, pero también un sistema bancario altamente concentrado y conservador en la colocación de crédito productivo.
II. El surgimiento fintech: competencia, datos y nuevos modelos de riesgo
México fue pionero en América Latina con la llamada “Ley Fintech” de 2018, que buscó regular instituciones de financiamiento colectivo y fondos de pago electrónico. Desde entonces, el ecosistema ha crecido significativamente: hoy existen más de 600 startups fintech operando en el país, según diversos reportes sectoriales.
El auge de plataformas de crédito digital, pagos electrónicos y neobancos ha ampliado el acceso financiero a segmentos tradicionalmente excluidos: jóvenes, trabajadores independientes y microempresarios sin historial crediticio. Utilizando big data, inteligencia artificial y modelos alternativos de scoring, estas empresas evalúan riesgo con variables distintas a las de la banca tradicional.
Desde la óptica de negocios globales, este fenómeno responde a una tendencia estructural: la digitalización financiera impulsada por capital de riesgo internacional, fondos estadounidenses y, cada vez más, inversión asiática. El Confidencial ha señalado que América Latina es uno de los mercados fintech más atractivos del mundo debido a su baja bancarización y alta penetración móvil.
Sin embargo, el entusiasmo debe matizarse. Algunos analistas independientes en YouTube especializados en economía digital advierten que muchos modelos fintech en mercados emergentes dependen de tasas de interés elevadas para compensar el riesgo crediticio. En México, ciertos créditos digitales de consumo pueden alcanzar costos anuales superiores al promedio bancario. La inclusión, por tanto, podría convertirse en una forma de sobreendeudamiento si no existe regulación prudencial efectiva y educación financiera.
III. Acceso al crédito: ¿expansión productiva o consumo de corto plazo?
Un punto crítico es la composición del crédito. Mientras la narrativa fintech enfatiza inclusión y emprendimiento, la mayor parte del crédito digital en México se concentra en consumo personal de corto plazo, no necesariamente en financiamiento productivo.
Desde la perspectiva de The Economist, el desafío estructural en economías emergentes no es solo ampliar el crédito, sino canalizarlo hacia inversión productiva. México, pese a su integración comercial con Estados Unidos, mantiene una productividad estancada. Sin crédito empresarial suficiente, el nearshoring corre el riesgo de beneficiar solo a grandes corporaciones extranjeras.
Algunos análisis en BBC News Mundo destacan que la digitalización financiera ha facilitado la dispersión de apoyos gubernamentales, reduciendo costos de transacción y promoviendo la formalización. Sin embargo, el acceso a crédito productivo para PYMES sigue siendo limitado.
Aquí emerge una reflexión geopolítica: si México aspira a consolidarse como plataforma manufacturera estratégica en América del Norte, necesita un sistema financiero profundo, competitivo y orientado al financiamiento industrial. Las fintech podrían jugar ese papel, pero hoy su modelo dominante sigue centrado en pagos y crédito de consumo.
IV. Dimensión geopolítica: datos, soberanía y capital extranjero
El debate fintech también tiene una dimensión estratégica menos discutida: la soberanía de datos financieros. La digitalización implica que millones de mexicanos generan información crediticia que puede ser procesada por plataformas con inversión extranjera.
Medios como CGTN Español suelen presentar la digitalización financiera como parte de una transición hacia economías más inclusivas apoyadas en tecnología, mientras que análisis europeos en DW enfatizan la necesidad de marcos regulatorios sólidos para proteger datos personales y evitar riesgos sistémicos.
México se encuentra en medio de una competencia tecnológica global entre Estados Unidos y China. El control de infraestructura digital, pagos electrónicos y plataformas financieras forma parte de esa disputa. La pregunta estratégica es: ¿México desarrollará campeones nacionales fintech con capacidad regional o dependerá de capital y tecnología externos?
Desde una perspectiva de comercio internacional, la soberanía tecnológica y financiera es clave para negociar en mejores términos dentro del T-MEC y frente a otras potencias.
V. Riesgos estructurales: informalidad, educación financiera y regulación
El optimismo fintech suele asumir que la tecnología resuelve fallas estructurales. No necesariamente. México enfrenta tres limitantes profundas:
Alta informalidad laboral (más del 50%), lo que dificulta la evaluación de ingresos estables.
Baja educación financiera, que incrementa riesgos de sobreendeudamiento.
Brecha digital regional, especialmente en zonas rurales.
Algunos analistas críticos en plataformas digitales han advertido que el crédito fácil vía aplicaciones móviles puede generar ciclos de deuda de alto costo. Aunque estas opiniones a veces caen en exageraciones, plantean un punto válido: la innovación financiera sin supervisión adecuada puede reproducir prácticas predatorias.
La regulación mexicana ha sido pionera, pero enfrenta desafíos en supervisión tecnológica y coordinación interinstitucional. Si la regulación es demasiado laxa, aumentan riesgos sistémicos; si es excesiva, puede sofocar la innovación.
Contrargumento: ¿no está el mercado corrigiendo por sí mismo?
Un argumento común es que la competencia fintech ya está obligando a la banca tradicional a modernizarse y reducir costos. Es cierto: bancos establecidos han digitalizado procesos y lanzado plataformas móviles más accesibles.
Sin embargo, la autorregulación del mercado no garantiza inclusión productiva ni estabilidad financiera. La historia financiera internacional demuestra que la innovación sin supervisión puede generar crisis —desde las hipotecas subprime hasta burbujas tecnológicas.
La clave no es frenar la innovación, sino alinearla con objetivos de desarrollo productivo nacional.
Conclusión: oportunidad estratégica con condiciones
Las fintech en México representan una oportunidad histórica para democratizar el acceso financiero, dinamizar el crédito y fortalecer la competitividad en un entorno de reconfiguración geoeconómica global.
Pero la tecnología por sí sola no resuelve problemas estructurales. Si el crédito se concentra en consumo de alto costo, si los datos financieros quedan en manos externas sin estrategia nacional y si la educación financiera no avanza, la promesa de inclusión podría convertirse en una nueva forma de exclusión digital.
México necesita una política integral que combine:
Regulación inteligente y supervisión tecnológica.
Incentivos al crédito productivo para PYMES.
Educación financiera masiva.
Estrategia de soberanía digital y desarrollo de campeones fintech nacionales.
En un mundo donde la competencia ya no es solo comercial sino tecnológica y financiera, el sistema fintech mexicano no es un fenómeno marginal: es una pieza estratégica del tablero económico global. La pregunta no es si crecerá, sino bajo qué modelo y al servicio de qué proyecto de país.
Ignacio Santillán Luna
19 Enero 2026
La intervención militar reciente de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro, ha reconfigurado el tablero geopolítico de América Latina. A su vez, la administración de Donald Trump ha intensificado presiones sobre México no solo en materia de seguridad —con insinuaciones de posibles incursiones para combatir cárteles— sino también en el terreno económico, mediante amenazas de aranceles y tensiones en torno a acuerdos bilaterales.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una encrucijada compleja: equilibrar la defensa de la soberanía mexicana y los principios constitucionales de no intervención con la necesidad de mantener una relación estratégica con su vecino del norte. La presente columna explora las alternativas políticas, económicas y diplomáticas que tiene México bajo el liderazgo de Sheinbaum, ponderando riesgos y oportunidades en un escenario regional altamente volátil.
1. Reafirmar los principios constitucionales frente a las agresiones unilaterales
Desde los primeros días de 2026, la administración de Sheinbaum ha dejado claro que México rechaza categóricamente cualquier forma de intervención extranjera en Venezuela y en sí mismo, subrayando la doctrina constitucional de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Esta posición, expresada tanto en conferencias de prensa como en pronunciamientos oficiales, apunta a reafirmar la soberanía nacional en un momento en que la acción unilateral de Estados Unidos ha sido contundente.
Este enfoque no es meramente retórico, sino una base axiológica y legal de la política exterior mexicana. El principio de no intervención está consagrado en la Constitución y en la política exterior histórica de México, reflejando una tradición diplomática que busca evitar que terceros estados dicten el rumbo interno de los países latinoamericanos.
Sin embargo, reafirmar estos principios implica costos políticos y diplomáticos. Donald Trump ha sugerido directamente la posibilidad de acciones más agresivas —incluyendo insinuaciones sobre el uso de fuerza en México para combatir los cárteles—, lo cual intensifica la presión sobre la administración Sheinbaum para que demuestre capacidad de control sin recurrir a concesiones que pongan en riesgo la percepción de autonomía.
2. Mantener la coordinación con EE. UU. sin subordinación: cooperación o dependencia
Más allá de las declaraciones públicas, la realidad geopolítica impone límites claros. México exporta aproximadamente 80% de su producción a Estados Unidos, recibe cerca del 4 % de su PIB en remesas, e importa gran parte de sus energéticos y alimentos desde el norte. Esta interdependencia económica hace que una ruptura con Washington tenga consecuencias profundas en la economía nacional.
Sheinbaum ha optado por una postura de cooperación estrecha pero sin subordinación, un matiz delicado que busca mantener la operatividad conjunta en temas como seguridad y narcotráfico sin ceder la iniciativa estratégica a Estados Unidos. En varias ocasiones ha subrayado la importancia de coordinar acciones contra las redes criminales, al tiempo que rechaza cualquier implicación militar directa estadounidense en territorio mexicano.
Este enfoque es especialmente relevante en el contexto de las amenazas de Trump sobre acciones militares y la presión norteamericana para permitir fuerzas estadounidenses en operaciones conjuntas contra cárteles. Aunque la Casa Blanca ha planteado estas opciones como necesarias para frenar el flujo de drogas y violencia, la administración mexicana ha rechazado terminantemente una intervención directa.
Desde una perspectiva económica, la cooperación también se extiende al comercio y la estabilidad de inversiones, campos en los que Sheinbaum ha defendido el valor del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) como eje fundamental para amortiguar choques externos derivados de políticas estadounidenses.
3. Construir liderazgos regionales: México como articulador de respuestas latinoamericanas
La intervención en Venezuela ha generado reacciones diversos en América Latina, y Sheinbaum ha buscado posicionar a México como actor clave en la articulación de respuestas multilaterales. Más allá de su propio posicionamiento, ha habido indicios de que otros líderes latinoamericanos han buscado la participación del gobierno mexicano para una postura regional conjunta ante la injerencia estadounidense.
Este liderazgo regional no es gratuito ni exento de riesgo. La fragmentación tradicional de las posturas latinoamericanas dificulta la formación de bloques sólidos frente a Estados Unidos, pero el conflicto venezolano podría fungir como catalizador para un diálogo más estructurado sobre soberanía, integridad territorial y mecanismos de solución pacífica de controversias. Estas iniciativas, si se consolidan, le darían a Sheinbaum una plataforma de influencia hemisférica que fortalecería la voz de México sin antagonismos directos con Washington.
No obstante, este liderazgo exige una política exterior habilidosa: México debe equilibrar su rol propositivo con la construcción de puentes diplomáticos firmes que no aislen al país del principal socio comercial de su economía. Aquí, la combinación de diplomacia multilateral —a través de organismos como la ONU y la OEA— y la construcción de consensos regionales puede ser la clave para que México avance como actor de estabilidad, no solo de protesta.
4. Fortalecer la autonomía económica como palanca estratégica
Mientras que las opciones diplomáticas operan en el plano político, la autonomía económica de México —si se desea reducir su vulnerabilidad a presiones externas— debe concebirse como un objetivo estratégico. La continua integración en cadenas de valor regionales, la diversificación de mercados y la reducción de dependencias críticas son temas que demandan políticas de largo plazo.
La presión estadounidense en materia arancelaria y comerciales, así como las amenazas indirectas a través de medidas económicas, recuerdan que una economía altamente dependiente puede ser usada como herramienta de influencia. Por ello, una respuesta estratégica de Sheinbaum podría incluir incentivos para inversiones en sectores clave, acuerdos comerciales con otras regiones y esfuerzos por incrementar la competitividad interna para hacer de México un socio menos vulnerable a embates unilaterales.
Esta agenda económica no se construye de la noche a la mañana y requiere consensos internos sólidos, pero podría ser la base para una diplomacia más equilibrada en el futuro, donde México negocie desde fortalezas propias y no únicamente desde la necesidad de mitigar riesgos externos.
