La acusación penal contra un mandatario, el uso de la fuerza en territorio extranjero y el control de los ingresos petroleros son asuntos jurídicamente distintos. La operación estadounidense de enero de 2026 expone las contradicciones entre la legalidad nacional, el derecho internacional y los intereses estratégicos de una potencia.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas y los trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. La administración de Donald Trump presentó la operación como una acción vinculada con la aplicación de la ley y la persecución de presuntos delitos relacionados con narcóticos y armas. Sin embargo, el alcance de la intervención trascendió el ámbito judicial: Trump declaró que Washington dirigiría Venezuela durante una transición y manifestó abiertamente su intención de recuperar el control del petróleo venezolano.
La controversia exige una pregunta incómoda: ¿puede una potencia utilizar sus propias leyes para justificar una intervención militar en otro Estado y, posteriormente, administrar sus ingresos estratégicos?
La respuesta requiere distinguir entre cuatro planos: la jurisdicción penal de los tribunales estadounidenses, las facultades constitucionales del presidente de Estados Unidos, las restricciones internacionales al uso de la fuerza y los derechos soberanos de Venezuela sobre sus recursos naturales.
La tesis de este artículo es que la existencia de acusaciones penales contra Maduro no constituye, por sí sola, una autorización jurídica para intervenir militarmente en Venezuela ni para apropiarse de su petróleo. La documentación pública permite identificar instrumentos jurídicos invocados por Washington, pero también importantes controversias sobre su alcance. Particularmente relevante es la orden ejecutiva estadounidense del 9 de enero de 2026 sobre los ingresos petroleros venezolanos, que formalizó mecanismos de control sobre determinados fondos depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.
El problema no consiste únicamente en determinar si Maduro debe responder ante la justicia por los delitos que se le imputan. También consiste en establecer si el procedimiento utilizado para llevarlo ante un tribunal y las medidas económicas adoptadas después respetan las reglas que limitan el poder de los Estados.
El primer instrumento del que se valió Washington fue el expediente penal contra Maduro. Estados Unidos había presentado cargos federales contra el mandatario venezolano en marzo de 2020, relacionados con presuntos delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y armas. Después de su captura, se hicieron públicas nuevas actuaciones judiciales en el Distrito Sur de Nueva York.
Según el análisis del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, publicado en su informe The United States’ Prosecution of Nicolás Maduro Moros: United States v. Maduro, actualizado el 21 de septiembre de 2026, el proceso comprende cargos formulados en una acusación sustitutiva de enero de ese año y plantea cuestiones relativas a los precedentes judiciales aplicables, incluida la captura del dirigente panameño Manuel Noriega en 1989. Consultar el informe del Congreso estadounidense.
Desde la perspectiva de Washington, el objetivo es presentar a Maduro como un acusado que debe comparecer ante la justicia estadounidense, no como un jefe de Estado protegido de cualquier investigación penal. El argumento tiene una base jurídica reconocible: los tribunales pueden ejercer jurisdicción penal sobre determinadas conductas con conexiones suficientes con Estados Unidos, dependiendo de la legislación aplicable.
Pero aquí aparece una distinción fundamental. Tener jurisdicción para juzgar a una persona no equivale a tener autorización para emplear fuerza militar en el territorio de otro país con el fin de detenerla.
La profesora Jessica Peake, directora del Programa de Derecho Internacional y Comparado de la Facultad de Derecho de UCLA, sostuvo el 3 de enero de 2026 que los cargos penales no justificaban por sí mismos la intervención militar y que la operación planteaba una violación de la soberanía territorial venezolana. Análisis jurídico de UCLA.
Por su parte, BBC News Mundo informó que la captura abrió un debate sobre la ausencia de un fundamento internacional claro para la intervención. BBC News Mundo: ¿fue legal la operación?.
El precedente de Noriega tampoco resuelve automáticamente el problema. Que Estados Unidos haya realizado una operación similar en el pasado no significa que toda captura extraterritorial sea legal. Los hechos, las circunstancias, las inmunidades aplicables y las normas internacionales deben analizarse individualmente.
En consecuencia, la acusación penal explica por qué Washington quería procesar a Maduro, pero no demuestra, por sí sola, que la vía militar elegida fuera lícita.
El segundo componente del marco jurídico se encuentra en el derecho interno de Estados Unidos. La administración Trump defendió la operación mediante una interpretación amplia de las facultades presidenciales para conducir la política exterior y utilizar las fuerzas armadas en apoyo de operaciones de aplicación de la ley.