5. Gestión de riesgo político interno versus externo
Una dimensión frecuentemente subestimada es el impacto doméstico de las tensiones internacionales. La administración Sheinbaum ha logrado mantener un nivel de apoyo considerable en la opinión pública —en parte por su manejo equilibrado de amenazas y cooperación—, pero un deterioro brusco en la relación con Estados Unidos podría polarizar la política interna y debilitar la gobernabilidad.
En este sentido, Sheinbaum enfrenta la tarea de comunicar de manera efectiva las razones detrás de sus decisiones, vincularlas con beneficios tangibles para la economía mexicana —especialmente en materia de empleo, inversión y seguridad—, y gestionar expectativas en una sociedad que observa con recelo cualquier intervención extranjera pero también reconoce la relevancia pragmática de la cooperación con su vecino del norte.
Aquí, la construcción de narrativas que resalten tanto la defensa de la soberanía como la gestión responsable de la interdependencia económica será determinante para sostener la legitimidad de su estrategia.
Refutación de objeciones comunes
Un argumento frecuente —especialmente entre críticos de políticas internacionalistas— es que México debería adoptar una postura firme de confrontación con Estados Unidos para defender su autonomía. Este enfoque emocional ignora realidades estructurales: no existe una alternativa viable para la economía mexicana fuera de un mínimo de cooperación con Washington, dado el alto nivel de interdependencia comercial, energética y financiera. La confrontación directa podría desencadenar consecuencias económicas graves sin garantizar resultados positivos en términos de soberanía.
Otro punto de crítica es que una postura de cooperación sin confrontación diluye la identidad nacional frente a las presiones externas. Sin embargo, una diplomacia eficaz no es sinónimo de servilismo; por el contrario, puede articular compromisos que preserven intereses nacionales sin renunciar a principios sustantivos como la no intervención y la autodeterminación.
Conclusión: Pragmatismo estratégico para tiempos turbulentos
Claudia Sheinbaum se encuentra en la tesitura clásica que enfrentan los líderes de países medianos en un sistema internacional polarizado: cómo defender principios nacionales sin sacrificar el bienestar material de sus ciudadanos. Frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las tensiones económico-políticas con Washington, la presidenta mexicana ha optado por una estrategia pragmática, buscando cooperación sin subordinación, fortalecimiento del derecho internacional y construcción de consensos regionales.
Las opciones a su alcance implican riesgos y oportunidades. Mantener una postura firme sobre la soberanía puede reforzar la reputación diplomática de México en América Latina; sin embargo, la gestión cuidadosa de la interdependencia con Estados Unidos —especialmente en comercio y seguridad— es indispensable para evitar costos económicos y sociales elevados.
En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su capacidad de operar simultáneamente en diferentes frentes: diplomático, económico, regional y doméstico. Solo así podrá transformar un momento de tensión hemisférica en una plataforma para una política exterior más autónoma, resiliente y constructiva en el largo plazo.
Fuente: OEC, 2023
Fuente: OEC, 2023
Fuente: OEC, 2023
Fuente: OEC, 2023
Ignacio Santillán Luna
16 Enero 2026
La reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum no puede analizarse únicamente como un ajuste técnico al sistema electoral mexicano. Se trata, en realidad, de una redefinición del equilibrio entre democracia, Estado y poder político, con implicaciones que trascienden lo jurídico-electoral y alcanzan dimensiones económicas, institucionales y hasta geopolíticas. En un contexto internacional donde la credibilidad democrática influye directamente en la confianza de los mercados, la atracción de inversión extranjera y la estabilidad macroeconómica, cualquier cambio en las reglas del juego electoral genera atención —y preocupación— dentro y fuera del país.
Desde medios como BBC News Mundo y DW, la reforma es presentada como un intento de racionalizar costos y “democratizar” los órganos electorales. The Economist, por su parte, suele advertir sobre los riesgos que implican las reformas que concentran poder en mayorías políticas bajo el argumento de eficiencia. En contraste, RT y CGTN Español enfatizan la narrativa de soberanía popular y cuestionan el rol de organismos autónomos como herencias de un modelo liberal que, según esta visión, ha servido más a élites que a la ciudadanía. En el ecosistema digital, analistas como Alfredo Jalife o canales afines al oficialismo interpretan la reforma como parte de una disputa geopolítica más amplia contra modelos “neoliberales” importados.
La tesis de este artículo es clara: la reforma electoral de Claudia Sheinbaum combina elementos legítimos de austeridad y representación democrática con riesgos significativos de debilitamiento institucional, cuyos efectos pueden impactar no solo la calidad democrática, sino también la percepción económica de México en el escenario global.
1. ¿En qué consiste la reforma electoral propuesta?
De acuerdo con los planteamientos difundidos por Claudia Sheinbaum y retomados por diversos medios, la reforma electoral se articula en torno a varios ejes centrales:
Reducción del costo del sistema electoral, incluyendo recortes presupuestales a los organismos electorales.
Transformación del Instituto Nacional Electoral (INE), con cambios en su estructura y en el método de selección de consejeros.
Elección popular de autoridades electorales, como mecanismo para “democratizar” su designación.
Disminución del financiamiento público a partidos políticos y ajustes a la representación legislativa.
Desde una perspectiva técnica, estos puntos responden a una crítica recurrente: México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo. BBC News Mundo ha documentado que el gasto electoral mexicano supera al de muchas democracias consolidadas, incluso considerando tamaño poblacional. Este dato es frecuentemente utilizado por el oficialismo para justificar la reforma bajo el principio de austeridad republicana.
Sin embargo, The Economist y El Confidencial subrayan que el costo no puede evaluarse aisladamente, sino en función de lo que garantiza: certeza jurídica, confianza en los resultados y estabilidad política, factores que también tienen un valor económico.
2. Democracia, confianza y economía: una relación inseparable
Desde el ángulo del comercio internacional y las finanzas globales, la solidez de las instituciones democráticas no es un tema ideológico, sino un activo económico. Países con reglas claras, árbitros electorales creíbles y alternancia política confiable suelen mostrar menores primas de riesgo, mayor inversión extranjera directa y estabilidad cambiaria.
Aquí surge una tensión clave de la reforma. Mientras RT y CGTN Español destacan que la elección popular de consejeros electorales ampliaría la legitimidad democrática, DW y The Economist advierten que este mecanismo podría politizar al árbitro electoral, sometiéndolo a las mismas dinámicas partidistas que debería regular.
Desde mi análisis, este punto es crucial: un árbitro electoral electo por voto popular corre el riesgo de responder a mayorías coyunturales, lo que puede erosionar su función técnica e imparcial. En el corto plazo, esto puede parecer un debate político interno; en el mediano plazo, se traduce en incertidumbre regulatoria, un factor que los inversionistas internacionales penalizan con rapidez.
México, altamente integrado a cadenas globales de valor —particularmente con Estados Unidos y Canadá—, depende de la percepción de estabilidad institucional. Cualquier señal de debilitamiento democrático tiene efectos indirectos sobre el tipo de cambio, el costo de financiamiento y la competitividad del país.
3. La narrativa política y sus motivaciones
En los canales de YouTube y espacios de análisis alternativo, el debate adquiere un tono más ideológico.
RADAR GEOPOLÍTICO, desde la perspectiva de Alfredo Jalife, interpreta la reforma como parte de una lucha contra estructuras “neoliberales” y organismos autónomos que, según esta visión, responden a intereses externos o élites internas.
Canales como TOP DE IMPACTO o La Resistencia refuerzan la idea de que el INE representa un gasto excesivo y un obstáculo para la voluntad popular.
En contraste, analistas más técnicos, como Adrián Díaz, advierten que la reforma puede debilitar contrapesos esenciales en una democracia funcional.
Estas diferencias no son menores. Revelan que la reforma electoral no es solo una discusión administrativa, sino una disputa por el modelo de Estado: uno con organismos autónomos fuertes o uno donde el poder político central retoma funciones clave bajo el argumento de eficiencia y legitimidad popular.
Desde la perspectiva de Claudia Sheinbaum, expuesta en sus propios espacios de comunicación, la reforma busca profundizar la democracia y eliminar privilegios. La motivación política es clara: consolidar un proyecto de transformación que considera al sistema electoral actual como parte del viejo régimen.
4. Contrargumentos y refutación
"Reducir costos fortalece la democracia al eliminar excesos."
Es válido cuestionar el gasto electoral, pero la reducción de costos no debe comprometer la independencia ni la capacidad operativa del árbitro electoral. Democracias baratas pero poco confiables suelen pagar costos mucho más altos en inestabilidad política.
"La elección popular de consejeros es más democrática."
La democracia no solo consiste en votar, sino en diseñar instituciones que funcionen incluso contra las mayorías cuando es necesario. Un árbitro electoral debe ser técnicamente sólido, no popular.
Conclusión
La reforma electoral que propone Claudia Sheinbaum se ubica en una zona gris entre una legítima crítica al costo y funcionamiento del sistema electoral y un rediseño institucional que puede debilitar contrapesos democráticos esenciales. Su impacto no se limita al ámbito político: tiene consecuencias económicas directas, pues la confianza institucional es un insumo clave para el crecimiento, la inversión y la inserción internacional de México.
La gran pregunta no es si el sistema electoral puede mejorarse —sin duda puede—, sino cómo hacerlo sin sacrificar la credibilidad democrática que México ha construido durante décadas. En un mundo donde la estabilidad política es cada vez más valorada por mercados y socios comerciales, cualquier reforma electoral debería priorizar la confianza sobre la conveniencia política.
La democracia no solo se mide en votos, sino en instituciones que resisten el paso del tiempo y las mayorías. Reformarlas exige precisión quirúrgica, no impulsos ideológicos. México se juega más que una reforma: se juega su reputación democrática y económica en el escenario global.
Ignacio Santillán Luna
7 Noviembre 2025
La madrugada del 1 de noviembre de 2025, en pleno festival público del municipio de Uruapan, en Michoacán, fue asesinado el alcalde independiente Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien repetidamente había denunciado la penetración del crimen organizado en el poder municipal y el sector agrícola regional. (Reuters) Este hecho simbólico es un reflejo dramático de una crisis de inseguridad que ya no sólo es un asunto de orden público, sino un factor estructural que obstaculiza el desarrollo económico, afecta la inversión, fragmenta cadenas productivas y debilita la competitividad internacional de México.
Como analista en comercio internacional, mi tesis es que la inseguridad en Michoacán —y por extensión en otras regiones de México— representa un costo económico y social cuantificable que debilita el comercio, la inversión y la gobernabilidad. Sólo superando este obstáculo podrá la región liberar su potencial productivo, agrícola y exportador, clave para el desarrollo del país.
Impacto 1: una economía agrícola clave bajo asedio
Michoacán es un actor esencial en la agroindustria mexicana de exportación: produce aproximadamente el 86.2 % del aguacate del país y cerca del 24.1 % del limón, según datos de 2023. Nexos Sin embargo, la violencia y extorsión vinculadas al crimen organizado han alterado esta dinámica productiva: cosechas paralizadas, empacadoras quemadas, bloqueo de transporte y grupos delictivos reclamando cuotas.
Este entorno afecta las cadenas de valor: empresas que buscan integrarse al comercio internacional evalúan el riesgo de operar en zonas donde la legalidad y la seguridad no son garantizadas. Como lo documenta un estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Michoacán “los niveles de inseguridad y criminalidad constituyen uno de los frenos para la atracción o consolidación de inversiones” al generar incertidumbre económica. Revistas UAS Asimismo, en la economía estatal se ha estimado que los costos derivados de inseguridad alcanzan aproximadamente el 40 % del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en algunos años. Quadratín Michoacán
Para el análisis de comercio internacional, esto implica que los productores y proveedores de Michoacán enfrentan mayores costos de seguridad, menores inversiones en tecnificación, riesgo de interrupciones logísticas y una menor capacidad de exportación competitiva. En concreto, el reciente boicot de inspecciones de agentes estadounidenses a aguacates mexicanos por amenazas de carteles –que generó interrupciones en exportaciones– evidencia cómo la inseguridad local puede repercutir directamente en el comercio internacional. Financial Times
Impacto 2: inversión, empresa y percepción país
La inseguridad no solo afecta al ámbito productivo, sino también a la atracción de inversiones y al clima de negocio. Un artículo de El Economista señaló que, a nivel nacional, la violencia y la inseguridad generan pérdidas estimadas en 4.6 billones de pesos, y que el 12 % de las empresas considera que el crimen organizado ha controlado parcial de la venta o distribución de sus productos. El Economista En Michoacán, la combinación de violencia, poca presencia institucional y bloqueo de carreteras ha deprimido la captación de Inversión Extranjera Directa (IED): el estado capta cientos de millones de dólares mientras entidades menos violentas atraen miles de millones. Quadratín Michoacán
Desde una óptica de comercio internacional, una de las variables clave para la competitividad de un país o región es la percepción de riesgo país. Cuando inversionistas extranjeros o nacionales evalúan destinos productivos, la inseguridad actúa como un «impuesto invisible» que reduce la tasa de retorno esperada, incrementa la prima de riesgo y puede desviar capitales hacia regiones más seguras. En el contexto de México, este efecto es especialmente crudo en estados con alta violencia como Michoacán.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo elevó las alarmas entre la comunidad empresarial: la principal organización patronal del país, COPARMEX, junto con la CONCANACO SERVyTUR, alertaron que la inseguridad «asfixia el desarrollo económico» y exigieron una reunión urgente con el gobierno federal. Líder Empresarial Este tipo de señal deteriora aún más la capacidad de los estados para captar inversión estratégica, desarrollar clusters productivos y participar en cadenas globales.
Impacto 3: geopolítica, región y futuro de las cadenas globales
Desde la perspectiva de geopolítica comercial, la inseguridad en Michoacán impacta no solo al estado, sino al posicionamiento de México como actor logístico y exportador global. El estado ocupa una posición clave en la exportación agrícola hacia Estados Unidos —principal socio comercial de México— y en las cadenas de valor del hemisferio norte. Por ello, la violencia organizada no es un fenómeno meramente local, sino una vulnerabilidad estratégica del comercio exterior del país.
El asesinato del alcalde Manzo —durante un evento público y pese a contar con protección federales— se ha interpretado como una fractura en la narrativa de seguridad del gobierno federal. Como analiza El País, “el recrudecimiento de la violencia en Michoacán ha abierto una grieta en los esfuerzos del Gobierno de México contra la delincuencia”. El País Esta erosión de la gobernabilidad puede afectar la credibilidad del país ante socios comerciales e inversores globales.
Escenarios futuros a considerar:
Escenario A (contención efectiva): Si el Estado implementa estrategias que combinen inteligencia financiera, corte al flujo de recursos del crimen y fortalecimiento institucional (como exige la diputada Kenia López Rabadán), entonces Michoacán podría recuperar parte de su dinamismo agroexportador y fortalecer su integración al comercio internacional. Comunicación Social
Escenario B (riesgo persistente): Si la violencia continúa sin control, la inversión productiva seguirá ausente, exportaciones agrícolas vulneradas, y Michoacán se convertirá en un escenario de oportunidades truncadas y salida de capital.
Escenario C (desplazamiento de zonas económicas): Empresas y agroexportadores podrían decidir diversificar hacia otros estados o países, debilitando el tejido económico y generando fuga de capital humano, tecnológico y logístico.
Contrargumentos y refutación
Algunos pueden argumentar que la inseguridad es un fenómeno externo al comercio internacional y que los inversionistas se adaptan mediante seguros, seguridad privada o locales alternativos. Si bien es cierto que las empresas asumen medidas de mitigación, la realidad es que ningún seguro compensa completamente el costo reputacional, logístico y estratégico de operar en un entorno de violencia estructural. Además, cuando un actor clave de la agroexportación —como Michoacán— enfrenta crisis de seguridad, todo el sistema comercial del país se debilita, no sólo la empresa individual.
También se sostiene que el sector agrícola de Michoacán continúa exportando y generando divisas pese a la violencia, lo que podría indicar resiliencia. Pero la pregunta clave no es solo de supervivencia, sino de competitividad global sostenible. Si la violencia reduce el margen de inversión, incrementa la rotación de costos y deteriora la cadena logística, la resiliencia se queda en mera supervivencia, no en crecimiento estratégico.
Conclusión
El asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez no es únicamente una tragedia puntal: simboliza la interrelación entre inseguridad, economía, comercio internacional y gobernabilidad. Para Michoacán y para México, la violencia constituye una amenaza real al desarrollo económico, a la competitividad internacional, a la inversión y al bienestar social.
Si México desea integrarse plenamente a las cadenas globales de valor, diversificar sus exportaciones y atraer inversión extranjera, no podrá hacerlo sin garantizar la seguridad, la institucionalidad y la gobernabilidad en regiones estratégicas como Michoacán. La ecuación es clara: comercio y seguridad son dos caras de la misma moneda. Al final, los contenedores, los camiones, las cosechas y los contratos descansan tanto en los tratados y aranceles como en la certeza de que el Estado puede proteger la integridad física y la legalidad de quienes producen y comercializan.
En este sentido, la reflexión es contundente: la recuperación de Michoacán no pasa solo por estímulos económicos, sino por un compromiso real con la seguridad y la ley —sin lo cual las oportunidades de exportación se evaporan en un bloqueo invisible pero decisivo.
Ignacio Santillán Luna
29 Octubre 2025
En octubre de 2025, miles de productores agrícolas de al menos 20 estados de México bloquearon carreteras y plazas públicas para exigir soluciones urgentes: el precio del maíz ha caído entre un 30 % y 50 % respecto a 2022, mientras que los costos de producción han subido más del 40 % en los últimos cinco años. El País Paralelamente, la tensión sobre el recurso agua se agudiza: el cumplimiento del tratado hídrico con EE. UU. está en riesgo y las reformas al uso del agua para la agricultura han generado resistencia en zonas rurales. Reuters En este contexto, mi tesis es que las protestas no son un estallido aislado sino la expresión de un desequilibrio profundo en el modelo agroindustrial mexicano: un sector que depende del maíz, del agua (un recurso bajo presión) y de políticas que ya no operan. Desde la óptica del comercio internacional, la economía y la geopolítica, urge repensar un nuevo pacto rural que integre precios justos, uso sostenible del agua y soberanía alimentaria con reglas de mercado globales.
1. Crisis del maíz: precios, importaciones y dependencia
La crisis del maíz en México se revela con crudeza: según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GMCA), la rentabilidad promedio nacional del maíz blanco cayó de más del 50 % en 2022 a apenas 12 % en 2025. Mexico News Daily Los productores exigen un precio de garantía de 7 200 pesos por tonelada para poder seguir sembrando y resistir el colapso del sector. breakingbelizenews
El factor comercial internacional no es menor: las importaciones de maíz han crecido, lo cual limita la capacidad de los productores mexicanos de fijar precios más altos sin perder mercado. Mexico Business News En este sentido, la protesta tiene un componente de protección de la soberanía alimentaria: “Sin maíz no hay país” se ha dicho durante movilizaciones recientes. Ground News
Desde la perspectiva de comercio internacional, esto plantea el primer problema: cómo garantizar precios mínimos internos en un mercado globalizado donde los costos internacionales, los subsidios extranjeros y los tratados de libre comercio determinan competitividad. Si México intenta aislar su mercado, corre el riesgo de aranceles de represalia o de ruptura de cadenas de valor. Si no actúa, su base agrícola se deteriora. Es una encrucijada: mantener producción doméstica viable frente a precios externos bajos, o depender cada vez más de importaciones.
Análisis crítico: El gobierno mexicano respondió con una propuesta de apoyo directo de 950 pesos por tonelada, que muchos productores consideran insuficiente frente a la brecha real entre costos y precio. Mexico News Daily Esa respuesta muestra que las políticas actuales pueden mitigar el síntoma, pero no abordan la raíz del problema: la competencia internacional, la vulnerabilidad del agro frente a tratados comerciales y la falta de modernización.
2. Agua: conflicto latente y variable crítica en la agro-economía
El segundo gran eje de estas protestas es el agua. México enfrenta una crisis hídrica creciente: el campo consume cerca del 80 % del agua del país y los niveles de sequía en muchas regiones alcanzan estados críticos. Reuters
Además, la obligación de entregar agua a EE. UU. bajo el tratado de 1944 ha tensionado la gobernanza hídrica nacional: México ha entregado menos del 40 % del volumen pactado y los estados del norte protestan que el gobierno central quiera extraer agua de sus concesiones. Reuters
Estas dinámicas confluyen con la producción de maíz: los agricultores dependen de riego, buenas lluvias o concesiones de agua estables. Si las reformas al agua —como las que propone el gobierno— no se implementan con cuidado, muchos cultivos se vuelven inviables. Así lo muestran comunidades en Sonora que han bloqueado minas para defender su agua. mongabay
Desde un enfoque de economía y comercio, el agua es un input clave para la producción competitiva. Si México no asegura riego eficiente, modernizado y regulado, su agro pierde capacidad de competir, exportar y abastecer su propio mercado. En un mundo de cadenas agroalimentarias globales, la variable agua se vuelve un factor de riesgo estructural.
El análisis crítico radica en que la reforma hídrica, aunque necesaria, no ha sido acompañada por un programa de modernización de riego, protección a pequeños productores y mecanismos de transición. El riesgo es que la reforma quede en leyes sin implementación, y que la carga recaiga sobre los más vulnerables del campo.
3. Implicaciones económicas, geopolíticas y escenarios para el futuro
3.1. Economía interna y estabilidad rural
Las protestas evidencian que el modelo de “campo de autoproducción de maíz” está fracturado. Si los productores no obtienen ingresos suficientes, dejan de sembrar, migran, o abandonan sus tierras. Esto afecta la seguridad alimentaria y la economía rural, y puede generar éxodos hacia ciudades, presión social y costos fiscales mayores.
Además, la crisis del maíz puede traducirse en mayor importación de granos, lo que deteriora la balanza comercial agroalimentaria y eleva vulnerabilidad frente a shocks globales. Desde la óptica financiera, se genera riesgo de crédito rural, endeudamiento de productores, y menor inversión en innovación agrícola.
3.2. Comercio internacional y soberanía alimentaria
Las demandas de los agricultores incluyen que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o que se revisen sus condiciones. Mexico Business News Esto plantea una tensión entre liberalización comercial y protección sectorial. México debe decidir si prefiere integrarse plenamente en cadenas globales de granos o generar políticas que garanticen producción interna viable.
Geopolíticamente, cuando un país se vuelve importador neto de alimentos que históricamente producía, su vulnerabilidad internacional aumenta. Las protestas del maíz y del agua sugieren que México está en ese camino. La capacidad de negociar tratados o de enfrentar presiones externas como aranceles o dumping dependerá de cuán fuerte sea su producción interna.
3.3. Posibles escenarios futuros
Escenario de reforma exitosa: El gobierno implementa políticas integradas: precio de garantía para maíz, modernización hídrica, incentivos a la diversificación agroindustrial. Esto permite un salto en productividad, mayor exportación de maíz blanco, menos vulnerabilidad external.
Escenario de ajuste limitado: Se aplican apoyos parciales y reformas modestas; la producción se estabiliza pero sin crecimiento real; la dependencia de importaciones permanece; las protestas devienen en presión estructural recurrente.
Escenario de colapso parcial: Sin reformas profundas, muchos productores abandonan la actividad o migran; el abastecimiento interno de maíz se reduce; México incrementa importaciones de granos amarillos o blancos; las regiones rurales se deterioran; surge una crisis social-agrícola.
Contrargumentos y refutación
“México debe aceptar que en un mundo competitivo el maíz será importado; los recursos deben orientarse hacia cultivos de mayor valor agregado.”
Tiene sentido en términos de competitividad, pero ignorar la producción de maíz blanco —que es núcleo de la dieta mexicana— implica riesgos de soberanía alimentaria, culturales y sociales. No se trata de mantener cultivos ineficientes sin cambio, sino de transformarlos.
“La reforma del agua es urgente y aunque haya protestas, es necesaria para modernizar la agricultura y ahorrar recursos hídricos.”
Sí, la reforma del agua es ineludible. Pero implementarla sin un puente estratégico para proveedores agrícolas —que dependen de regadío tradicional— puede generar abandono de tierras y caída de producción. La reforma debe ir de la mano con incentivos y transición.