Una pieza importante de esa estrategia fue el memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, fechado el 23 de diciembre de 2025 y divulgado posteriormente. Según Associated Press, el documento consideró que la operación no constituía una guerra en el sentido constitucional relevante y que el presidente podía autorizarla para promover intereses nacionales, dadas las circunstancias previstas por la administración.
Associated Press: el memorando jurídico sobre la operación.
El razonamiento se apoya en la interpretación de las atribuciones del presidente como jefe del Ejecutivo y comandante en jefe. Bajo esa lectura, una operación limitada para detener a un acusado, incluso con apoyo militar, no necesariamente requeriría la misma autorización que una guerra prolongada.
Sin embargo, existe una controversia constitucional. El artículo I de la Constitución estadounidense otorga al Congreso facultades centrales en materia de declaración de guerra, mientras que el artículo II establece las atribuciones del presidente como comandante en jefe. La distribución exacta de competencias en operaciones militares limitadas ha sido objeto de disputas históricas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La ausencia de una autorización congresional previa no resuelve por sí sola todas las cuestiones constitucionales, pero aumenta la importancia de examinar la justificación ofrecida por el Ejecutivo, la duración prevista de la operación y sus consecuencias militares.
Más importante aún, el memorando no debe confundirse con una resolución judicial definitiva. Es una opinión jurídica elaborada dentro del propio Gobierno estadounidense para justificar la actuación del Ejecutivo; no es una sentencia internacional que obligue a Venezuela ni una autorización emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El análisis publicado por The Guardian el 14 de enero de 2026 señaló que el Departamento de Justicia evitó alcanzar una conclusión definitiva sobre la compatibilidad de la operación con el derecho internacional. El documento consideró innecesario resolver esa cuestión para evaluar las facultades presidenciales bajo el derecho estadounidense.
The Guardian: el memorando y las dudas sobre el derecho internacional.
Esta omisión resulta reveladora. Un Gobierno puede construir una interpretación interna para defender sus decisiones, pero esa interpretación no elimina las obligaciones internacionales que haya asumido el Estado. La legalidad de una operación militar no depende exclusivamente de que los abogados del Ejecutivo consideren que el presidente tenía facultades para ordenarla.
El tercer plano, y posiblemente el más importante, es el derecho internacional público.
El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas establece que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta regla constituye uno de los pilares del orden internacional posterior a 1945.
La Carta reconoce excepciones relevantes, principalmente la legítima defensa ante un ataque armado, conforme al artículo 51, y el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad en el marco de sus competencias. Ninguna de estas excepciones puede presumirse automáticamente por la existencia de una acusación penal.
Reuters publicó el 3 de enero de 2026 un análisis jurídico sobre la captura de Maduro. En él señaló que la operación planteaba serias dudas de legalidad porque no contaba con autorización del Consejo de Seguridad y no parecía responder a un ataque armado venezolano que justificara la legítima defensa estadounidense.
Reuters: análisis sobre la legalidad de la captura.
En la misma línea, el programa de Derecho Internacional de Chatham House calificó la operación como una violación de la soberanía venezolana y de la Carta de Naciones Unidas. Su análisis del 4 de enero destacó que la persecución de presuntos delitos y las declaraciones sobre la administración de Venezuela no constituían, por sí mismas, una justificación jurídica suficiente para el uso de la fuerza.
Chatham House: la captura y sus implicaciones internacionales.
Esto no significa que Maduro deba quedar exento de responsabilidad penal ni que las denuncias contra su Gobierno carezcan de importancia. Significa que la responsabilidad individual y la responsabilidad internacional del Estado que interviene son cuestiones diferentes.
La distinción es esencial para evitar que la política internacional se convierta en un sistema en el que las potencias decidan unilateralmente cuándo pueden aplicar sus leyes en otros territorios.
Si la acusación de narcotráfico bastara para justificar una incursión militar, numerosos países podrían reclamar una facultad equivalente para detener a dirigentes, funcionarios o empresarios extranjeros acusados de delitos en sus propias jurisdicciones. El resultado sería una peligrosa erosión de la soberanía y de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Además, la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio plantea cuestiones específicas de derecho internacional. Su alcance y sus posibles excepciones deben analizarse con rigor, sin confundir la inmunidad frente a determinadas jurisdicciones extranjeras con una declaración de inocencia.