Conclusión
Las protestas por el maíz y el agua en México son más que un conflicto agrícola puntual: son señales de que el modelo rural necesita reinventarse. Desde una óptica de comercio internacional, economía y sostenibilidad, el país está ante un dilema estructural: ¿priorizar la integración global sin protección rural o construir un campo moderno y competitivo que garantice producción interna y exportación?
El sistema agrícola mexicano ya no puede sostenerse como hasta hace una década. Si no se actúa con políticas integradas —que combinen precios mínimos, modernización hídrica, diversificación y apertura comercial inteligente—, las protestas de hoy podrían convertirse en crisis rurales de mañana. México debe forjar un nuevo pacto rural que no sólo alivie carreras momentáneas, sino que dé bases para un agro sostenible, competitivo y soberano en el siglo XXI.
Ignacio Santillán Luna
22 Octubre 2025
En 2025, México se convirtió en el país de mercados emergentes con mayor emisión de deuda soberana en moneda extranjera: poco más de US$41 000 millones fueron colocados para sustentar las finanzas públicas y, en gran medida, para respaldar a la paraestatal Pemex Bloomberg En este escenario, cabe preguntarse si esta avalancha de deuda representa una estrategia sensata de estabilización o, por el contrario, una profundización del riesgo soberano, con la petrolera como protagonista involuntario. Mi argumento es que, aunque el apoyo a Pemex pueda tener justificación desde la lógica de soberanía energética, el crecimiento de la deuda externa y el traslado de los pasivos a nivel estatal representan un riesgo grave para la economía mexicana, el comercio internacional y la credibilidad del país como emisor de riesgo.
1. El origen del endeudamiento masivo y su vínculo con Pemex
La cifra récord de deuda soberana de US$41 mil mdd ha sido utilizada principalmente para refinanciar pasivos y recapitalizar a Pemex. Según Reuters reporta que el gobierno inyectará casi US$14 000 millones en Pemex tras recientes ofertas de bonos internacionales, para efectuar la recompra de US$9.9 000 millones en bonos de la empresa. Reuters
El vínculo es claro: Pemex, la empresa petrolera estatal más endeudada del mundo, con deuda financiera cercana a los US$100 000 millones y pasivos con proveedores por unos US$22 000 millones. Reuters La carga de Pemex se ha transformado en una carga para el Estado mexicano, que debe emitir deuda externa para sostenerla.
Desde la óptica de finanzas internacionales, este mecanismo plantea tres alertas: (a) riesgo de traslado de deuda corporativa al soberano, (b) vulnerabilidad ante variaciones del tipo de cambio o alza de tasas globales, (c) señal negativa a los inversores sobre la sostenibilidad fiscal del país. La agencia de calificación Fitch, por ejemplo, ubicó a Pemex bajo una mejora técnica (“watch positive”) pero advirtió del nivel de soporte estatal que se requiere. Fitch Ratings
2. Implicaciones económicas, de comercio y soberanía energética
2.1. Efectos sobre el comercio internacional y la inversión
El aumento de deuda en moneda extranjera incrementa la exposición del país a la volatilidad del dólar. Cuando México emite más bonos en divisas, tiene que repagar en dólares o moneda fuerte, lo que hace vulnerables los flujos de comercio exterior ante una depreciación del peso. Esto afecta directamente los términos de intercambio, la competitividad exportadora y las condiciones de financiamiento para empresas que dependen del comercio internacional o importaciones.
Además, la necesidad de sostener a Pemex consume recursos públicos que podrían haberse destinado a inversión en infraestructura, diversificación económica o incentivos a exportadores. En un entorno de globalización comercial, depender excesivamente de un solo sector (hidrocarburos) reduce la capacidad de México para integrarse de forma dinámica en cadenas globales de valor.
2.2. Soberanía energética vs carga fiscal
Desde la narrativa gubernamental, el rescate de Pemex responde a una prioridad estratégica: mantener la soberanía sobre hidrocarburos y reducir la dependencia importadora de combustibles. Pero esa lógica se enfrenta a una realidad clara: Pemex reportó pérdidas y caída de producción. En el primer trimestre de 2025 la paraestatal perdió 43 328 millones de pesos (≈ US$2.2 mil mdd); su producción se redujo 11 %. El País
Con una empresa que no alcanza sus metas operativas y que acumula pasivos gigantescos, el costo para el Estado es doble: financiamiento externo y menor ingreso operativo. En otras palabras: la soberanía energética se está pagando con endeudamiento soberano creciente. Si Pemex falla en revertir la caída y en generar flujos de caja positivos, la deuda se convierte en una trampa de dependencia.
2.3. Credibilidad del país y condiciones de riesgo más altas
Emitir US$41 mil mdd en un solo año coloca a México como “país emergente” de referencia negativa y en una posición de vulnerabilidad. Eso lo refleja el hecho de que Moody’s cambió la perspectiva de México a negativa citando la debilidad del sistema judicial y las “expectativas de que el gobierno tendrá que inyectar más recursos para cubrir a Pemex”. AP News
Cuando un Estado absorbe una empresa con deudas tan grandes, el riesgo país sube, lo que encarece aún más futuras emisiones y puede desalentar inversión extranjera directa. En la lógica del comercio internacional y finanzas globales, México corre el riesgo de pasar de emisor atractivo a país con “riesgo soberano latente”.
3. Escenarios futuros y decisiones estratégicas
Ante esta realidad, se vislumbran al menos tres escenarios plausibles:
La clave está en que México no puede depender indefinidamente de emisiones externas para cubrir déficits estructurales de Pemex. Es indispensable que el gobierno articule una estrategia de diversificación económica, mejore el marco regulatorio energético y fortalezca la gobernanza de la empresa estatal para no comprometer su estabilidad macro.
Contrargumentos y refutación
“Emitir US$41 mil mdd demuestra que los mercados confían en México y que la deuda no es problemática, sino oportunidad.”
Si bien la demanda por bonos fue fuerte, la necesidad de emitir tal volumen es reflejo de cargas internas extraordinarias (Pemex) más que de crecimiento autónomo. La confianza está condicionada, no es plena; además, mayor deuda implica mayor vulnerabilidad ante shocks externos.
“El rescate de Pemex era inevitable si se quería mantener la soberanía energética; el costo vale la pena.”
La soberanía energética es un objetivo legítimo, pero la forma de alcanzarla importa. Si la empresa continúa con pérdidas y sin producción creciente, el rescate puede costar más cara la autonomía que permitir cierta dependencia bien gestionada. Guatemala no gana soberanía cuando se pone en jaque su capacidad fiscal.
Conclusión
La emisión récord de deuda de US$41 mil mdd por México en 2025, en gran parte destinada a sostener a Pemex, no puede verse como algo técnicamente menor o transitorio. Es un punto de inflexión que pone en el centro del debate la sostenibilidad fiscal, la diversificación de la economía, el rol de la empresa estatal energética y la credibilidad de México en mercados globales.
Respaldar a Pemex puede tener justificación estratégica, pero el camino actual es riesgoso. Si México no logra revertir la dinámica de deuda, convertirla en una plataforma de inversión productiva y dinamizar otros sectores económicos, terminará pagando un precio elevado: menor confianza internacional, encarecimiento del crédito, menor crecimiento y vulnerabilidad estructural.
Para que este capítulo no se convierta en una carga histórica, México debe actuar ahora: reforzar los flujos de exportación no petrolera, modernizar su industria energética con apertura tecnológica, y transformar esa enorme emisión de deuda en una palanca de crecimiento —no en una camisa de fuerza. El tiempo para decidir si esta apuesta fue sabia o imprudente es ahora y no en un futuro lejano.
Ignacio Santillán Luna
16 Octubre 2025
El Paquete Económico 2026 presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum contempla una medida que ha generado preocupación en el comercio digital: imponer retenciones fiscales obligatorias (ISR + IVA) para empresas que operan mediante marketplaces y plataformas digitales. La propuesta prevé que estas plataformas retengan 2.5 % de ISR y 8 % de IVA sobre las transacciones de personas morales con RFC, con tasas aún más severas para quienes no lo tengan activo (El País)
Desde la óptica de comercio internacional y finanzas globales, esta reforma no puede verse como una simple herramienta recaudatoria: tiene implicaciones profundas en competencia digital, formalización, liquidez de pymes, inversión extranjera y la atracción de capital tecnológico. Mi tesis es que, si bien retener impuestos en plataformas puede aumentar la recaudación y reducir evasión, su diseño actualmente propuesto corre el riesgo de fracturar el crecimiento digital mexicano, desincentivar la formalidad y generar efectos adversos mayores que los beneficios fiscales esperados.
1. Argumento recaudatorio con fundamentos — pero con riesgos de surtir efecto inverso
Una de las motivaciones más claras del gobierno es cerrar fisuras fiscales —facturación falsa, operaciones no declaradas, uso de plataformas para tráfico informal— y fortalecer la recaudación sin recurrir a impuestos nuevos. (El País)
La medida busca que las plataformas funcionen como agentes retenedores, asumiendo parte de la responsabilidad fiscal y facilitando al SAT un control más directo del comercio digital. Revistas especializadas como Revista IMEF señalan que la propuesta también exige que el SAT tenga acceso en tiempo real a los sistemas de las plataformas, con bloqueos posibles si no cumplen. Revista IMEF
No obstante, la recaudación estimada no sale gratis: la retención propuesta del 10.5 % sobre transacciones (2.5 % ISR + 8 % IVA) ha sido advertida por Mercado Libre como un golpe al comercio digital y una amenaza a su inversión en México. (El Financiero)
El riesgo es que muchas pymes y vendedores digitales enfrenten problemas severos de flujo de caja, al ver retenido un porcentaje significativo de sus ingresos antes de recibirlos. La Asociación de Internet MX ya advierte que esta carga podría frustrar la formalización, reducir la operación del comercio electrónico o empujar a muchos a canales informales. (W Radio México)
Además, según Impuestum, el esquema se ampliaría a personas morales que no cuenten con RFC, aplicando retenciones mucho más estrictas (20 % de ISR y 16 % de IVA). Impuestum
Este diseño pone en tensión lo recaudatorio con el riesgo de frenar la expansión digital y la competitividad de los vendedores locales.
2. Efectos sobre inversión, competitividad y posición internacional
2.1. Incentivos a la desinversión o redirección
La reacción pronosticada ya ha llegado: Mercado Libre advierte que podría recortar inversiones planeadas en México si el esquema se aprueba tal como está. (EL CEO)
La lógica es que una operación granulada con retenciones agresivas reduce el atractivo del mercado para inversiones de expansión logística, desarrollo tecnológico o nuevos centros de distribución.
Si plataformas multinacionales consideran que México se ha vuelto menos amigable comparado con otros mercados latinoamericanos, podrían ralentizar planes o preferir invertir en otros países. Esta fuga de inversión tecnológica tendría efectos estructurales más allá de la recaudación momentánea.
2.2. Brecha competitiva con plataformas globales y fuga de operaciones
Aunque la retención recae sobre vendedores, no se puede ignorar que plataformas tienen margen para trasladar costos o incluso excluir ciertos productos o servicios si los márgenes se vuelven inviables. Los vendedores más débiles podrían abandonar las plataformas formales, migrando a redes sociales informales (WhatsApp, Instagram), difíciles de fiscalizar.
Además, la regla podría crear distorsiones competitivas entre vendedores nacionales frente a vendedores del extranjero que operan plataformas sin un establecimiento en México, si no hay mecanismos de retención equivalentes o de bloqueo adecuado al acceso digital.
2.3. Imagen internacional y confianza en el ecosistema digital mexicano
México ha sido visto como mercado digital emergente, con crecimiento fuerte en e-commerce (ventas crecientes año con año) y plataformas de inversión extranjera. (Revista IMEF)
Una política fiscal agresiva y poco calibrada puede dañar esa percepción, reduciendo la confianza de fondos tecnológicos, empresas globales y emprendedores internacionales que consideraban México como destino preferente en Latinoamérica.
3. Diseño técnico problemático y propuestas de mejora
3.1. Retención sobre ingresos brutos vs utilidades
Uno de los reclamos frecuentes es que la retención propuesta aplica sobre los ingresos totales de ventas, en vez de utilidades. Esto implica que vendedores con márgenes estrechos o con costos elevados absorban una carga desproporcionada. Mercado Libre lo ha señalado: “se retiene sobre lo que ventas, no utilidad”. (El Financiero)
Una propuesta más equitativa sería retener proporcionalmente respecto a utilidades, con bases mínimas exentas o tramos progresivos para no asfixiar negocios emergentes.
3.2. Periodos y mecanismos de devolución
Para que las pymes no queden estranguladas por la falta de liquidez, el esquema debería incluir devoluciones automáticas ágiles, plazos de compensación, créditos fiscales inmediatos o mecanismos transitorios que mitiguen el impacto mensual. La propuesta no anuncia claramente estos mecanismos.
3.3. Exenciones o tramos especiales para micro y pequeñas empresas
No todas las pymes tienen la misma capacidad: retener tasas iguales para negocios pequeños y medianos puede ser excesivo. Un modelo escalonado, donde pequeños negocios tengan retenciones más moderadas, podría balancear recaudación y estímulo económico. El gobierno podría considerar exenciones parciales para quienes venden menos de cierto umbral mensual.
3.4. Transparencia, controles y protección de datos
El Paquete 2026 propone que plataformas deben proporcionar al SAT acceso en línea, reporte de operaciones, compre emitir CFDI de retención y bloqueo de acceso si no cumplen. (Revista IMEF)
Pero ese nivel de acceso pone en tensión la privacidad, la confidencialidad comercial y la seguridad de los datos. Es necesario que estas obligaciones vayan acompañadas de garantías claras de protección de datos, auditorías independientes y mecanismos de supervisión estatal transparente.
Contrargumentos y refutación
“Este cambio era inevitable: las plataformas han eludido cargas fiscales demasiado tiempo.”
Es legítimo apuntar a esas distorsiones. Pero la corrección fiscal no puede ser indiscriminada ni abrupta. El reto es diseñarla de modo que no frene el crecimiento ni expulse emprendedores digitales del ecosistema formal. La recaudación no debe sacrificarse al costo de destrucción de negocio.
“Las plataformas digitales grandes pueden absorber estos costos; solo los pequeños sufrirán, pero eso es inevitable en progresividad.”
En la práctica, la capacidad de absorber depende del margen, eficiencia y escala. Muchas plataformas medianas, locales o emergentes operan con márgenes estrechos y pueden no soportar esa carga. Si el ajuste fiscal no va acompañado de estímulos o amortiguadores, el daño puede ser mayor al proyectado.
Conclusión
El Paquete Económico 2026 introduce un cambio radical al convertir a marketplaces y plataformas digitales en agentes retenedores fiscales con tasas abruptas. Si bien apunta a legitimar fiscalmente parte del comercio digital y aumentar recaudación, su diseño actual sacrifica liquidez, competitividad e inversión en el comercio electrónico.
Retener impuestos en plataformas tiene sentido desde la justicia fiscal, pero tal como está planteado, la propuesta corre el riesgo de estrangular el florecimiento digital en México y provocar efectos negativos más allá del bolsillo fiscal.
Para que esta política tenga éxito real, el gobierno debe articularla con mecanismos de devolución ágiles, tramos progresivos, protección para pymes, garantías de privacidad y reglas claras de acceso a datos. El reto no es solo recaudar más, sino hacerlo sin ahogar lo único que, en el ecosistema mexicano, ha estado creciendo con dinamismo: el comercio digital.
Ignacio Santillán Luna
12 Octubre 2025
En octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a 60 directores ejecutivos del Foro Económico Mundial (WEF) en Palacio Nacional para presentar el llamado Plan México, con el propósito explícito de atraer capital extranjero, reforzar la confianza internacional y reposicionar al país como destino competitivo de inversión. (El País) El País
Este movimiento no es un simple acto ceremonial: se inserta en una estrategia de diplomacia económica que intenta hacer converger las agendas internas de crecimiento con expectativas externas de competitividad global. Mi tesis es que esta invitación representa un hito simbólico con potencial efecto catalizador, pero un éxito real dependerá de condiciones concretas: certidumbre regulatoria, ejecución transparente y congruencia entre discurso y acción.
1. ¿Qué ofrece el Plan México a los inversionistas globales?
1.1. Propuesta integral y ambiciosa
Sheinbaum presentó los ejes del Plan México como un paquete que va más allá de privilegios fiscales o incentivos tradicionales: incluye fortalecimiento del mercado interno, generación de empleo, soberanía energética, reducción de importaciones de países sin TLC y modernización tecnológica. (Infobae) infobae
En infraestructura, se prevén obras ferroviarias, carreteras, puertos y conectividad; en energía, proyecciones de 26 mil megavatios de capacidad eléctrica con participación privada y 1.8 millones de barriles diarios en Pemex, además de impulso al gas natural; también se incluye la digitalización del Estado, educación, vivienda y polos regionales de desarrollo. (El Financiero) El Financiero
Incluso se lanzó un proyecto conexo: “México, país de innovación”, con cuatro ejes (formación científica, banca de desarrollo para pymes, servicios de ingeniería y un laboratorio nacional de inteligencia artificial) que buscan articular inversión tecnológica con políticas de Estado. (El Financiero) El Financiero
1.2. Ventajas estratégicas frente al contexto global
México ofrece una posición geográfica privilegiada —acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, frontera con EE. UU.— que lo convierte en nodo natural de redes de manufactura, logística y comercio global. En la Reunión de Estrategia País del WEF se destacó ese potencial como argumento clave de atracción externa. (WEF) Foro Económico Mundial
Asimismo, el foro reconoció que México podría transformarse en una economía avanzada en 10 o 15 años si logra implementar las reformas pertinentes. En el encuentro, empresarios como Larry Fink (BlackRock) y Marc Benioff (Salesforce) participaron, y Salesforce anunció una inversión de mil millones de dólares en IA para México. (La Jornada) La Jornada
Este tipo de gestos diplomáticos y de invitación abierta envían señales positivas: que México no busca solo inversión cuantitativa, sino alianzas estratégicas para incorporar tecnología, innovación y valor agregado.
2. Retos estructurales que amenazan la materialización
2.1. La confianza regulatoria y el riesgo de incoherencia
Uno de los principales escollos para atraer inversión de alto nivel es la previsibilidad regulatoria. Los inversionistas globales no comprometen capital sin garantías claras. Si el Plan México se presenta como un compendio de ambiciones pero queda sujeto a cambios abruptos —por ejemplo en energía o normas arancelarias— la confianza puede quebrarse.
El Economista subraya que el Plan México pretende reducir importaciones de países sin TLC y reforzar la producción nacional, lo cual puede chocar con la lógica de cadenas globales integradas. (El Economista) El Economista
Además, en política energética, Sheinbaum mantiene reformas que fortalecen el papel del Estado: CFE y Pemex tienen posición central, lo que puede llevar a choques con empresas privadas si los términos regulatorios no son equilibrados. (Wikipedia) Wikipedia
2.2. Capacidad de ejecución y resistencia interna
Las ambiciones del plan son voluminosas: construir infraestructura, generar energía adicional, tecnificar el campo, expandir la educación, digitalizar trámites, etc. La capacidad administrativa del Estado para coordinar todo esto, evitar duplicidades, corrupción o retrasos, es una prueba de fuego.
Asimismo, ciertos sectores podrían resistir ajustes: si el plan busca sustituir importaciones de países sin TLC, algunas industrias podrían perder competitividad o enfrentar conflictos por materia prima, costos y acuerdos internacionales.
2.3. Riesgo geopolítico y presión externa
Sheinbaum promueve que México no sea usado como plataforma para triangulación de productos chinos hacia EE. UU. (Reuters) Reuters. Esta afirmación se inscribe en un juego geopolítico delicado: EE. UU. observa con recelo que México refuerce autonomía comercial. Al mismo tiempo, la renegociación del TMEC en 2026 añade presión política externa. (El País) El País
El compromiso de Sheinbaum con el TMEC también fue reafirmado en el foro: llamó a respetar el tratado pese al contexto de tensiones con EE. UU. (El País) El País
Si México apuesta fuerte por la inversión extranjera estratégica, deberá equilibrar exigencias del capital global con defensa de soberanía y evitar caer en concesiones desequilibradas.
3. Escenarios futuros y decisiones críticas
A partir del encuentro con empresarios del WEF y la invitación abierta, podemos bosquejar algunos posibles escenarios:
Para que el escenario “Catalizador exitoso” ocurra, se necesitan al menos tres condiciones:
Transparencia y rendición de cuentas: publicación clara de proyectos, plazos, montos, evaluación independiente.
Garantía regulatoria sólida: reglas claras, estabilidad legal, protección de inversiones, arbitraje confiable.
Estrategia de “ecosistema nacional”: articulación entre grandes proyectos, pymes locales, encadenamientos productivos, capacitación y tecnologías compartidas, para evitar que la inversión extranjera se convierta en enclave aislado.
Si Sheinbaum logra que el Plan México no quede en mero discurso de Davos o del WEF, sino que se traduzca en proyectos concretos en estados marginados, será un punto de inflexión para México. Pero si el contraste entre expectativas y hechos se agranda, la “invitación al mundo” puede volverse riesgo reputacional.
Conclusión
Claudia Sheinbaum, al invitar al Foro Económico Mundial a invertir en México y presentar su ambicioso Plan México, ha dado un paso diplomático y estratégico audaz. Con ello busca reanimar la relación entre Estado e inversión internacional, reorientar la narrativa económica del país y proyectar un liderazgo renovado ante el mundo.
La invitación no es sólo simbólica, sino un test para demostrar si México puede traducir expectativas globales en capacidades reales de inversión productiva. El éxito dependerá menos del discurso que del dinamismo real que genere —en confianza, ejecución y coherencia institucional.
La verdadera prueba de este capítulo no será cuánto prometan los empresarios del WEF, sino cuántos proyectos transformadores (infraestructura, innovación, industria) nazcan de ese encuentro. Si México convence al capital global con credibilidad y resultados, el Plan México podría marcar un cambio de época; si no, será otra apuesta más con promesa pero sin sustancia.
Ignacio Santillán Luna
05 Octubre 2025
El 1 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno, con un mensaje centrado en continuidad, justicia social, crecimiento cauteloso y la profundización de la Cuarta Transformación. En este primer año ha logrado consolidar una percepción política favorable, recuperar ciertos indicadores macroeconómicos y avanzar en reformas estructurales controversiales. Sin embargo, múltiples advertencias apuntan a que los resultados aún no sostienen un rumbo claro de crecimiento sostenido ni certifican la estabilidad institucional. Mi tesis es que, aunque Sheinbaum ha desplegado una estrategia inteligente de legitimidad política y retórica progresista, el verdadero desafío será transformar esas metas declaradas en dinamismo real de inversión, empleo y competitividad, sin sacrificar la confianza ni institucionalidad.
1. Fortalezas visibles y datos positivos: narrativas que fortalecen legitimidad
1.1. Cifras oficiales y su impacto simbólico
En su informe, Sheinbaum presentó una serie de indicadores optimistas: crecimiento estimado del 1.2 % del PIB, inversión extranjera directa récord de 36 mil millones de dólares en el primer semestre, inflación contenida (3.5 % en julio) y una tasa de desempleo reportada de 2.7 %, una de las más bajas del mundo. El Economista Además, destacó avances sociales: reducción de la pobreza multidimensional (de 41.9 % en 2018 a 29.6 %) y caída en el coeficiente de Gini, de 0.426 a 0.391, lo que según su discurso la coloca como la segunda mayor reducción de desigualdad en América. El Economista
Estas cifras son estratégicas para fortalecer legitimidad política, como lo reconoce el IMCO, que señala que el informe buscó transmitir confianza y estabilidad, aunque advirtió que quedan ausencias relevantes (como la regulación energética). IMCO
1.2. Reformas e inversiones públicas estructurales
Durante su discurso, Sheinbaum enfatizó el impulso a proyectos de infraestructura: más de 121,540 millones de pesos comprometidos en obras terminadas o en curso (hospitales, carreteras, trenes, agua y energía). El Economista También hizo énfasis en fortalecer CFE con expansión de capacidad eléctrica (~25 % proyectada) y lanzar tramos del Tren Interoceánico y proyectos ferroviarios que buscan reactivar ciudades intermedias. El Economista
Por otro lado, Fitch mejoró la calificación crediticia de Pemex de BB a BB+, atribuyendo parte del respaldo financiero gubernamental (recompras de deuda, alivio fiscal). El País Este movimiento es significativo: una petrolera históricamente problemática empieza a mostrar signos de recuperación institucional y financiera.