La conclusión jurídica provisional es contundente: la acusación penal puede fundamentar un proceso judicial, pero no sustituye los requisitos que regulan el uso internacional de la fuerza.
Si la acusación penal explica el componente judicial de la operación, la orden ejecutiva 14373, firmada por Donald Trump el 9 de enero de 2026, permite comprender mejor su dimensión económica.
El documento, titulado Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People, invoca la Constitución estadounidense, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Emergencias Nacionales y otras disposiciones del derecho federal.
La orden declara una emergencia nacional y establece restricciones sobre los fondos del Gobierno venezolano depositados en determinadas cuentas del Tesoro estadounidense, incluidos ingresos derivados de la venta de recursos naturales y de diluyentes destinados a Venezuela. También impide que esos recursos sean objeto de determinados embargos, ejecuciones judiciales y otros procedimientos, salvo las excepciones autorizadas por el propio Gobierno estadounidense.
El texto contiene una precisión importante: afirma que los fondos pertenecen al Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en calidad de custodio, no como propietario. Además, dispone que su administración y disposición quedarán sujetas a decisiones de las autoridades estadounidenses competentes.
Consultar el texto íntegro de la orden ejecutiva 14373 en la Casa Blanca.
Este detalle obliga a ser rigurosos. La orden no declara que todo el petróleo venezolano pase a ser propiedad de Estados Unidos. Su alcance directo se concentra en determinados ingresos y fondos bajo control estadounidense. Sin embargo, sí establece un mecanismo mediante el cual Washington condiciona la disponibilidad de recursos soberanos venezolanos a sus decisiones de política exterior.
La administración justifica la medida por motivos de seguridad nacional, estabilidad económica, combate al narcotráfico y prevención de la influencia de actores que considera adversarios, entre ellos Irán y Hezbolá. También sostiene que los fondos deben preservarse para fines públicos, gubernamentales y diplomáticos.
La pregunta crítica es quién determina esos fines y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.
Aunque Washington presenta la medida como una forma de proteger los recursos venezolanos, el Gobierno estadounidense adquiere una posición decisiva en la administración de determinados ingresos que no son de su propiedad. La diferencia entre custodia y apropiación es jurídicamente relevante, pero no elimina el problema de la soberanía económica.
Desde el punto de vista financiero, controlar los ingresos petroleros significa influir en la capacidad de un Estado para pagar importaciones, financiar servicios públicos, estabilizar su moneda y reconstruir infraestructura. Por eso, el control de los flujos de efectivo puede ser tan estratégico como el control físico de un yacimiento.
La orden ejecutiva no demuestra por sí sola una apropiación legal de todos los recursos venezolanos. Sí documenta una intervención directa en la administración de determinados ingresos soberanos, cuya legitimidad, alcance y efectos deben evaluarse a la luz del derecho aplicable y de las condiciones políticas en las que se adoptó.
Venezuela ocupa una posición estratégica en el mercado energético internacional debido a la magnitud de sus reservas petroleras. Pero poseer grandes reservas no equivale a disponer de una producción elevada ni a generar ingresos suficientes para financiar el desarrollo nacional.
La infraestructura deteriorada, la falta de inversión, los problemas operativos y las sanciones acumuladas han limitado la capacidad productiva del sector. Por ello, la reconstrucción de la industria requeriría capital, tecnología, equipos especializados y estabilidad regulatoria.
El 3 de enero, Trump declaró públicamente que las grandes empresas petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para reparar la infraestructura venezolana y que Estados Unidos recuperaría petróleo que, según sus palabras, debió haber recuperado anteriormente.
Reuters documentó estas declaraciones y el efecto inmediato sobre los mercados financieros: las acciones de algunas compañías petroleras y refinadoras estadounidenses subieron ante la expectativa de nuevas oportunidades comerciales.
Reuters: las petroleras estadounidenses y las reservas venezolanas.
Este episodio evidencia que la operación tuvo implicaciones económicas desde sus primeras horas. No demuestra, por sí mismo, que el objetivo exclusivo de la intervención fuera apropiarse del petróleo; sí muestra que el acceso a los recursos energéticos ocupó un lugar explícito en el discurso de la administración.
Aquí es necesario distinguir tres intereses.
El primero es energético. Un mayor acceso al crudo venezolano puede beneficiar a determinadas refinerías estadounidenses, especialmente aquellas adaptadas para procesar petróleo pesado. También puede modificar los flujos comerciales y reducir la dependencia de proveedores situados en regiones geopolíticamente sensibles.
El segundo es financiero. Las compañías que obtengan contratos de extracción, servicios, transporte o modernización podrían beneficiarse de nuevas oportunidades de negocio. También existen reclamaciones históricas de empresas extranjeras por expropiaciones y disputas de inversión. Sin embargo, una reclamación pendiente o un laudo arbitral no concede automáticamente a una empresa el derecho a apropiarse de los recursos naturales de un Estado.
El tercero es geopolítico. El control de las exportaciones y de los ingresos energéticos puede reducir la capacidad de Venezuela para mantener relaciones económicas autónomas con China, Rusia, Irán y otros socios. Por tanto, el petróleo no es únicamente una mercancía: es una herramienta de influencia internacional.
En este contexto, la soberanía económica debe entenderse como la capacidad efectiva de decidir cómo se explotan los recursos nacionales, cómo se distribuyen sus ingresos y con qué socios comerciales se establecen relaciones.
Si las decisiones sobre esos elementos dependen crecientemente de una potencia extranjera, la autonomía formal del Estado puede coexistir con una dependencia material profunda.
Eso no significa que toda inversión estadounidense sea perjudicial para Venezuela. Una inversión productiva, transparente y debidamente regulada puede aumentar la producción, generar empleo, mejorar la infraestructura y ampliar los ingresos fiscales. El problema aparece cuando el acceso a esas oportunidades depende de una intervención coercitiva y cuando los beneficios, los riesgos y la distribución de los ingresos no se deciden mediante instituciones legítimas y mecanismos verificables.
La cobertura mediática permite observar cómo los intereses geopolíticos influyen en la interpretación de los acontecimientos. No obstante, es importante distinguir entre información comprobable, declaraciones oficiales y valoraciones editoriales.
Reuters ha documentado tanto las justificaciones estadounidenses como las objeciones jurídicas y las reacciones de los mercados. Su cobertura ayuda a reconstruir los hechos y separar las declaraciones políticas de las consecuencias económicas observables.
BBC News Mundo, por su parte, ha centrado parte de su análisis en la legalidad de la operación y en las dudas planteadas por especialistas. El énfasis permite comprender por qué una captura respaldada por una acusación penal no queda automáticamente legitimada bajo el derecho internacional.
Desde una perspectiva más crítica de la política exterior estadounidense, Chatham House destaca la incompatibilidad que puede existir entre las declaraciones de defensa de la legalidad internacional y una operación militar que no encuentra una justificación clara en las excepciones de la Carta de Naciones Unidas.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó el 3 de enero de 2026 los ataques estadounidenses y calificó la intervención como una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional. La declaración refleja tanto una posición jurídica como la oposición estratégica de Pekín a las intervenciones estadounidenses que afectan a socios de China.
Declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Esta diferencia de perspectivas debe leerse con cuidado. Los medios occidentales no constituyen un bloque uniforme, del mismo modo que las posiciones de RT o CGTN no deben asumirse como neutrales por el simple hecho de cuestionar a Washington.
En particular, las críticas difundidas por medios estatales rusos y chinos suelen situar estos acontecimientos dentro de una disputa más amplia contra la hegemonía estadounidense. Ese enfoque puede ayudar a visibilizar las asimetrías de poder, pero también puede restar atención a las responsabilidades internas del Gobierno venezolano o a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
A la inversa, una cobertura centrada exclusivamente en los cargos contra Maduro corre el riesgo de relegar las obligaciones internacionales de Estados Unidos a un segundo plano.
Para los canales de YouTube y los comentaristas geopolíticos, el criterio debe ser el mismo: distinguir entre hechos, inferencias y predicciones. Sin identificar y verificar videos y transcripciones concretos, no sería riguroso atribuir afirmaciones específicas a analistas particulares.
La conclusión editorial es que ninguna narrativa debería sustituir el examen de los documentos jurídicos, las declaraciones oficiales y los datos económicos. La soberanía no debe utilizarse para encubrir abusos gubernamentales, pero la lucha contra esos abusos tampoco debe convertirse en una autorización ilimitada para que una potencia actúe unilateralmente.
Quienes defienden la operación estadounidense pueden presentar tres argumentos importantes: Maduro enfrentaba graves acusaciones penales; Venezuela necesitaba inversiones para recuperar su industria petrolera; y una transición política podría abrir oportunidades para mejorar las instituciones y la economía.