En el ámbito comercial, se observa cómo México mantiene aranceles muy bajos en promedio, lo que facilita comercio exterior pese a las turbulencias arancelarias globales. Sheinbaum resaltó que la nación ostenta uno de los niveles más bajos de tarifas promedio. El País
En cuanto a legitimidad política, su apoyo ciudadano es sólido: encuestas recientes la sitúan con aprobación superior al 70 %. El País Su discurso ha enfatizado autonomía frente a influencias externas, particularmente ante EEUU, lo cual resuena con parte del electorado que demandaba un liderazgo más nacionalista.
Estas fortalezas son reales y no menores. En un contexto global de incertidumbre, proyectar resultados positivos y mantener estabilidad macroeconómica da aire político para enfrentar reformas estructurales. Pero ello no exime que muchos de los anuncios dependan de ejecución: inversión pública no basta si no se convierte en productividad y crecimiento privado sostenido.
2. Debilidades estructurales: inversión, crecimiento y confianza privada
2.1. Caída de inversión fija y briquedad del crecimiento
Uno de los principales puntos críticos es la debilidad de la inversión fija: según Forbes, en el primer año la inversión física real cayó casi un 33.7 % anual. Forbes México Aunque algunos organismos han corregido al alza sus pronósticos, el sector privado y ciertos expertos atribuyen el retroceso a gestiones gubernamentales opacas, riesgos institucionales y rigideces regulatorias. Forbes México
En El País — La inversión, el gran pendiente para México se señala que aunque el crecimiento agregado es positivo, la inversión privada muestra retrocesos significativos, lo que sugiere que muchas promesas de crecimiento se están quedando en discursos más que en hechos tangibles. El País
El IMCO advierte que, aunque el informe transmitió confianza, dejó fuera la crisis de inversión y la carencia de reglas claras en sectores estratégicos como energía. IMCO
El Economista, en opinión crítica, indica que los datos de Hacienda sugieren que 2025 será de contención más que de impulso, y que el reto será convertir disciplina fiscal en palanca de desarrollo. El Economista
2.2. Riesgos institucionales, confiabilidad jurídica y gobernanza
La reforma judicial ha sido uno de los temas más polémicos: la elección de ministros por voto popular levantó críticas sobre captura partidista e independencia judicial. Bloomberg Línea destaca cómo Sheinbaum presentó la nueva era del Poder Judicial como un logro de legitimidad, pero al mismo tiempo se enfrentó a cuestionamientos severos por esa reforma durante su informe. Bloomberg Línea
Verificado, en su análisis del informe, detectó frases verdaderas, falsas, imprecisas y engañosas en el discurso oficial, lo que implica que más allá del relato se requieren verificaciones independientes rigurosas. Verificado
Forbes advierte que la gobernanza —sobre todo la relación con el sector privado, la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica— puede obstaculizar el crecimiento más que las políticas mismas. Forbes México El sector privado ha expresado incertidumbre ante medidas arancelarias, fiscales o regulaciones cambiantes, que elevan el riesgo para inversiones de mediano y largo plazo.
En materia de combate al crimen organizado y el huachicol fiscal, la administración reporta algunas reducciones: se reporta que la violencia homicida cayó un 25 % respecto al periodo anterior. El País Además, un 70 % de los mexicanos respalda las acciones contra el huachicol fiscal, lo cual fortalece legitimidad en ese tema. El País Sin embargo, el problema estructural del crimen y la inseguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana, y los avances oficiales no han modificado la percepción de inseguridad. El País
El estudio reciente de Prieto-Curiel et al. (2025) estima que el crimen organizado impone a México un costo anual superior a 19 mil millones de dólares, 2.5 veces más que lo destinado al gasto en ciencia y tecnología; eso muestra que aunque las políticas de seguridad-social son racionales, su escala actual todavía es insuficiente para revertir dinámicas de largo plazo. arXiv
3. Geoeconomía, comercio internacional y alineamientos estratégicos
3.1. Política arancelaria y relaciones comerciales
Uno de los movimientos más audaces del gobierno ha sido aumentar aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene TLC (como China) como medida de corrección comercial. Esta política, tal como fue presentada en el informe y comentada por Reuters, busca “ajustar desequilibrios” en condiciones de competencia exterior. Reuters
Sheinbaum enfatizó que México “rescató” su posición en el tablero comercial ante las nuevas políticas arancelarias de EE. UU., manteniendo tarifas muy bajas y promoviendo tratados comerciales. El País También anunció que México trabaja en acuerdos favorables de comercio con Estados Unidos y otros socios globales, así como inversión en industrias tecnológicas clave (chips, satélites, IA). Reuters
Este enfoque representa una visión geoeconómica más activa: no solo exportar y participar en cadenas globales, sino negociar condiciones, proteger ciertos sectores estratégicos y diversificar proveedores. Pero ese equilibrio es frágil: si la política arancelaria se percibe como proteccionista excesivo, puede generar fricciones diplomáticas o litigios comerciales.
3.2. Soberanía energética y rescate de empresas públicas
Uno de los énfasis políticos ha sido el rescate de Pemex y CFE como pilares de soberanía energética. En su informe, Sheinbaum dijo que se impulsará la producción petrolera (meta de 1.8 millones de barriles diarios), se atenderán vencimientos de deuda, se fomentarán instrumentos financieros de desarrollo y se renovará inversión pública para infraestructura energética. N++
Fitch reconoció ese respaldo con la mejora crediticia a Pemex (BB → BB+). El País No obstante, la dependencia de la empresa estatal a recortes or presupuestos y su elevada deuda estructural siguen siendo riscos que amenazan su capacidad para generar excedentes sólidos.
Este giro refuerza una narrativa nacionalista: que el Estado debe controlar recursos estratégicos, incluso si eso implica limitar parcialmente la apertura a inversión privada en ciertos sectores. Este diseño confronta el paradigma tradicional de apertura de mercado, y su éxito dependerá de equilibrio entre control estatal, eficiencia operativa y captación de inversión técnica.
Contrargumentos y refutación
“Las cifras optimistas del informe no reflejan la realidad: México crece poco, la inversión está estancada y la pobreza sigue siendo estructural.”
Esta crítica es válida. Méritos del informe existen más en el relato que en los resultados acumulados. Pero hay que reconocer que Sheinbaum ha heredado una economía con múltiples rezagos —bajo crecimiento acumulado, brechas regionales profundas, instituciones debilitadas—, y que avanzar en estabilidad, legitimidad social y bases institucionales en un año es una meta ambiciosa. El punto crítico es no confundir relato con cumplimiento.
“La reforma judicial y selección de ministros via voto popular pone en peligro la independencia del Poder Judicial y la confianza internacional.”
Efectivamente, esta reforma genera inquietudes legítimas. Para muchos, la independencia es la base del Estado de derecho. No obstante, Sheinbaum defiende que este cambio es parte de democratizar el Poder Judicial, hacerlo más cercano y legítimo, más que sujetarlo al partido gobernante. El balance entre legitimidad y autonomía será el asunto central en los próximos años.
Conclusión
Al cierre de su primer año, Claudia Sheinbaum ha logrado consolidar una posición política de fuerza, ganarse una base de legitimidad con programas sociales y cifras macroeconómicas favorables, y lanzar reformas ambiciosas en aduanas, comercio, energía y justicia. Sin embargo, los desafíos estructurales persisten: inversión fija débil, confianza privada tensa, déficit de reglas claras, inseguridad persistente y riesgos institucionales.
El primer año no determina un resultado definitivo, pero sí marca el tono: Sheinbaum ha jugado bien su carta de legitimidad y narrativa progresista, pero deberá traducir ese capital político en crecimiento inclusivo, certezas para inversionistas y fortalecimiento institucional real.
Para consolidar su sexenio, necesita:
Recuperar la inversión privada mediante reglas claras, simplificación regulatoria y seguridad jurídica.
Garantizar crecimiento per cápita relevante, no solo crecimiento absoluto, para elevar bienestar real.
Consolidar institucionalidad judicial que combine legitimidad democrática sin vulnerar independencia.
Resolver el dilema energético con eficiencia, inversión técnico-privada controlada y control estatal estratégico.
Apoyar políticas productivas regionales, especialmente al sur-sureste, para evitar que la prosperidad quede concentrada.
El primer año ha sido prometedor en relato; ahora empieza lo más decisivo: que el esfuerzo se convierta no en aspiración, sino en realidad que dure y trascienda.
Ignacio Santillán Luna
16 Septiembre 2025
El gobierno mexicano ha presentado recientemente al Congreso una ambiciosa iniciativa de reforma aduanera y arancelaria —parte del paquete económico de 2026— que busca modificar cientos de fracciones arancelarias, modernizar los controles aduaneros y fortalecer la industria nacional. Se trata de una política con múltiples aristas: económica, geopolítica, social. En este artículo analizo qué implicaciones tendría este cambio, sus riesgos y potenciales beneficios, contrastando diferentes perspectivas, con la convicción de que México debe moverse con cautela en esta delicada transición.
Mi tesis es que, aunque la reforma presenta oportunidades reales para corregir distorsiones comerciales y aumentar la recaudación, corre también el riesgo de generar efectos adversos sobre la inflación, la inversión, y las relaciones internacionales si no se diseña con precisión, transparencia y acompañada de medidas paralelas que fortalezcan la competitividad institucional y productiva.
Contexto, propósito y alcance de la iniciativa
La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) propone aumentar aranceles en alrededor de 1,371 a 1,463 fracciones arancelarias correspondientes a bienes importados de países con los que México no tiene tratados de libre comercio. Los Reporteros+3Holland & Knight+3whitecase.com+3 En muchos casos, esas tasas pasarían de rangos actuales de 10-20 % hasta 35-50 %, dependiendo del bien. Holland & Knight+1
Pero no solo se trata de aranceles: también se propone una reforma aduanera que refuerce los controles en agentes aduanales, servidores públicos, mecanismos de trazabilidad, uso de tecnología (IA, videovigilancia, monitoreo en tiempo real) y digitalización mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM). Los Reporteros+3El Independiente+3TLC Magazine México+3 Los objetivos declarados del gobierno incluyen cerrar espacios de evasión, subvaluación, contrabando; reducir la dependencia de importaciones, estimular la producción nacional; recaudar más sin tocar impuestos directos generales; alinear la política comercial con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Mexico Business News+4Holland & Knight+4El Financiero+4
Este tipo de reformas, particularmente la parte arancelaria, apuntan especialmente a países asiáticos como China, India, Corea del Sur, entre otros, con los que México no tiene tratados. El País+3Financial Times+3AP News+3
Potenciales beneficios y oportunidades
a) Protección de industrias nacionales y empleo
En muchos sectores productivos mexicanos —textil, calzado, siderurgia, muebles, plástico, automotriz—, las importaciones han ganado terreno a menudo debido a precios bajos (en ocasiones subsidiados o con costos laborales más bajos), pérdidas cambiarias, mayores costos logísticos, etc. Al imponer aranceles mayores a importaciones de países sin TLCs, se abre espacio para que la producción nacional crezca, se integren cadenas de suministro y se genere empleo más cercano, con valor agregado. Holland & Knight+3El Financiero+3Los Reporteros+3
b) Mejor recaudación fiscal y disciplina aduanera
Uno de los efectos más inmediatos estimados es un aumento en los ingresos del fisco: se proyectan 70 mil millones de pesos adicionales con la reforma arancelaria. Holland & Knight+1 Además, modernizar aduanas, cerrar vacíos legales en IMMEX (programas de importación temporal), regular mensajería, reforzar trazabilidad y sanciones, puede reducir la evasión/fraude aduanero, subvaluación o uso indebido de regímenes preferenciales. Dossier Político+3El Independiente+3infobae+3
c) Geopolítica del comercio y alineamientos estratégicos
En un mundo cada vez más marcado por tensiones comerciales —entre EE.UU. y China, por ejemplo— México está intentando reposicionarse para aprovechar su integración con Norteamérica mediante el TMEC, disminuir riesgos de triangular importaciones baratas desde Asia hacia EE.UU., y responder a presiones diplomáticas y comerciales. Financial Times+2AP News+2 Para algunos sectores en EE.UU. preocupados por cadenas de suministro, México se vuelve una pieza clave si logra cumplir estándares y reglas de origen. Financial Times+1
Riesgos, costos y desafíos
a) Inflación, afectaciones a consumidores y empresas sensibles
Subir aranceles generalmente implica mayores costos de importación que pueden trasladarse al consumidor final, especialmente en bienes intermedios o insumos clave que no tienen sustituto nacional inmediato. Esto puede elevar precios al consumidor, reducir márgenes de empresas que dependen de importaciones, y generar cuellos de botella productivos. whitecase.com+2Holland & Knight+2
b) Competitividad, inversión extranjera y clima para negocios
Las empresas que operan con integración internacional pueden enfrentar incertidumbre, mayor carga regulatoria, costos logísticos elevados, posibles represalias comerciales. Si no se acompaña la reforma con mejoras institucionales —infraestructura aduanera, digitalización, transparencia, capacidad regulatoria—, México podría perder ventaja frente a otros países que ofrecen cadenas más ágiles. Además, inversionistas extranjeros observan no sólo los aranceles sino la predictibilidad legal, cumplimiento de compromisos internacionales. whitecase.com+2Global Trade Magazine+2
c) Relaciones internacionales y posible respuesta de terceros
China ya ha expresado objeciones, acusando que los aumentos arancelarios son injustos o coercitivos. El País+2Financial Times+2 Hay riesgo de que se generen tensiones diplomáticas, barreras no arancelarias, o que países afectados busquen contramedidas legales en instancias como la OMC. También, hay un componente de percepción: si los aranceles se interpretan como reaccionarios o como imposición de barreras proteccionistas, podrían afectar la credibilidad de México como socio comercial fiable.
d) Desigualdad entre empresas grandes y pequeñas
Las PYMEs podrían tener menos capacidad para absorber los costos adicionales de cumplimiento, tecnología, cambios en sus cadenas de suministro. Mientras que las grandes empresas podrán adaptarse, las pequeñas podrían quedar rezagadas, lo que puede exacerbar concentraciones de mercado o aumentar costos locales. El Independiente+1
Perspectivas críticas desde medios y analistas
Medios tradicionales como The Economist han señalado que aunque México busca proteger a su industria, incrementar aranceles puede generar inflación y tensiones diplomáticas, especialmente si las medidas afectan productos de uso popular. whitecase.com+1
El País destaca la tensión con China y la acusación de que México estaría respondiendo a presiones de EE.UU. —sin embargo, el gobierno rechaza esa interpretación, sosteniendo que los aranceles son autónomos, obedecen a la estrategia “Plan México” y respaldados por obligaciones internacionales. El País+1
Analistas locales, en artículos de El Financiero y otros medios económicos, advierten que la rapidez y magnitud del cambio pueden generar distorsiones si no se hace una selección precisa de fracciones arancelarias y si no hay apoyo para las cadenas locales de producción. El Financiero+2Holland & Knight+2
En canales como Alfredo Jalife / RADAR GEOPOLÍTICO (aunque no siempre con documentación pública detallada al nivel técnico), se ha enfatizado el componente geopolítico: que México se está moviendo en el tablero global donde EE.UU. busca limitar la influencia china, forzando alineamientos comerciales más estrictos, y que México podría estar siendo “coaccionado” o al menos influenciado por esa presión. (Estas interpretaciones tienden a ver los aranceles como expresión de una batalla mayor por influencia entre potencias).
Es importante reconocer que análisis como los de Jalife tienen un sesgo más geopolítico, a menudo interpretan medidas económicas en clave de estrategia de poder, lo que puede sobre-destacar el componente internacional en detrimento de los factores internos (estructura productiva, institucionalidad, capacidad fiscal, logística, etc.).
Contrargumentos y refutación
Contrargumento: “Si no protegemos con aranceles, la industria nacional seguirá muriendo frente a importaciones baratas; es necesario un choque de protección para regenerarla.”
Refutación: Sí, la protección puede ser útil, pero no en abstracto ni de golpe irrestricto. El diseño importa: aplicar barreras sólo donde haya capacidad de sustitución, acompañarlas con apoyo tecnológico, inversión en infraestructura, capacitación, mejoras logísticas, financiamiento para PYMEs, para evitar que la protección derive en ineficiencia, precios altos, corrupción o falta de competencia.
Contrargumento: “Estos aranceles pueden generar represalias o afectar nuestras exportaciones, especialmente bajo tratados como el TMEC.”
Refutación: Es cierto que hay riesgos, pero la iniciativa declara que cumple con los compromisos de México en tratados comerciales y en la OMC, y se focaliza en países sin TLCs. Si México monitorea los impactos y negocia diplomáticamente, podría minimizar represalias. Además, reforzar la integración productiva bajo TMEC podría ser una contracara beneficiosa si se aprovecha bien.
Contrargumento: “Este tipo de reformas proteccionistas no funcionan en la globalización: solo acrecientan la inflación y debilitan la competitividad a largo plazo.”
Refutación: En contextos de excesiva apertura sin contrapartidas institucionales (infraestructura, educación, logística, innovación), las industrias locales pueden quedar rezagadas. La globalización requiere no sólo comerciar, sino hacerlo con cimientos internos fuertes. Si México combina los aranceles con fortalecimiento institucional y productivo, hay oportunidad de reequilibrio sin perder dinamismo comercial.
Conclusión
La iniciativa de reforma aduanera y arancelaria propuesta por el gobierno de México tiene méritos que no deben despreciarse: corrige desequilibrios, puede proteger industrias vulnerables, mejorar la recaudación fiscal y fortalecer el tejido productivo nacional. Al mismo tiempo, en un mundo marcado por tensiones comerciales crecientes, es una decisión estratégica con implicaciones geopolíticas.
Pero su éxito no está garantizado. Para que los riesgos —inflación, pérdida de dinamismo inversor, desigualdades entre sectores, fricciones diplomáticas— no se materialicen, es indispensable:
priorizar transparencia y diálogo, tanto con las industrias nacionales como con empresas extranjeras y países afectados;
focalizar los aranceles y seleccionar bien qué productos gravar, buscando que haya sustitutos nacionales viables;
articular políticas complementarias: capacitación, inversión en infraestructura aduanera, innovación, logística, digitalización;
establecer mecanismos de evaluación continua para ajustar las tasas arancelarias que generen efectos indeseados.
En definitiva, la reforma puede marcar un punto de inflexión si se maneja con cautela técnica, institucionalidad fortalecida y visión de largo plazo. Si México logra eso, podrá mejorar su autonomía productiva y relanzar su competitividad; si no, podría quedar atrapado entre proteccionismo mal calibrado y tensiones internacionales. El reto es grande, pero la oportunidad también lo es.
Ignacio Santillán Luna
12 Septiembre 2025
En septiembre de 2025, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció una reforma arancelaria con impacto masivo: la imposición de tarifas de entre 10 % y 50 % sobre aproximadamente 1,371 fracciones arancelarias de productos importados procedentes de países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio (TLC), incluyendo China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía. El Economista
El propósito declarado: proteger la industria nacional, corregir desequilibrios comerciales y promover la sustitución de importaciones dentro del “Plan México”. Reuters
Mi tesis es que aunque esta estrategia podría generar beneficios tácticos para algunos sectores nacionales, el arancelazo con alcance tan amplio acarrea riesgos importantes: presiones inflacionarias, posibles represalias diplomáticas/comerciales, distorsiones en cadenas globales, y un posible deterioro de la confianza inversora. Analizaré los beneficios potenciales, los riesgos, y escenarios futuros para que el lector reflexione sobre si este giro proteccionista convendrá a México a mediano plazo.
1. Beneficios esperados: protección industrial y corrección de déficit comercial
1.1. Estímulo a la producción nacional
El aumento de aranceles apunta directamente a industrias que históricamente han tenido dificultades para competir con importaciones muy baratas, especialmente de Asia. Sectores como automotriz, autopartes, textil, aluminio, plástico, vidrio, calzado, muebles, cosméticos, etc., serán afectados por tarifas que pueden subir hasta el 50 % en algunos casos. El País
Al incrementar los costos de importación, se busca que las empresas locales de esos sectores ganen margen para consolidarse, invertir en capacidad productiva y generar empleo. En palabras del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hay datos de “precios por debajo del precio de referencia” en ciertos productos importados, lo cual justificará tarifas más altas para niveles más “justos” de competencia. El País
1.2. Corrección del desequilibrio comercial con China
México importa muchísimo más de China que lo que exporta: el déficit comercial es del orden de 11 a 1, según cifras oficiales. El Financiero
Este desequilibrio tiene impactos no solo contables, sino en salarios, divisas y dependencia tecnológica. La medida arancelaria parece diseñada para reducir esa brecha, reduciendo importaciones de productos finales o intermedios muy baratos.
2. Riesgos económicos, comerciales e inflacionarios
2.1. Impacto sobre precios y consumidores
Aun cuando el gobierno ha afirmado que los aranceles no deberían provocar efectos inflacionarios mayores, analistas advierten lo contrario. Un aumento sustancial de los costos de importación para productos intermedios y bienes de consumo —autos, autopartes, electrónicos y textiles— puede trasladarse al precio al consumidor final.
Por ejemplo, el impacto proyectado para México es de unos 52 000 millones de dólares, equivalente al 8.6 % de las compras externas. Esa cantidad, si se ve reflejada parcialmente en precios internos, será significativa. Los Angeles Times
2.2. Riesgo de represalias y deterioro de la relación diplomática
China ha condenado la medida calificándola como injusta y coercitiva, argumentando que afectaría la confianza de los inversionistas. El País
Otros países afectados —Corea del Sur, India, etc.— también han manifestado interés en dialogar, lo que sugiere que pueden surgir tensiones diplomáticas o comerciales. Las represalias podrían adoptar forma de barreras no arancelarias, demandas ante la OMC o restricciones en inversiones.
2.3. Distorsiones en cadenas globales y riesgo para exportadores mexicanos
Muchas industrias mexicanas dependen de insumos importados de países asiáticos. Si los aranceles se aplican sobre autopartes, metales, plásticos, etc., los costos de producción subirán incluso para empresas que exportan. Esto puede afectar la competitividad internacional de productos mexicanos, sobre todo bajo T-MEC que exige ciertos estándares de contenido regional.
Además, empresas como BYD o Tesla, operando en autos eléctricos, podrían ver su base de clientes reducida o sus costos elevados, y los planes de expansión paralizados. Reuters
3. Consideraciones legales, geopolíticas y el alineamiento con Estados Unidos
3.1. Compatibilidad con normas internacionales (OMC) y tratados comerciales
El gobierno mexicano afirma que los aranceles propuestos respetarán el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio, y que no se violan los convenios del comercio internacional al aplicar tarifas a países sin tratados comerciales con México. Reuters
Sin embargo, aunque México puede legítimamente protegerse bajo esas normas, la implementación debe fijarse cuidadosamente: evaluación de daño a industria nacional, cláusulas de salvaguardia, ant dumping, reglas de origen, etc. Un arancel mal calibrado puede dar lugar a litigios o sanciones.
3.2. Influencia geopolítica y presión estadounidense
Algunos reportes señalan que esta política arancelaria obedece —al menos en parte— a una presión implícita o explícita de EE. UU., preocupado por la entrada de productos chinos al mercado norteamericano a través de México. Financial Times
Esta dinámica puede interpretarse como un reacomodo geoeconómico: México busca mantener buenas relaciones con su principal socio comercial (EE.UU.), al tiempo que reforzar su industria, lo que puede llevar a actuar como un amortiguador o filtro arancelario entre China y el mercado estadounidense.
4. Escenarios futuros: ¿hacia protección sustentable o hacia crecientes tensiones?
Pueden delinearse varios escenarios dependiendo de cómo se implemente y maneje esta política:
Contrargumentos y refutaciones
“Estos aranceles dañarán al consumidor mexicano común al elevar los precios de bienes importados.”