No sería razonable descartar esas posibilidades de antemano. La persecución de delitos graves, la recuperación económica y la democratización son objetivos legítimos cuando se persiguen por medios compatibles con el derecho.
Sin embargo, esos objetivos no justifican automáticamente cualquier instrumento utilizado para alcanzarlos.
Primero, la responsabilidad penal debe determinarse mediante un proceso judicial con garantías, no utilizarse como sustituto de las normas que regulan el uso de la fuerza entre Estados.
Segundo, la reconstrucción económica requiere inversión, seguridad jurídica y contratos transparentes. Si las empresas consideran que los derechos de propiedad dependen de la voluntad política de una potencia, la incertidumbre puede desalentar inversiones de largo plazo, incluso cuando existen oportunidades comerciales atractivas.
Tercero, una transición política sostenible necesita legitimidad interna. La sustitución de una autoridad por decisión externa no garantiza por sí misma instituciones más sólidas ni una distribución equitativa de la riqueza.
El mejor argumento a favor de la recuperación petrolera sería demostrar que aumenta de forma sostenible el bienestar de la población venezolana, con cuentas públicas transparentes, respeto a los derechos laborales, protección ambiental y mecanismos independientes de supervisión. Sin esas condiciones, el aumento de la producción podría beneficiar a determinados actores sin traducirse en un desarrollo nacional equilibrado.
El caso venezolano revela una contradicción fundamental del orden internacional: los Estados poderosos pueden disponer de mayores capacidades militares, financieras y diplomáticas para imponer sus decisiones, pero esa capacidad no equivale a un derecho ilimitado para hacerlo.
La acusación penal contra Nicolás Maduro constituye una cuestión judicial distinta de la legalidad de su captura. La interpretación constitucional defendida por la administración Trump tampoco resuelve por sí sola la compatibilidad de la operación con la Carta de Naciones Unidas. Finalmente, la orden ejecutiva 14373 demuestra que Washington estableció mecanismos de control sobre determinados ingresos petroleros venezolanos, aunque el documento no declare la propiedad estadounidense sobre la totalidad de los recursos naturales del país.
La cuestión de fondo es si la seguridad nacional puede convertirse en una justificación suficientemente amplia para desplazar las reglas internacionales cuando estas resultan inconvenientes para una potencia.
Si se acepta ese principio, cualquier Estado con capacidad militar podría intentar convertir sus acusaciones penales, sus sanciones económicas o sus reclamaciones comerciales en instrumentos de intervención extraterritorial. El precedente sería peligroso no solo para Venezuela, sino también para países medianos y pequeños que dependen del derecho internacional para proteger su integridad territorial.
La salida no consiste en exonerar a Maduro de las acusaciones que enfrenta ni en negar la necesidad de reconstruir la economía venezolana. Consiste en exigir procedimientos judiciales legítimos, cooperación internacional, respeto a la soberanía y reglas transparentes para administrar los recursos públicos.
El verdadero desafío no es determinar qué potencia puede imponer su voluntad, sino establecer si todavía existe un sistema internacional en el que el poder de una nación esté limitado por normas que también se apliquen a ella.
Porque si la legalidad depende exclusivamente de quién tiene la fuerza para imponerla, deja de ser un límite al poder y se convierte en uno de sus instrumentos.
1.- Desde la perspectiva del Derecho Convencional (Tratados), ¿qué disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas invalidadas o violadas argumentaría la defensa de Venezuela en este caso?
2.- Analice cómo opera la Costumbre Internacional respecto a la "Inmunidad de Jurisdicción de los Jefes de Estado" (Inmunidad Ratione Personae). ¿Prevalece sobre el derecho interno de un país acusador?
3.- ¿Cómo influye la doctrina de las normas imperativas (Jus Cogens) y los Principios Generales del Derecho al argumentar la persecución de delitos internacionales (como el narcotráfico o ejecuciones extrajudiciales)?
4.- Si la comunidad internacional y varios organismos (como la OEA o resoluciones no vinculantes) desconocieron la legitimidad de las elecciones del mandatario, ¿afecta esto la existencia de la inmunidad consuetudinaria? ¿Qué papel juegan las Resoluciones de Organismos Internacionales como fuente?
5.- En el marco del Comercio e Inteligencia Internacional, ¿qué efectos colaterales genera una detención extraterritorial arbitraria en los Principios Generales del Derecho como la Seguridad Jurídica y la Pacta Sunt Servanda?