Es cierto que algunos bienes subirán de precio. No obstante, el gobierno argumenta que muchos productos importados compiten con producción nacional que sufre por distorsiones (dumping, subsidios, logísticas baratas). Si la protección se acompaña de inversión productiva nacional y mejoras en competitividad (tecnología, infraestructura), los beneficios podrían compensar esos costos en el mediano plazo.
“Las medidas proteccionistas comprometen tratados comerciales futuros o generan litigios en la OMC que México perdería.”
México afirma respetar los límites permitidos por la OMC y aplicar los aranceles principalmente en productos de países sin TLC con México, lo que legalmente lo habilita a ciertas medidas de salvaguardia. Además, mantener apertura en ciertos productos estratégicos puede ayudarlos a preservar el acceso comercial donde lo necesite.
Conclusión
El anuncio de aranceles del 10 al 50 % sobre más de 1,300 fracciones arancelarias importadas de países sin TLC con México representa un cambio de política comercial significativo. Se inserta dentro de un giro proteccionista orientado hacia la recuperación industrial, la corrección del déficit comercial con China, y la defensa de empresas nacionales vulnerables.
Si bien la medida puede generar beneficios tácticos: empleo, rescate de industrias afectadas, reducción de déficit, su éxito dependerá de su diseño técnico, su alineación con normas internacionales, su efecto sobre los consumidores, y su capacidad para evitar represalias.
México se enfrenta al desafío de equilibrar dos polos: la necesidad de proteger su industria nacional frente a importaciones baratas, y la exigencia de mantener apertura comercial, competitividad en cadenas globales, y relaciones diplomáticas sanas. Si falla esa calibración, la economía mexicana podría quedar en medio de una tormenta inflacionaria, de desaceleración exportadora o de conflictos comerciales que erosionen la confianza en el país como destino confiable.
La gran pregunta es si este proteccionismo será un instrumento de reequilibrio o el comienzo de una era de muros arancelarios que frenen crecimiento. En la decisión de México, mucho está en juego: su soberanía comercial, su inversión extranjera, y la capacidad de sus industrias para competir en un mundo cada vez más justo pero también cada vez más exigente.
Ignacio Santillán Luna
5 Septiembre 2025
El 1 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, presentando los resultados de sus primeros once meses y una visión hacia el futuro. Su mensaje subraya logros en macroeconomía, bienestar y seguridad, con implicaciones claras en la posición comercial y diplomática de México. Desde mi perspectiva como analista en Comercio Internacional, sostengo que mientras el informe muestra avances en inversión y redistribución, la orientación geoeconómica —especialmente los aranceles estratégicos y la renegociación del TMEC— reflejan un giro proteccionista con costos potenciales que merecen vigilancia.
1. Estabilidad macroeconómica e inversión: consolidación con rostro social
Crecimiento y estabilidad: Sheinbaum afirmó un crecimiento estimado del 1.2 % del PIB para 2024-2025 y rechazó las previsiones negativas del FMI —que anticipaban una contracción de -0.3 %—, basándose en el respaldo del “Plan México” del Ejecutivo Reuters Bloomberg Línea El Economista. Sin embargo, firmas como Citi México y Banxico proyectan un cierre del año con apenas 0.4 %, lo cual ilustra la brecha entre las cifras oficiales y ciertos pronósticos independientes Bloomberg Línea El Economista.
Inversión extranjera: El informe exhibió un récord de IED, con más de 36 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025 El Economista Bloomberg Línea. Esta cifra, cercana al 10 % arriba del mismo periodo del año anterior, constituye un baluarte para la credibilidad de la administración Bloomberg Línea.
Bienestar y salario: Se destacó un histórico incremento del 12 % al salario mínimo, sumando un alza acumulada real del 135 % desde 2018 El Economista N+. Se invierte el 2.3 % del PIB en programas sociales, llegando a 32 millones de familias beneficiarias El Economista Debate. Además, la reducción del índice de Gini de 0.426 a 0.391 remarca un progreso en igualdad El Economista.
Estos logros reflejan una política fiscal con rostro social. Pero la sustentabilidad dependerá del equilibrio fiscal, especialmente si la inversión pública continúa creciendo sin una consolidación sostenida del crecimiento privado o exportador.
2. Geoeconomía: aranceles estratégicos, TMEC y soberanía comercial
Aranceles estratégicos y aduanas: El paquete económico proyecta un aumento real de la recaudación fiscal del 5.7 % anual, junto con modernización aduanera y aranceles a países sin tratados, entre ellos China El País Reuters. Ello apunta a una visión proteccionista que busca fortalecer la industria interna.
Renegociación del TMEC: Se avizora una negociación tensa del TMEC (2026), debido a disputas sobre energía, propiedad intelectual y transparencia aduanera. Sheinbaum ha adoptado una postura de defensa de la “soberanía regulatoria”, aunque reconoce la necesidad de mantener el acuerdo con EE. UU. El País.
Cooperación bilateral en seguridad: El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, elogió la colaboración mexicana, especialmente en combate a cárteles, tráfico de drogas y seguridad fronteriza. Se creó un grupo de alto nivel para seguir coordinando estas políticas El PaísReuters.
Aunque el impulso industrial y la soberanía son pilares legítimos, el uso de aranceles y el riesgo de fricción bilateral pueden tener un efecto adverso en exportaciones e inversión extranjera. El balance entre protección y apertura será el eje de la política comercial futura.
3. Opinión pública y legitimidad política: respaldo social versus retos estructurales
Aprobación alta: La popularidad de Sheinbaum permanece sólida, con un 79 % de aprobación. Los programas sociales son percibidos como el principal éxito; no obstante, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación pública, pese a una reducción del 25 % en homicidios El País.
Reforma institucional: El informe celebró la profundización de la Cuarta Transformación, con 19 reformas constitucionales y 40 leyes nuevas, reforzando el estilo político del gobierno ADNPolítico.
El aval popular confiere legitimidad política y facilita la implementación de programas sociales. No obstante, el problema estructural de la inseguridad persiste, y la excesiva concentración simbólica podría limitar controles institucionales y transparencia.
Contrargumentos y refutaciones
“El aumento salarial acrecentará la inflación.”
La presidenta sostiene que el incremento salarial no es inflacionario, respaldada por una inflación controlada al 3.5 % en julio, además del crecimiento real del ingreso Debate. Aún así, habrá que monitorear cómo afecta costos a las pequeñas empresas.
“Los aranceles perjudicarán la competitividad global de México.”
En contraposición, Sheinbaum propone que los aranceles sean estratégicos y acompañados de modernización aduanera, con enfoque en reactivar manufactura local y diversificar destinos de exportación El País Reuters. Será relevante calibrar si esta protección se traduce en inversión real y empleo, o si erosiona acceso a mercados.
Conclusión
El Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum presenta una política económica orientada al crecimiento social dentro de un contexto global adverso. El aumento en IED, la estabilidad macroeconómica (PIB, inflación, desempleo) y los multiplicadores sociales (salario, bienestar, desigualdad) son logros a resaltar. Sin embargo, su estrategia geoeconómica —que incorpora protección, renegociación del TMEC y firmeza diplomática— coloca a México en una encrucijada de mantener ingresos externos sin sacrificar su apertura comercial y confianza internacional.
Asimismo, Sheinbaum apuesta por un modelo de desarrollo que prioriza justicia social y soberanía, pero sus consecuencias en los flujos comerciales y financieros internacionales demandan una conducción cuidadosa.
Por lo tanto, si México consigue equilibrar industrialización estratégica, diversificación de mercados y credibilidad regulatoria, podrá consolidar un nuevo patrón de crecimiento. De lo contrario, corre el riesgo de caer en aislamiento económico y logística contractual complicada. El gobierno debe, pues, articular coherencia entre bienestar social y confianza internacional.
Ignacio Santillán Luna
1 Septiembre 2025
Con la conclusión de la presidencia de Norma Piña y la entrada de una nueva generación de ministros electos por voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraviesa un momento transicional sin precedentes. Este relevo marca un cambio de paradigma institucional impulsado por el partido gobernante. Mi tesis sostiene que, aunque esta transformación busca ampliar la legitimidad democrática del Poder Judicial, sus implicaciones sobre el Estado de derecho, la inversión y la posición internacional de México demandan análisis crítico y cautela estratégica.
1. Democracia participativa versus independencia judicial
La reforma que permite la elección de jueces —incluidos ministros de la SCJN— por voto popular ha sido promovida como una apertura democrática radical. Según El País, México se ha convertido en el primer país en elegir por sufragio a todos los integrantes del Poder Judicial, una reforma surgida tras tensiones profundas entre el Ejecutivo y la Corte El País.
No obstante, voces críticas como Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, destacan que este sistema compromete gravemente la independencia judicial, al someter a los jueces a dinámicas políticas o incluso criminales, y advierten sobre costos logísticos y alta abstención Cinco Días.
Si bien la democratización puede reforzar legitimidad, el poder judicial debe mantenerse autónomo. La elección popular podría convertir a los juzgadores en piezas de campañas partidistas, vulnerables a presiones externas. Esto no solo erosiona su imparcialidad, sino que también frena la confianza pública en una justicia independiente.
2. Inversiones y clima económico en la encrucijada
La reforma ha generado incertidumbre en los mercados, especialmente en la zona fronteriza con Estados Unidos. Un artículo reciente de El País advierte que la combinación de la reforma judicial y amenazas arancelarias provocó paralización de inversiones y la pérdida de 65,000 empleos en ciudades como Juárez; empresas como GM han trasladado producción a EE. UU. El País.
Más aún, medios como Swissinfo señalan que la politización de la judicatura pone en riesgo el marco legal del comercio exterior, particularmente bajo el T-MEC, donde se requiere justicia expedita y confiable SWI swissinfo.ch.
El Estado de derecho cohesionado es esencial para atraer inversión extranjera directa (IED) y preservar cadenas globales. La percepción de inestabilidad institucional reduce el atractivo de México como socio comercial, amenaza el tipo de cambio y desinfla planes de expansión industrial. En un entorno económico global ya inestable, este golpe institucional podría costar caro.
3. Centralización, legitimidad y riesgos de captura partidista
El final de la era de Norma Piña y el reconocimiento de Claudia Sheinbaum de una “nueva era” judicial con magistrados electos bajo influencia de Morena ilustran la creciente concentración del poder judicial por parte del partido oficialista El País.
En contraparte, la reforma ha sido criticada por fragilizar los contrapesos institucionales, al permitir que leales al partido gobernante controlen decisiones clave —una preocupación compartida tanto por actores nacionales como internacionales El PaísCinco Días.
El control excesivo sobre el Poder Judicial socava el equilibrio de poderes y puede llevar a la arbitrariedad. Sin un contrapeso vigoroso, se debilita el freno institucional sobre decisiones políticas, lo cual puede desincentivar la inversión, profundizar la polarización y erosionar la confianza democrática.
Contrargumentos y refutaciones
“La reforma democratiza la justicia y la hace más cercana a la ciudadanía.” Aunque es poderosa la narrativa de acercar la justicia al pueblo, esta no debe sacrificar la imparcialidad. Una elección política puede privilegiar la popularidad sobre la idoneidad. Sin estructuras que garanticen objetividad, riesgo de captación política aumenta.
“La reforma refuerza la soberanía nacional y es un avance democrático frente a poderes fácticos.”
La legitimidad democrática no es incompatible con la independencia institucional. En democracias funcionales, los jueces no se someten a referéndum popular, y sí existen mecanismos que equilibran legitimidad y imparcialidad, como nombramientos colegiados.
Conclusión
La transformación de la Suprema Corte mexicana responde a un impulso democrático, pero pone en tensión principios fundamentales del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
La reforma judicial presenta un riesgo grave para la independencia del Poder Judicial, la estabilidad económica y la reputación internacional de México. Si bien promueve legitimidad política, sin salvaguardas institucionales pone en peligro la justicia misma.
Es urgente implementar contrapesos efectivos, como mecanismos de evaluación independiente, transparencia en campañas judiciales y agrandar las vías de recursos institucionales. Solo así puede México equilibrar democracia judicial con la imparcialidad que el mundo exige para confiar e invertir en su sistema de justicia.